A menos de dos meses del cambio de Gobierno en Bolivia, surgieron pedidos para activar una alerta migratoria temporal contra el presidente Luis Arce y sus ministros con el objetivo de que respondan ante la Justicia por presuntos casos de corrupción.
El diputado oficialista Rolando Cuéllar, antiguo aliado y defensor del arcismo, presentó este martes ante la Fiscalía General del Estado una solicitud para que se aplique la Ley de Arraigo contra el presidente una vez que termine su mandato en noviembre.
“Ya no puede salir del país ni sus ministros. En ese sentido le pedimos al fiscal general (que) dé el cumplimiento para que este gobierno permanezca en el país y rinda cuentas por el acto de corrupción”, declaró Cuéllar a los periodistas en la ciudad de Sucre.
El legislador también informó que este miércoles presentará una proposición acusatoria contra el mandatario por el caso de presunto sobreprecio en la compra de combustibles, a través de una empresa intermediaria. Con la acusación se podría abrir un juicio de responsabilidades contra Arce.
En esa misma línea se expresó el presidente del Comité Cívico de Santa Cruz, una influyente organización regional que representa intereses económicos y sociales, Stello Cochamanidis. En una rueda de prensa, manifestó que “debe haber alerta migratoria para todos los que son parte de este Gobierno” y que ésta se debe ampliar al “círculo inmediato y familiar” de las autoridades porque “muchos negociados se convirtieron en clanes familiares”, sin precisar a cuáles se refiere.
Ambos actores políticos consideran que esta medida evitará la impunidad en presuntos casos de corrupción y obligará a las autoridades a rendir cuentas. El pedido se fundamenta en una ley que establece que el Presidente, los ministros y otras altas autoridades deben permanecer en territorio nacional por tres meses luego de dejar el cargo.
Esta norma, que fue promulgada por la senadora Eva Copa en 2020 durante el gobierno interino de Jeanine Añez, genera controversia porque algunas personas la consideran inconstitucional y que atenta contra los derechos civiles de las ex autoridades.
El abogado constitucionalista José Luis Santistevan señala que el arraigo o la alerta migratoria deben ejecutarse en el marco de una investigación como medida precautoria. De lo contrario, se violan derechos civiles como la libre circulación y la presunción de inocencia.
“Esta ley es inconstitucional y violenta las garantías jurisdiccionales de una persona, independientemente del color político y la gravedad del hecho”, explicó a Infobae.
Sin embargo, el experto apunta que si hay indicios de corrupción la Fiscalía General del Estado tendría que iniciar una investigación de oficio y un juez cautelar dictar las medidas que correspondan cumpliendo el debido proceso. “Hacerlo de forma arbitraria es persistir en la misma práctica abusiva y corrupta con la que ha manejado la Justicia el Movimiento Al Socialismo (MAS), que primero encierra y después investiga”, señaló.
El mandatario es actualmente investigado por abandono a una mujer embarazada y enfrenta acusaciones relacionadas con sus hijos, denunciados por intervenir en negociaciones estatales para la industrialización del litio e irregularidades en la compra y gestión de un predio agrícola.
Arce, que no se ha referido públicamente a estas demandas, manifestó en declaraciones anteriores que no se irá del país tras concluir su mandato, afirmó que no cometió ningún delito y que se dedicará a la docencia universitaria.
Arce entregará el mando del país el próximo 8 de noviembre al Gobierno que sea elegido el 19 de octubre, en un balotaje entre el senador centrista Rodrigo Paz Pereira y el expresidente consevador Jorge Tuto Quiroga (2001-2002), que quedaron en primer y segundo lugar, respectivamente, en las elecciones generales del 17 de agosto.