Uruguay es de los países del mundo que más presos tiene en relación a su población y el sistema penitenciario representa un problema “grande y grave” para el país. A esa conclusión llega el comisionado parlamentario para el sistema carcelario, Juan Miguel Petit, en el último análisis que hizo tras dejar el rol que ocupó durante 10 años. Al hacer un balance de su gestión, planteó que se necesita una reforma del sistema.

“Más del 40% de los privados de libertad no tiene acceso a tratamientos, asistencia, posibilidades de rehabilitación. Están en una situación que calificamos de trato cruel, inhumano y degradante”, dijo Petit en una conferencia de prensa. En el último informe que elaboró, el comisionado parlamentario asegura que existe un “estado inconstitucional” en las cárceles uruguayas.

Si se suman los presos, sus familiares y las personas que trabajan con ellos, se constituye un “peso demográfico nada menor” en Uruguay, un país en el que decrece su población y en el que hay un importante peso de los mayores de 60 años, considera el experto.

La gravedad de las cárceles uruguayas también está dada porque su financiamiento “tiende a volverse imposible”. “Al no tener recursos que los hagan eficiente, sus condiciones afectan múltiples dimensiones: los derechos humanos y las posibilidades de reinserción de sus usuarios, la salud y la seguridad pública”, señala Petit.

Las carencias y los problemas le están “ganando la batalla” a la sociedad, lamenta el comisionado en el informe. De todas maneras, mantiene una mirada optimista al considerar que en los últimos años se han hecho esfuerzos para tener un “sistema de sanción penal eficiente” y al plantear que el problema tiene solución.

De hecho, destacó que en los últimos años 20 años se ha incorporado personal técnico a las cárceles, pautas y protocolos de actuación sobre las personas y los derechos humanos, se incorporaron centros educativos y áreas productivas. Pero todo esto no es suficiente.

“Rompe los ojos el excesivo uso de la prisión como mecanismo para frenar inconductas que tienen que ver con la supervivencia, la salud mental o la exclusión y que requieren una intervención más compleja y abierta que la mera privación de libertad”, propone.

“Se requieren más iniciativas y más acumulación de acciones para tener un sistema que cumpla su función de ser una usina de integración social. Cortar la violencia con procesos socioeducativos es la meta”, señala el texto. Luego, Petit advierte que si en la cárcel se acumula violencia, esto “volverá a la sociedad”.

En la conferencia de prensa de despedida, el comisionado parlamentario señaló que para concretar cambios es necesario frenar el aumento en la cantidad de privados de libertad y sostuvo que la cárcel no puede ser la única sanción para los delitos. Por eso, sugirió que es necesario que haya medidas alternativas a la prisión, una decisión más “eficiente, barata y segura”.

“Uruguay tiene dos personas privadas de libertad por cada persona con medida alternativa. Los países que han logrado tener más seguridad, más integración y un sistema carcelario mucho más rehabilitador, tiene por lo menos una cifra inversa, en donde la cárcel es la medida más fuerte, la excepción”, expresó.

Una de las propuestas que Petit puso sobre la mesa genera polémica, como él mismo admitió. Planteó que todos los delitos rediman penas. “Se puede pensar que los delitos muy graves no deben redimir la pena. Nosotros entendemos que Uruguay no tiene cadena perpetua, que todas las personas van a ser liberadas tarde o temprano y que para ellos es importante que tengan una luz, aunque sea lejana”, señaló.

Petit también pidió que la gestión de las cárceles salga de la órbita del Ministerio del Interior, de manera que tengan una mayor autonomía.