Un tribunal de Bolivia suspendió las medidas cautelares que pesaban sobre la ex presidenta interina Jeanine Añez y otros doce imputados en el caso Senkata, ordenando su liberación inmediata tras declararse incompetente para tramitar la causa.
La justicia derivó el proceso a la Asamblea Legislativa Plurinacional, que deberá llevar adelante un juicio de responsabilidades por la represión de noviembre de 2019, según consta en la resolución oficial.
“Respecto a la situación procesal de los acusados se dispone lo siguiente: se deja sin efecto las medidas cautelares de carácter real, carácter personal, en consecuencia se dispone expedir el mandamiento de libertad de todas las personas que guardan detención preventiva en los recintos penitenciarios y así como domiciliarios”, informó el juez David Kasa durante la audiencia.
La resolución judicial se apoya en la declaración de incompetencia del tribunal Cuarto de Sentencia de la ciudad de El Alto, el cual argumentó imposibilidad para juzgar el caso en sede ordinaria.
“Se estaría dejando pendiente en una situación insegura la situación de los ahora acusados que están con detención preventiva, además de los acusados con detención domiciliaria, siendo que la libertad es un derecho fundamental consagrado por la Constitución Política del Estado, así como también por los tratados de Derechos Humanos”, indicó el magistrado.
A raíz del fallo, la causa abandona la vía judicial ordinaria y quedará bajo jurisdicción de la Asamblea Legislativa Plurinacional, encargada de los juicios de responsabilidades contra ex mandatarios. El tribunal de La Paz anuló de forma paralela el proceso ordinario que pesaba sobre Añez y los otros imputados por los hechos mortales de Senkata, y dispuso que la indagatoria sea tratada por el órgano legislativo.
El proceso judicial contra Jeanine Añez se abrió por su presunta responsabilidad en la represión de protestas tras la renuncia de Evo Morales, ocurridas en noviembre de 2019 en la planta de combustibles de Senkata, en El Alto. Aquellos hechos derivaron en la muerte de al menos una veintena de personas y más de 200 heridos, lo que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) calificó como “masacre”. La ex mandataria está acusada de liderar y autorizar operativos en colaboración con altos mandos militares durante su gestión interina.
El juicio ordinario había comenzado en septiembre de 2024, en condiciones irregulares, cuando Añez se presentó sin abogado y rechazó la defensa pública ofrecida por el tribunal. La ex presidenta cuestionó la legalidad del proceso y calificó la causa como “patraña 5”, refiriéndose al número de procesos judiciales en su contra. Solicitó en varias oportunidades que el caso se trate en la Asamblea Legislativa, alegando fuero e inmunidad por su condición de ex jefa de Estado, pero los jueces rechazaron inicialmente el pedido.
La liberación de Añez y de los demás implicados generó tensiones en la audiencia. Una persona identificada como familiar de víctimas de Senkata accedió a la palabra.
“Para ellos hay justicia ¿y para nosotros?, nosotros perdimos a nuestras familias, eran inocentes y los mataron a bala”. El testimonio se escuchó durante la sesión transmitida por Zoom, aunque la transmisión fue interrumpida en medio de protestas y voces enfrentadas en la sala.
(Con información de Europa Press)
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