La Asamblea Legislativa de El Salvador aprobó hoy una reforma a la ley contra el crimen organizado, que permitirá mantener en prisión provisional por dos años adicionales a decenas de miles de personas arrestadas en el marco del régimen de excepción implementado desde 2022.
Según informó la agencia AP, la medida, presentada por el Ejecutivo del presidente Nayib Bukele y avalada por la mayoría oficialista, concede mayor plazo a la Fiscalía General para investigar y formalizar cargos, afectando a miles de detenidos aun sin juicio.
Además, la decisión ha intensificado el debate político y social por sus repercusiones sobre derechos fundamentales y el funcionamiento del sistema judicial.
Cambios en la ley y respaldo legislativo
La aprobación obtuvo el apoyo de 57 de los 60 diputados. Solo dos miembros de Arena y una diputada de Vamos votaron en contra, reflejando la persistencia de cierta resistencia a la continuidad de las medidas extraordinarias.
El fiscal general Rodolfo Delgado defendió el cambio, asegurando que permitirá recabar pruebas sólidas y garantizar la consistencia de las condenas, dada la magnitud y complejidad de los procesos relacionados con el crimen organizado.
La reforma responde a una solicitud presentada en agosto de 2023 por la Fiscalía General, cuando ya transcurrían 17 meses bajo el régimen excepcional.
Las autoridades justificaron la expansión del plazo debido al volumen sin precedentes de detenidos y casos pendientes. La ley anterior, modificada en julio de 2023, permitía procesamientos en grupos durante hasta 24 meses, plazo que vencía este agosto; la modificación llega justo antes de ese límite.
Nuevo marco para la prisión provisional
Antes de esta reforma, el artículo 5 del Código Procesal Penal salvadoreño establecía que la prisión provisional duraba un máximo de 12 meses para delitos menores y 24 para graves.
Según informó Reuters, ahora, el plazo se amplía exclusivamente para expedientes derivados del régimen de excepción, permitiendo a la Fiscalía presentar acusaciones hasta agosto de 2027.
Durante el debate, voces de la oposición expusieron sus objeciones. Claudia Ortiz, diputada de Vamos, afirmó que la medida evidencia la incapacidad institucional para procesar expedientes y realizar juicios oportunos.
Ella cuestionó la legitimidad de extender la prisión preventiva por otro periodo igual.
Procesos colectivos y sus riesgos
Bajo la reforma, la Fiscalía está habilitada para agrupar procesos de detenidos del régimen por estructura criminal (“clicas”) y territorio (“canchas”).
El fiscal general Delgado explicó que se han presentado 230 agrupaciones contra MS-13 y 295 contra Barrio 18, lo cual permite juzgar en conjunto a miembros de células criminales detenidos en los mismos operativos.
Los datos oficiales indican más de 88.750 arrestos y unos 600 procesos colectivos, principalmente bajo la figura de agrupación ilícita. Este modelo busca aliviar la carga de los tribunales, los cuales, según Delgado, serían incapaces de emitir sentencias individuales conforme a los tiempos legales, dada la magnitud inédita de la ofensiva.
Sectores opositores y organizaciones de derechos humanos advierten que los juicios grupales pueden poner en riesgo la presunción de inocencia y el derecho a un proceso individualizado, permitiendo que personas inocentes queden involucradas con criminales identificados.
El régimen de excepción y las garantías constitucionales
El régimen de excepción, vigente desde marzo de 2022 tras una ola de más de 80 asesinatos en un fin de semana, autoriza al Estado a suspender derechos como la libertad de asociación, el acceso inmediato a abogado, la inviolabilidad de correspondencia y extiende la detención administrativa hasta 15 días, según reportó EFE.
La Asamblea ha renovado el régimen en 41 ocasiones consecutivas, dándole al Ejecutivo una herramienta clave en su política de “mano dura”. La prolongación de la medida, junto con la falta de resoluciones judiciales para miles de detenidos, ha generado alerta en organismos nacionales e internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que ha exhortado al gobierno a revertir la excepción por ser utilizada “indebidamente” en casos ajenos al crimen organizado.
Según detalló la agencia AP, el Ministerio Público reportó la liberación de más de 8.000 personas inicialmente presas bajo sospecha de vínculos con pandillas, pero sobre las que no se pudo acreditar relación con estructuras criminales. Este dato revela las dificultades para separar a inocentes de delincuentes en operativos masivos.
Reacciones y consecuencias
Partidos de oposición y organizaciones, como el Movimiento de Víctimas del Régimen (Movir), han solicitado a la Corte Suprema la declaración de inconstitucionalidad y derogación inmediata de la excepción.
El rechazo crece por las denuncias de detenciones arbitrarias, torturas y muertes bajo custodia: Reuters informó más de 6.400 denuncias por violaciones a derechos humanos y más de 400 muertes en prisión, muchas con signos de violencia.
