El Gobierno de Bolivia entregó autorizaciones a 73 empresas privadas para importar diésel y gasolina, con el objetivo de aumentar el abastecimiento de combustibles líquidos en el país y fortalecer algunas industrias estratégicas.
De las 73 empresas autorizadas por la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), 58 están habilitadas para importar diésel de uso exclusivo para consumo propio, dos para gasolina de autoconsumo y 13 para comercializar diésel en el mercado interno, según informó el Ministerio de Hidrocarburos este jueves.
Esta medida se enmarcan en tres decretos supremos que simplificaron requisitos administrativos para la importación de combustible ante los periodos de escasez que golpean el país desde más de un año y que son cada vez más frecuentes y prolongados. La normativa amplió el alcance de las importaciones fuera del sector minero, que era el único beneficiario desde 2015, hacia rubros como la agricultura y la industria.
Con esta medida, que antes era una competencia exclusiva de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), se busca ampliar el suministro de diésel y gasolina ante la creciente demanda interna, la baja producción local y las dificultades de importación.
Aunque el suministro de combustible en Bolivia parece haberse normalizado en las ciudades tras la crisis de desabastecimiento que hubo en marzo, algunos sectores como el de la minería y la producción agrícola reclaman un mayor suministro para cumplir sus operaciones.
Los dirigentes de la Federación de Cooperativas Mineras del Norte de la Paz denunciaron que los cupos de diésel que reciben no abastecen a la industria. Galo Piza, vicepresidente de la organización, manifestó que requieren de seis cisternas diarias pero que en las últimas semanas solo llegaron dos. “No pedimos nada al Gobierno, ni siquiera una pala, sin embargo exigimos nuestros derechos y uno es el diésel”, manifestó en declaraciones recogidas por la radio San Gabriel, desconociendo que el diésel que reclama como derecho es subvencionado por el Estado. “La escasez de diésel no está ahogando”, agregó.
De igual manera, los productores de soya denunciaron intermitencias en el suministro de combustible en el oriente del país. Según representantes de la Cámara Agropecuaria de Pequeños Productores del Oriente (Cappo), la producción del grano se vio afectada por la irregularidad en la dotación de combustible y las extensas filas que realizan para adquirir diésel, a lo que se suma el mal estado de algunos caminos que encarecen el transporte. Los sectores productivos de San Julián, al este del país, anunciaron movilizaciones si no se regulariza el suministro.
El origen de la crisis
Bolivia pasó más de una década de bonanza gracias, principalmente, a los ingresos por la venta de hidrocarburos. A partir de 2014 hubo un descenso sostenido en la producción gasífera y en las exportaciones, con el que inició la debacle de la industria petrolera.
En el primer trimestre de 2023, la crisis económica empezó a sentirse en las calles cuando se restringieron las transacciones en dólares en una especie de “corralito” que limita hasta ahora retirar los ahorros en esa divisa, hacer giros internacionales, usar tarjetas de crédito en el exterior y realizar pagos por internet. Si bien en estos dos años el Gobierno no ha devaluado la moneda, la escasez de dólares provocó el surgimiento de un mercado paralelo donde la divisa se cotiza a casi el doble que el tipo de cambio oficial.
En ese marco, la dotación de combustibles se vio afectada no solo por la caída en la producción local sino también por la falta de dólares que dificulta la importación de diésel y gasolina, según admitió el Gobierno en marzo en medio de uno de los periodos más críticos de escasez.
El mercado interno de Bolivia depende en su mayoría de las importaciones de combustible. Según datos del Gobierno, el Estado compra el 86% del diésel y el 56% de la gasolina que necesita para abastecer la demanda local, lo que explica por qué el desabastecimiento de diésel suele ser más agudo y prolongado.
Bolivia destinó 3.349 millones de dólares en 2024 para la importación y en esta gestión se presupuestaron 56 millones de dólares semanales, un monto que cada vez resulta más difícil de conseguir.
Adicionalmente, al gasto que representa la adquisición de carburantes, el Estado boliviano subvenciona este producto, es decir que lo vende a un precio menor que el de la compra. Desde 2005 que los precios están congelados y la situación se ha vuelto compleja para el presupuesto público debido a que tanto los costos como los volúmenes de importación han aumentado con el paso de los años.
En ese marco, el presidente Arce autorizó a la estatal petrolera comprar dólares y activos virtuales para costear la importación de combustibles y autorizó a las empresas privadas a comprar y comercializar combustible, a un precio mayor que el subvencionado, para aumentar el suministro en industrias estratégicas para el país.
