La crisis energética en Bolivia se profundiza. Después de más de un año con periodos de escasez de combustible, cada vez más frecuentes y prolongados, el Gobierno de Luis Arce admitió que no puede importar la cantidad suficiente de diésel y gasolina para satisfacer la demanda local porque no tiene dólares.
El ministro de Hidrocarburos, Alejandro Gallardo, indicó en una conferencia de prensa realizada este lunes que debido al “bloqueo” de créditos externos en la Asamblea Legislativa Plurinacional, el Estado no tiene la liquidez suficiente en dólares para la importación. “Al tener cerrada esa vía de divisas, tenemos una situación que no nos permite realizar la adquisición de acuerdo a la demanda” manifestó Gallardo, quien calificó como un “boicot” político el retraso en la aprobación de los créditos.
El monto retenido en el Legislativo es de al menos 1.228 millones de dólares en 14 créditos pero no son de libre disponibilidad, la mayoría están destinados a financiar proyectos específicos como carreteras o planes de agua. Uno de los créditos es de reposición de los gastos por la emergencia de Covid-19 y es por 100 millones de dólares, los cuales podrían disponerse libremente.
Sin embargo, en el último año, el Gobierno dio al menos cuatro versiones distintas sobre el destino de esos fondos: fortalecer el sistema de salud, entregarlo a las alcaldías, comprar combustible y utilizarlo para organizar el voto en el exterior.
Hasta ahora, la administración de Luis Arce negaba las dificultades de importación y atribuía la escasez a factores ajenos a la gestión como la sobre demanda de algunos sectores, la venta ilegal en las fronteras o los bloqueos esporádicos que permanentemente hay en Bolivia. “El principal problema que tenemos es la obtención de divisas”, confesó ayer el ministro.
La crisis de combustibles es estructural en Bolivia debido principalmente a la baja producción local y a la política de subvención por parte del Estado. El país importa el 86% del diésel y el 56% de la gasolina que necesita para abastecer su mercado interno y lo vende a un precio más barato, lo que ha provocado el debilitamiento de su economía.
El litro de diésel y gasolina se vende a un promedio de 0,53 dólares, lo que representa menos de la mitad del precio internacional de referencia que se calcula entre 1,20 y 1,24 dólares, según la estimación que hizo el propio Gobierno en noviembre del año pasado cuando autorizó la compra y comercialización privada.
En 2024 se destinaron 3.349 millones de dólares para la importación y para este año se presupuestaron 56 millones de dólares semanales, un monto que puede variar según la fluctuación del precio internacional del petróleo y el volumen de compra.
Desde hace dos semanas la población sufre uno de los periodos más agudos de desabastecimiento con filas de vehículos y camiones que parecen interminables en los alrededores de las estaciones de servicio. En ese contexto, el anuncio de ayer incrementó la preocupación y mucha gente empezó a abastecerse con alimentos ante el temor de que los productos básicos escaseen por falta de transporte.
A los problemas de combustible se suman otros como la falta de dólares, las restricciones bancarias en moneda norteamericana y el incremento constante de los precios, que ponen contra las cuerdas los últimos meses de gestión del Gobierno.
Acciones a corto y largo plazo
El ministro Gallardo señaló que Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) logró “un mecanismo para importar combustible a precio internacional” y que será puesto a disposición de los sectores productivos y mineros.
A las medidas urgentes que plantea el Gobierno, como liberar los créditos y vender a un precio más alto a la industrias estratégicas, se suman otras de largo plazo como aumentar la producción local y controlar la venta ilegal de carburantes en las fronteras, que se calcula que generan una pérdida económica anual de 600 millones de dólares.
El presidente de YPFB, Armin Dorgathen, indicó también que se prevé sustituir el 80% de la importación de diésel con la construcción una nueva planta, ampliar la capacidad de despacho en el puerto de Arica e impulsar la producción de las plantas de biodiésel, entre otras acciones.
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