Al menos once personas resultaron heridas el último martes tras la explosión de tres granadas en el comedor de la Penitenciaría del Litoral, ubicada en Guayaquil, y considerada la prisión más violenta de Ecuador. Entre los afectados se encuentran nueve reclusos, un guardia penitenciario y un militar, según confirmó la Policía Nacional.
Los hechos ocurrieron alrededor de las 14:30 (hora local), y generaron una inmediata respuesta de las autoridades. El Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad (SNAI) informó que dos reos fueron identificados como responsables del ataque, mientras que otras siete personas han sido detenidas por su presunta implicación en los hechos. “Se han activado los protocolos de seguridad correspondientes en coordinación con las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional”, señaló el organismo en un comunicado oficial. Las personas heridas están recibiendo atención médica, y se ha evacuado al personal del centro bajo estrictas medidas de seguridad.
Este incidente ocurre en medio de la militarización de las prisiones tras la declaración de un “estado de conflicto armado interno” en enero de 2024. La violencia dentro de las cárceles ha incrementado en los últimos años, impulsada por las disputas entre bandas criminales que buscan controlar el tráfico de drogas y otros negocios ilícitos desde los centros penitenciarios.
La Penitenciaría del Litoral ha sido el epicentro de esta crisis. Hace menos de un mes, un enfrentamiento entre bandas criminales en este mismo recinto dejó 15 muertos y una docena de heridos. Según el diario El Universo, la Fiscalía imputó cargos de asesinato contra nueve reclusos por aquellos hechos. Entonces se indicó que la venta coercitiva de alimentos dentro de la Penitenciaría habría sido el detonante que ocasionó esa masacre. Según Primicias, “el monopolio de la comida y la reventa extorsiva de alimentos sería la causa principal de la masacre que sacudió la Penitenciaría del Litoral.” Por su parte, la periodista especializada en seguridad, Karol Noroña, explicó en X (antes Twitter) que el pago extorsivo de hasta USD 20 diarios por raciones de comida era exigido por los propios presos encargados de distribuir los alimentos, quienes rotaban entre las alas del pabellón. Aquellos que no podían pagar, recibían porciones mínimas.
La fuga de Adolfo Villamar Macías, alias Fito, líder de Los Choneros, una de las bandas más poderosas del país, agravó la situación. Alias Fito, quien escapó de la Cárcel Regional, continúa prófugo desde mediados de este año. Su escape marcó el inicio de una serie de amotinamientos y enfrentamientos dentro del sistema penitenciario.
Además, la violencia ha alcanzado a funcionarios del sistema penitenciario. En septiembre, María Icaza, entonces directora de la Penitenciaría del Litoral, fue asesinada a tiros cuando regresaba a su casa. Su muerte evidenció los riesgos que enfrentan quienes intentan implementar medidas de control dentro de las cárceles.
A pesar de las medidas implementadas, las cárceles ecuatorianas siguen siendo un espacio de anarquía. La sobrepoblación, la falta de personal capacitado y la corrupción son factores clave que alimentan esta crisis. Organismos internacionales como Human Rights Watch han señalado repetidamente que el Estado ecuatoriano no ha cumplido con su obligación de garantizar la seguridad de las personas privadas de libertad, un derecho protegido por los estándares internacionales de derechos humanos.
En julio de este año, el Comité contra la Tortura de la ONU emitió recomendaciones urgentes para que Ecuador enfrente la crisis penitenciaria, que persiste incluso tras la militarización. A pesar de que dichas recomendaciones se emitieron hace más de un mes, en el país siguen proliferando denuncias sobre malos tratos, imágenes de reclusos en condiciones esqueléticas y casos de enfermedades como tuberculosis y VIH sin tratamiento.
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