El abogado del ex jefe antidroga de Bolivia, Maximiliano Dávila, alista recursos judiciales para evitar la entrega de su defendido a Estados Unidos, país en el que enfrenta cargos por narcotráfico, luego de que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) diera luz verde a su extradición este miércoles.
El jurista Manolo Rojas indicó que aún no recibió ninguna notificación formal. “Cuando seamos notificados con el auto supremo solicitaremos una complementación y enmienda para que nos expliquen porque no conocemos los indicios, las pruebas que el Estado de Nueva York de Estados Unidos habría presentado a la Corte Suprema”, señaló Rojas a la prensa local.
El abogado considera que las determinaciones de la justicia son nulas, debido a que el mandato de los magistrados que firman el fallo concluyó en diciembre de 2023 y fue extendido deliberadamente con el argumento de que no podían haber acefalías en las altas cortes, una acto que muchos en Bolivia consideran ilegítimo.
“Son ilegales, todo acto que hagan ahora, de aquí en adelante, estas personas auto prorrogadas, son nulas de pleno derecho”, manifestó el abogado.
Sin embargo, el Gobierno ha informado que acatará la determinación del TSJ. El ministro de Gobierno (Seguridad), Eduardo Del Castillo manifestó que es su obligación cumplir las decisiones que emanen de la Justicia y que al ex coronel se lo tratará “como cualquier persona buscada en nuestro territorio”.
El caso de Dávila genera repercusiones en Bolivia no solo por el cargo que ocupó y los delitos por los que lo acusan, sino también por las implicancias políticas de su caso. Dávila fue el último jefe antidroga de la administración de Evo Morales (2006-2019) y ocupó el cargo de director nacional de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico hasta la caída del Gobierno el 10 de noviembre de 2019. Antes había ocupado otros cargos de como director nacional de Inteligencia y en la gestión de Luis Arce, fue nombrado comandante departamental de Cochabamba.
Algunos actores de la oposición creen que había un vínculo cercano entre Morales y Dávila, un rumor que cobró fuerza cuando se difundieron fotografías de una celebración del cumpleaños del ex presidente, en octubre de 2019, en la que se al ex coronel. Sin embargo, Morales ha negado tener un nexo fuera del ámbito institucional, dijo que eran otros funcionarios los encargados de coordinar con él y que su presencia en el cumpleaños fue “cortesía” por “diplomacia”.
El caso de Dávila no es el único que involucra a policías bolivianos con redes internacionales de narcotráfico. Hay antecedentes de otros altos funcionarios, como René Sanabria u Omar Rojas Echeverría, entre otros; que han sido investigados por delitos vinculados al tráfico de drogas.
Los cargos que enfrenta
Estados Unidos investiga a Dávila por al menos seis delitos, entre ellos asociación delictuosa relacionado con narcotráfico y asociación delictuosa de portar armas, y puede recibir una condena perpetua.
Ned Price, portavoz del Departamento de Estado, manifestó anteriormente que existen indicios de que el acusado usó su cargo para transportar cocaína en aviones, a través de terceros países, para su distribución en Estados Unidos. En septiembre de 2020, Dávila fue acusado formalmente.
En enero de 2022 fue detenido en la localidad boliviana de Villazón, en la frontera con Argentina, y está detenido desde entonces en la cárcel de San Pedro, en La Paz, acusado por legitimación de ganancias ilícitas.
Las horas que le quedan a Maximiliano Dávila en Bolivia están contadas. En entrevista con el canal Unitel, el viceministro de Seguridad Ciudadana Roberto Ríos, dijo que el procedimiento se ejecutará con rapidez porque “Bolivia no es refugio de narcotraficantes”.
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