Directivos de Telefónica relacionan el nuevo expediente de regulación de empleo (ERE) con una estrategia que busca optimizar costes y garantizar la eficiencia y sostenibilidad financiera del grupo. Este plan permite que hasta 5.040 empleados en España puedan acogerse al proceso, concentrándose la mayoría de las salidas en la filial Telefónica de España. Según informó Europa Press, la compañía y los sindicatos han cerrado un acuerdo que establece una estructura de incentivos económicos inédita, con primas que alcanzan los 18.000 euros para trabajadores con más de 24 años de antigüedad, cantidad que duplica la ofrecida en anteriores expedientes.
De acuerdo con Europa Press, la multinacional priorizó la adhesión voluntaria y el reconocimiento a las trayectorias de larga duración dentro de la organización. El acuerdo, alcanzado tras intensas negociaciones con UGT, CCOO y Sumados-Fetico, regula que el ajuste puede afectar a siete sociedades del grupo, donde Telefónica de España soporta el mayor impacto con 2.925 bajas, equivalentes al 33% de su plantilla. Telefónica Móviles contempla 720 salidas (20% de sus trabajadores), seguida de Telefónica Soluciones con 120 bajas (11%), GBU’s con 599, Telefónica Global Solutions con 112, Innovación Digital con 186 y la matriz S.A. con 301 recortes, cuyos porcentajes varían entre el 18% y el 26%. Movistar+ concluye el proceso con 175 desvinculaciones, más del 20% de su personal y 122 puestos menos que los planteados inicialmente.
El medio Europa Press detalló que el proceso se articula principalmente en torno a la salida voluntaria, fijando una adhesión mínima de 3.765 participantes para evitar despidos forzosos. Si la cifra de solicitantes supera las 5.040 plazas habilitadas, ese será el cupo definitivo. Si, por el contrario, no se cumple la cuota mínima, Telefónica podrá recurrir a decisiones individualizadas para alcanzar los objetivos del ajuste.
Por lo que respecta a los requisitos para acceder al plan, Europa Press explicó que en las sociedades regidas por el Convenio de Empresas Vinculadas es preciso acreditar una antigüedad mínima de 15 años en la empresa antes del 31 de diciembre de 2028. En el caso de los GBU’s, la exigencia se sitúa en 13 años de servicio hasta finales de 2026. El monto de los incentivos se distribuye según el tiempo trabajado: los empleados con menos de ocho años reciben 5.000 euros como prima extraordinaria, mientras los que superan los 24 años alcanzan los 18.000 euros.
El acuerdo incorpora además compensaciones variables conforme a la fecha de nacimiento. Los trabajadores nacidos entre 1969 y 1971 accederán al 68% del salario base anual hasta los 63 años y al 38% a partir de esa edad; quienes nacieron entre 1965 y 1968 percibirán el 62% hasta cumplir 63 años y el 34% después. Para aquellos nacidos en 1964 o antes, el porcentaje será del 52% hasta los 63 años y del 35% una vez superada esa edad. En Movistar+, la retribución máxima corresponderá a los nacidos hasta 1970.
Europa Press reportó que el nuevo ajuste responde a un plan de transformación interna orientado a reforzar la competitividad del grupo en los mercados nacional e internacional, destinando un ahorro total previsto de 3.000 millones de euros hasta 2030, de los cuales se prevé utilizar 2.300 millones para cubrir los costes de los ajustes de personal hasta 2028.
Las organizaciones sindicales lo presentan como un proceso inédito en España, resaltando el papel prioritario de la voluntariedad y el mayor reconocimiento a la antigüedad, elementos que responden a demandas históricas de garantías sociales para empleados veteranos.
Las cifras de este nuevo ERE superan a las anteriores tanto en número de afectados como en el gasto previsto, informó Europa Press. Durante el anterior proceso voluntario, se desvincularon 3.420 personas, lo que supuso una reducción anual de costes de unos 285 millones de euros y un coste bruto de 1.300 millones antes de impuestos, con un promedio de 380.000 euros por persona.
Junto con las medidas de ajuste, el acuerdo contempla la prórroga de los convenios colectivos en todas las filiales afectadas, lo que garantiza el mantenimiento del marco normativo y de las condiciones laborales durante la aplicación del plan, según informó Europa Press. El conjunto de iniciativas busca consolidar una estructura de plantilla más reducida y eficiente, al mismo tiempo que refuerza la protección social de los empleados y asegura la viabilidad de la empresa frente a un entorno altamente competitivo.
