Diplomáticos y juristas consideran que la ausencia de antecedentes de sanciones o alteración documental en el petrolero “Centuries” ha otorgado un cariz singular al caso, diferenciándolo de otros interceptados previamente por autoridades estadounidenses. Según informó The New York Times, tanto Panamá como Venezuela han destacado este hecho para argumentar que la operación liderada por Estados Unidos careció de notificación o consulta previa, elementos exigidos por la normativa internacional, lo que llevó a que la controversia escalara a los foros de Naciones Unidas y a la presentación de protestas formales ante organismos multilaterales. La noticia principal gira en torno al operativo de las autoridades estadounidenses sobre el buque panameño, registrado cerca de aguas venezolanas, y las denuncias de incumplimiento de tratados internacionales y riesgos para la soberanía y la seguridad del comercio energético global.
El medio The New York Times detalló que la reacción de Panamá ante la intervención estadounidense se concentró en resaltar la erosión de los salvaguardas internacionales que protegen el libre tránsito de hidrocarburos. Las autoridades panameñas expresaron su insatisfacción en foros multilaterales, señalando la omisión de consultas o avisos antes de la incursión y el potencial deterioro de los marcos colaborativos de notificación y cooperación entre Estados, exigidos en acuerdos internacionales. Tanto Panamá como Venezuela remarcaron la falta de comunicación por parte de Washington antes de actuar sobre el “Centuries”, insistiendo en la importancia de respetar la protección de los buques inscritos bajo banderas estatales y denunciando la falta de consulta formal.
De acuerdo a lo publicado por The New York Times, el incidente, que tuvo lugar en cercanías de Venezuela y afectó a un navío registrado en Panamá, acentuó la discusión sobre los límites de intervención durante la aplicación de sanciones al comercio de hidrocarburos. The Washington Post coincidió al señalar que la desaparición de la tripulación tras el operativo estadounidense incrementó la presión diplomática en torno al caso y motivó a que ambos países latinoamericanos elevaran la disputa al Consejo de Seguridad de la ONU.
The Washington Post recogió la postura de la Casa Blanca, que justificó la intervención en el “derecho de visita”, una figura del derecho internacional que autoriza inspeccionar barcos presuntamente implicados en contrabando o en la violación de sanciones. Anna Kelly, portavoz adjunta de la administración Biden, declaró al medio estadounidense: “el Centuries transportaba petróleo venezolano en aparente violación de las sanciones actualmente vigentes” y defendió la operación, argumentando que la acción buscó impedir eventuales maniobras de evasión financiera vinculadas a la gestión de Nicolás Maduro.
La posición estadounidense, contextualizada por The Washington Post, se inscribe en su estrategia global para dificultar el accionar de redes transnacionales que trafican hidrocarburos sujetos a sanciones. Según la versión oficial, estas organizaciones utilizan navíos asociados a “flotas en la sombra” y a banderas de conveniencia con el propósito de ocultar el origen del crudo. Washington señaló que sus procedimientos buscan obstaculizar la circulación de recursos energéticos que podrían alimentar mercados paralelos y garantizar la estabilidad de los mercados internacionales mediante controles en rutas marítimas de alto tránsito.
El gobierno venezolano, por su parte, denunció ante el Consejo de Seguridad de la ONU que la intervención representó “un acto de piratería” y sostuvo que la acción estadounidense vulneró tanto su soberanía como su seguridad nacional, reportó The Washington Post. La delegación venezolana exhortó a otros países a apoyar la defensa de la autonomía sobre los activos energéticos situados en su territorio, e insistió en que el precedente de este tipo de operativos podría afectar a otras rutas estratégicas de comercio energético y cuestionar el marco de soberanía de los Estados ribereños.
Panamá reiteró ante entidades internacionales su inquietud por la presunta debilidad de los resguardos jurídicos internacionales que amparan el tráfico regular de hidrocarburos y subrayó la necesidad de preservar los protocolos de comunicación formal y coordinación en materia de inspección de embarcaciones, según indicó The New York Times. La problemática adquirió mayor densidad frente a la falta de un mecanismo de diálogo directo entre las partes y la inexistencia de canales formales para resolver la disputa, lo que prolonga la atención del Consejo de Seguridad sobre la cuestión.
The New York Times y The Washington Post coincidieron en que tanto diplomáticos como juristas consultados advirtieron un riesgo en la aceptación de acciones unilaterales, al considerar que estas podrían derivar en una repetición de intervenciones similares en corredores marítimos clave. Esta preocupación se sustenta en la posible afectación a la confianza y a la cooperación internacional, así como en la necesidad de interpretar cuidadosamente los tratados que rigen la navegación global y la aplicación de sanciones económicas.
Dentro de este contexto, ambos medios señalaron que el episodio cobra relevancia política y comercial en virtud del régimen de sanciones impuesto por Estados Unidos sobre el petróleo venezolano desde 2019, el cual restringe la actividad de la estatal PDVSA y limita la exportación de crudo a mercados mundiales. Venezuela continúa impulsando una campaña diplomática ante la ONU que busca respaldo internacional para fortalecer las garantías sobre el manejo de sus recursos energéticos, mientras Panamá demanda la observancia estricta de los protocolos internacionales de notificación frente a futuras interceptaciones.
La casuística del “Centuries”, según destacaron The New York Times y The Washington Post, se diferencia de situaciones previas, como la del buque “Skipper”, que había sido interceptado tras comprobarse irregularidades documentales y antecedentes de sanciones. La ausencia de tales elementos en el caso actual fortalece la posición de Panamá y Venezuela respecto a la necesidad de cumplir rigurosamente las etapas de aviso y consulta internacional, aspectos centrales en el alegato multilateral.
Ambos periódicos subrayaron la inquietud dominante en la comunidad internacional sobre el posible debilitamiento del sistema de navegación y el riesgo de establecer precedentes que puedan justificar intervenciones sin supervisión adecuada en rutas comerciales significativas. La discusión, centrada en la interpretación y aplicación de los acuerdos internacionales, examina las consecuencias de admitir prácticas no consensuadas y los efectos sobre la seguridad del abastecimiento energético global.
La controversia en torno a la intervención al “Centuries” ha reabierto el debate acerca de la efectividad de sanciones vigentes y de los procedimientos de control en alta mar, así como la preocupación por el daño a la confianza mutua en el sistema multilateral y la necesidad de preservar tanto la libre circulación de energéticos como la integridad de los mecanismos diplomáticos de resolución. Según The Washington Post, las discusiones en curso consideran las implicancias sobre la jurisprudencia internacional aplicable, la vigencia de los tratados de protección de las banderas estatales y la arquitectura general del comercio mundial de hidrocarburos.
