La prisión preventiva de Candide Azannai, ex viceministro de Justicia y actual dirigente opositor, fue decretada tras su comparecencia ante la comisión investigadora en la madrugada del 12 de diciembre, en el marco de la causa judicial por el intento de golpe de Estado en Benín, según reportó Le Matinal. Esta decisión situó al político del partido Restaurar la Esperanza en el centro de un proceso penal supervisado de manera estricta por el Ejecutivo que encabeza Patrice Talon, en medio de la búsqueda activa de responsables y la prevención de futuros levantamientos en el país.
Le Matinal permitió conocer que, tras el operativo desplegado por las fuerzas de seguridad y la restauración del control estatal, cerca de cuarenta personas se encuentran bajo privación de libertad. Entre los detenidos hay integrantes de las fuerzas armadas y civiles, todos ellos relacionados con los graves acontecimientos que tuvieron lugar en la noche del 7 de diciembre en el cuartel de Togbin. El medio local destacó que el CRIET (Tribunal Penal Especial sobre Delitos Económicos y Terrorismo) dirige la investigación y ha formalizado cargos contra Azannai por conspiración y atentado contra la seguridad nacional.
La acción de los sublevados incluyó la retención de altos mandos militares, la toma temporal de la señal televisiva estatal y la proclamación pública de la destitución del presidente Talon, detalló Le Matinal. El objetivo de estos actores era legitimar una transición que el gobierno calificó como ilegal. La intervención conjunta de fuerzas nacionales, apoyo aéreo de Nigeria y colaboración francesa en inteligencia permitió restablecer la situación en pocas horas, según informó el medio beninés.
La investigación judicial se concentra en identificar todas las responsabilidades materiales y las posibles redes de cómplices. Según consignó Le Matinal, la comisión supervisora evalúa los vínculos entre los principales implicados, examinando flujos de información, recursos logísticos e incluso el papel de ciertas alianzas mediáticas que podrían haber facilitado el intento de derrocamiento. El CRIET puso bajo revisión no solo la estructura y los contactos de Azannai, sino también los de otros actores del entramado político y militar.
El proceso de indagación incluyó interrogatorios reforzados y nuevas líneas de pesquisa para indagar el alcance de la colaboración dentro y fuera de Benín. Según detalló Le Matinal, las investigaciones abren la posibilidad de aumentar la lista de imputados y de cargos a medida que surjan nuevos elementos o testimonios ante la comisión.
El abogado defensor de Azannai, Elie Vlavonou, sostuvo ante Le Matinal que la comisión de instrucción comunicó de manera oficial la imputación y la vigencia de la prisión preventiva. Esta situación ha elevado el caso dentro de la agenda política y judicial, implicando por primera vez a un dirigente político de relevancia detenido en este marco, lo que incrementa el interés institucional sobre los efectos y las consecuencias políticas que pudieran derivarse a partir de este hecho.
El enfoque de la investigación, descrito por Le Matinal, mantiene bajo vigilancia a la sociedad civil y a las estructuras de partidos, extendiendo el monitoreo a simpatizantes y a quienes presuntamente difundieron mensajes de apoyo o incitación vinculados con el levantamiento del 7 de diciembre. El Ejecutivo, según reportó el medio, evalúa evidencias sobre posibles apoyos internos y extranjeros, barajando la adopción de nuevas acciones para evitar la reactivación de protestas o de conspiraciones similares en el futuro.
El impacto del fallido golpe de Estado, reveló Le Matinal, ha modificado la dinámica de la vida pública y aumentó la coordinación entre instituciones judiciales y fuerzas de seguridad, en respuesta a la gravedad de la amenaza al orden constitucional. La magnitud de la causa, que involucra a militares y referentes políticos de peso, ha impulsado niveles inéditos de respuesta institucional desde la creación del CRIET.
Otro de los factores señalados por Le Matinal fue el peso de la asistencia internacional en la resolución de la crisis. El respaldo de las fuerzas armadas nigerianas y la inteligencia francesa resultó clave para frenar el avance de los sublevados y restablecer la estabilidad estatal antes de que se concretara un daño mayor a la estructura institucional.
El CRIET continúa liderando el proceso judicial con la misión de delimitar de manera precisa las responsabilidades que corresponden a cada uno de los acusados, tanto en el plano civil como militar y político, en relación con los sucesos investigados. De acuerdo con Le Matinal, el arresto y procesamiento de Candide Azannai representan puntos decisivos dentro de la indagatoria, generando atención sostenida tanto a nivel institucional como en la sociedad, ante la posibilidad de futuros ajustes políticos o judiciales producto de este caso en la República de Benín.
