Sumados-Fetico anunció que su decisión de respaldar las condiciones propuestas por Telefónica se tomó por unanimidad tras el proceso de consultas internas, una determinación que marca el cierre de las rondas sindicales que permitirán formalizar el acuerdo laboral el próximo lunes 22 de diciembre. El pacto permitirá la salida de al menos 4.539 empleados en siete filiales del grupo bajo parámetros económicos mejorados, conforme detalló el medio de comunicación.
El acuerdo se produce después de intensas negociaciones entre la empresa y las principales organizaciones sindicales, incluyendo UGT, CCOO y Sumados-Fetico, que dieron el visto bueno a la última propuesta de Telefónica en jornadas consecutivas, según reportó el medio. UGT ratificó la aceptación el jueves previo a la consulta, mientras que CCOO y Sumados-Fetico lo hicieron el viernes, tras finalizar sus propios procesos internos y dar a conocer su posición a la compañía.
El expediente de regulación de empleo (ERE) afecta a más de la cuarta parte de la plantilla de las sociedades involucradas, que suman un total de 17.248 empleados entre las siete filiales consideradas en el proceso. De acuerdo con lo publicado, la estructura del ERE sitúa inicialmente el número de salidas en un rango de entre 3.765 y 5.040 trabajadores, a la espera del resultado de las adhesiones voluntarias que se recojan hasta el cierre del proceso.
Desglosando la afectación por empresa, Telefónica de España concentrará el mayor volumen, con 2.925 empleados, que representan cerca del 33% de su personal total de 8.892. Telefónica Móviles verá incluida a una quinta parte de su plantilla, con 720 personas, de los 3.587 empleados que componen la filial. Telefónica Soluciones suma otros 120 afectados, lo que constituye casi el 11% de los 1.118 trabajadores en esa subsidiaria, según informó el medio.
La propuesta inicial contemplaba 5.040 salidas en las sociedades del Convenio de Empresas Vinculadas (CEV). La cifra final dependerá del número de adhesiones voluntarias. Si estas alcanzan las 3.765, no se producirán bajas adicionales, pero en caso contrario, las salidas forzosas completarán ese umbral como máximo afectación posible, detalló el medio.
Telefónica también revisó su oferta para las filiales agrupadas como GBU (Telefónica Global Solutions, Telefónica Innovación Digital y Telefónica S.A.), donde la cifra definitiva se vio reducida en un 20% con respecto a la propuesta inicial. Allí, un total de 599 empleados resultarán afectados, repartidos entre 112 en Telefónica Global Solutions —el 18% de su plantilla de 638 personas—, 186 en Telefónica Innovación Digital —casi el 19% de 993 trabajadores— y 301 en Telefónica S.A., lo que representa cerca del 26% de un total de 1.160 empleados.
A la suma anterior se añaden 175 bajas previstas para la filial Movistar+, que cuenta con 860 efectivos. Según consignó el medio, la afectación inicial propuesta para esta empresa ascendía a 297 empleados, casi el 35% de su plantilla, pero la versión final reduce ese número a poco más del 20%.
Con estos ajustes, el número mínimo de salidas se sitúa en torno al 26% de la plantilla total que agrupa a las siete filiales, lo que representa una reducción significativa con respecto a la previsión del 35% planteada en la primera fase de negociaciones, de acuerdo con la información recogida por el medio.
En el apartado económico, la propuesta presentada por Telefónica para las compensaciones contempla distintos tramos por edad y antigüedad. Los nacidos entre 1969 y 1971 percibirán el 68% del salario regulador hasta los 63 años, y un 38% a partir de entonces, aunque Movistar+ no incluye a quienes nacieron en 1971. Para los nacidos entre 1965 y 1968, la indemnización será del 62% hasta los 63 años y del 34% posterior a esa edad. Los empleados nacidos en 1964 y años anteriores cobrarán el 52% del salario hasta los 63 años, porcentaje que se sitúa en el 35% a partir de ese momento.
Para acogerse voluntariamente al procedimiento en las filiales del CEV, se requieren 15 años de antigüedad, siempre que se cumpla este requisito hasta el cierre del periodo vigente, que, en su caso, se extiende hasta el 31 de diciembre de 2028. En las sociedades del grupo GBU, el umbral desciende a 13 años, aunque el límite temporal para solicitar la adhesión concluye el 31 de diciembre de 2026. La propuesta incorpora primas de voluntariedad diferenciadas por tiempo de servicio que varían entre 5.000 y 18.000 euros, duplicando los rangos ofrecidos en versiones previas. Así, quienes hayan trabajado menos de ocho años recibirán 5.000 euros; quienes sumen de ocho a doce años, 7.000 euros; de doce a dieciséis, 9.000 euros; entre dieciséis y veinte, 12.000 euros; aquellos con veinte a veinticuatro años, 15.000 euros, y los que superen los veinticuatro años de antigüedad accederán a 18.000 euros en aportaciones.
La voluntariedad de las salidas se mantuvo como demanda principal de las organizaciones sindicales en todo el proceso, tal como detalló el medio en su cobertura. La intención era limitar al máximo las bajas forzosas, favoreciendo que las reducciones se completen mediante adhesión libre y pactada, sin procedimientos obligatorios.
El medio mencionó antecedentes recientes: el ajuste de personal realizado por Telefónica en el ejercicio anterior terminó incluyendo a 3.420 trabajadores, una cifra que implicó un 33% menos que las bajas inicialmente propuestas, que ascendían a 5.124. Ese proceso finalizó en enero de 2024 tras la firma del acuerdo con los sindicatos, y supuso para la compañía un desembolso cercano a los 1.300 millones de euros antes de impuestos, asignando una media aproximada de 380.000 euros por trabajador, ligeramente por debajo de lo que se pagó en planes previos. El ahorro anual estimado para Telefónica a raíz de ese ERE se ubicó cerca de los 285 millones de euros.
El proceso que ahora se encontrará próximo a rubricar forma parte del plan estratégico que Telefónica presentó en noviembre. Según ha remarcado el medio, el objetivo del grupo es conseguir economías por alrededor de 3.000 millones de euros hasta 2030 —y 2.300 millones de euros hasta 2028—, incluyendo gastos de personal en esas previsiones.
Telefónica aspira a que el nuevo acuerdo entre en vigor antes del cierre del actual ejercicio fiscal, con el propósito de que el impacto financiero se refleje completamente en las cuentas del año en curso y no trastoque el balance del período siguiente, reportó el medio. Si el coste por trabajador se mantiene cercano a las cifras del ERE anterior, la empresa calcula que este nuevo proceso implicaría desembolsos por alrededor de 1.700 millones de euros, aunque hasta ahora no se han divulgado los valores definitivos.
