El estancamiento en la negociación entre la Unión Europea y el Mercosur tiene su origen en la imposibilidad de satisfacer las demandas de Francia e Italia respecto a instrumentos de defensa para el sector agrícola europeo. Según informó Europa Press, la discusión sobre el acuerdo quedó marginada de la agenda prioritaria en la más reciente cumbre de la Unión tras no alcanzar avances legislativos ni técnicos que atendieran esos requerimientos, aplazando así la formalización del tratado comercial más ambicioso impulsado por Bruselas.
El principal obstáculo reside en la exigencia francesa de incluir mecanismos de protección efectivos antes de la ratificación del tratado. París insiste, de acuerdo con Europa Press, en la necesidad de establecer filtros aduaneros y controles estrictos para la entrada de productos sudamericanos, con el fin de evitar distorsiones internas y defender la competitividad del sector primario europeo. El gobierno francés recalca que no avalará el pacto sin garantías legales y operativas plenamente satisfactorias sobre los procedimientos de control a la importación.
Italia respalda esta posición y extiende la demanda solicitando instrumentos que permitan la suspensión inmediata de importaciones provenientes del Mercosur cuando se comprueben daños a los agricultores europeos. Según detalló Europa Press, el gobierno italiano subordina el avance en la ratificación a que estos mecanismos cuenten con el respaldo explícito del Consejo y el Parlamento Europeo, condiciones consideradas indispensables para proteger a su sector agrícola.
Durante las conversaciones mantenidas entre la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, y el presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, la delegación italiana reiteró que no cederá respecto a la inclusión de garantías específicas para sus productores. Según publicó Europa Press, la falta de consenso y la complejidad para diseñar instrumentos de salvaguardia obligó a que la última ronda de negociaciones en Bruselas concluyera sin resultados concluyentes.
Europa Press reportó que los equipos técnicos de la Unión Europea y Mercosur siguen trabajando de manera paralela para definir tanto los procedimientos aduaneros como los criterios de activación de mecanismos de control en caso de situaciones de desequilibrio en el mercado. Francia e Italia sostienen que la futura normativa debe permitir la suspensión automática de las importaciones y prever intervenciones inmediatas si la apertura comercial afecta de forma comprobable al sector agropecuario europeo.
Respecto a la extensión del proceso de negociaciones, el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, manifestó: "Si hemos esperado 25 años, podemos esperar 25 años y un mes", según recogió Europa Press. Sánchez minimizó el efecto del aplazamiento y remarcó la necesidad de analizar minuciosamente los puntos conflictivos restantes antes de proceder a la ratificación. También defendió el valor estratégico y económico del tratado tanto para la Unión Europea como para el Mercosur, considerando las posibilidades de apertura comercial y desarrollo.
De acuerdo con las cifras citadas por Europa Press, la entrada en vigor del acuerdo permitiría una bajada conjunta de aranceles superior a los 4.000 millones de euros anuales y potenciaría la integración comercial de cerca de 700 millones de ciudadanos de ambas regiones. En este marco, España desempeña un papel de mediador, tratando de facilitar el entendimiento entre los Estados miembros europeos y los países del Mercosur, en particular en las discusiones entre Italia y Brasil, orientadas a clarificar las cláusulas de protección requeridas.
Europa Press añadió que la prioridad del gobierno español se orienta hacia el establecimiento de procedimientos aduaneros transparentes y equitativos, combinando la apertura del comercio internacional con la defensa de los sectores agrícolas más vulnerables dentro de la Unión. La Comisión Europea considera que el acuerdo representa una herramienta clave frente a la competencia internacional, especialmente con Estados Unidos, y ofrece la posibilidad de diversificar socios comerciales y facilitar el acceso de las pequeñas y medianas empresas europeas al mercado latinoamericano, reforzando también la presencia global de la Unión.
No obstante, Europa Press remarcó que la firma definitiva depende totalmente de la adopción y aplicación exhaustiva de las salvaguardias exigidas por París y Roma. Las objeciones fundamentales de Francia apuntan al riesgo de competencia desleal asociado a la posible entrada de productos agroalimentarios sudamericanos bajo normativas y controles diferentes a los europeos, lo cual –desde la perspectiva francesa– podría comprometer la producción interna y alterar el equilibrio del mercado comunitario.
Por su parte, Italia remite su apoyo al tratado a la implementación de instrumentos eficaces y ágiles para suspender la importación de bienes que causen impactos negativos en su sector primario. Insiste además en la obligación de que cualquier mecanismo de intervención cuente con el visto bueno formal de las principales instituciones europeas, según reiteró Europa Press.
La fecha para una eventual firma definitiva se mantiene indeterminada mientras continúan pendientes negociaciones de detalle sobre los aspectos técnicos, jurídicos y normativos requeridos por las autoridades de Francia e Italia. El medio señaló que, si bien en un inicio se consideró posible celebrar el acto de ratificación formal en enero, la agenda permanece en suspenso supeditada a la resolución de los escollos señalados.
La solución de estos aspectos, subrayó Europa Press, es condición indispensable para superar la paralización y alcanzar la culminación de más de veinticinco años de diálogo interregional. El acuerdo comercial UE-Mercosur representa hasta el momento uno de los mayores intentos de integración económica promovidos por la Unión, tanto por el volumen económico potencial como por el número de actores involucrados. El progreso del tratado depende en última instancia de la capacidad de todos los Estados miembros de consensuar una fórmula que compatibilice la apertura comercial y la protección efectiva de los sectores sensibles del mercado europeo.
