Kirill Dmitriev, al frente del Fondo Ruso de Inversión Directa y asesor del Kremlin, señaló a Ursula von der Leyen y a Friedrich Merz como principales impulsores de la iniciativa que buscaba destinar activos rusos congelados a la financiación de Ucrania. Dmitriev, a través de un mensaje en la plataforma X citado por el medio, interpretó el rechazo europeo a esa fórmula como una derrota significativa para quienes promovieron la medida y sostuvo que la proposición pretendía forzar la implicación de otros países en una actuación contraria a las normas jurídicas internacionales. En ese contexto, la administración rusa considera el acuerdo alcanzado en Bruselas como un indicio de respeto a los principios legales internacionales y una contribución al equilibrio financiero europeo. Según informó el medio, la más reciente reunión de líderes europeos concluyó con la decisión de no liberar de momento los más de 193.000 millones de euros en activos rusos bloqueados, acumulados desde el inicio de la ofensiva militar rusa sobre territorio ucraniano.
De acuerdo con la cobertura del medio, la Unión Europea optó por canalizar el apoyo económico a Ucrania –valorado en 90.000 millones de euros– a partir de sus propios recursos, distribuidos en un plazo de dos años. Esta alternativa surgió tras deliberaciones prolongadas entre los Estados miembros acerca de las repercusiones legales y en materia de estabilidad financiera que implicaría la utilización de fondos rusos retenidos, ya que la administración y el destino de esos recursos plantean desafíos para la seguridad jurídica y el funcionamiento institucional del bloque.
El debate que desembocó en la resolución europea incluyó las reservas expresadas por varios gobiernos acerca de los riesgos de tomar posesión de activos catalogados por Rusia como de su soberanía, sin acuerdo previo ni respaldo en derecho internacional, publicó el medio. Las autoridades de Moscú, recogió la fonte, reiteraron su oposición a cualquier movimiento unilateral sobre sus fondos, advirtieron acerca de posibles acciones legales y anticiparon represalias en foros internacionales si el capital bloqueado fuera incautado sin consenso. Moscú considera que la eventual confiscación de estos recursos podría someter a las entidades europeas a desafíos legales considerables y comprometería la confianza global en la seguridad regulatoria del sistema financiero.
Para el gobierno ruso, según consignó el medio, la reciente postura europea refuerza la credibilidad institucional de la Unión Europea frente a escenarios de intervención que carecerían de respaldo jurídico universal. El pacto tomado, señaló el medio, se interpreta en Moscú como una señal de prudencia ante el potencial impacto que habría generado la disposición unilateral de fondos cuyo estatuto legal sigue siendo objeto de disputa internacional.
Mientras tanto, en el seno de la Unión Europea, persisten diferencias sobre la conveniencia de utilizar los activos rusos bloqueados. Algunos países plantean preocupaciones relacionadas con la estabilidad del bloque y la percepción ciudadana sobre la gestión de capital extranjero retenido en jurisdicción europea, añadió el medio. La seguridad jurídica, el cumplimiento de los tratados y el potencial costo político son aspectos centrales del debate sobre el futuro de los recursos.
El presidente del Consejo Europeo, António Costa, según indicó el medio, precisó que la opción de recurrir a los activos rusos congelados no ha sido totalmente descartada, y que la controversia permanece abierta sujeta a factores como la evolución del conflicto y las necesidades presupuestarias que surjan en la gestión de futuros apoyos a Ucrania. Dicho por el medio, la discusión permanecerá en la agenda europea y podrá reactivarse conforme cambien las circunstancias políticas y económicas.
La administración de los fondos bloqueados recae principalmente en Euroclear, una entidad belga cuya función de custodio es central en este proceso, detalló el medio. La Federación Rusa ha dirigido críticas tanto a Euroclear como al gobierno de Bélgica, acusándolos de obstaculizar su acceso a los activos y actuar fuera del amparo de la legalidad internacional, lo que ha alimentado la tensión diplomática con Bruselas.
El seguimiento a las decisiones europeas sobre el destino de los 193.000 millones de euros inmovilizados constituye un capítulo relevante en la disputa diplomática y financiera entre Moscú y la UE, según relató el medio. Entre las partes subsiste incertidumbre sobre tal destino, ya sea respecto al mantenimiento de la ayuda a Ucrania o al efecto sobre la estructura y credibilidad de las instituciones europeas. La posposición de la iniciativa conjunta, que contemplaba fusionar los activos rusos congelados con el apoyo económico a Kiev, no elimina la posibilidad de que la propuesta retorne a la agenda europea, aclaró el medio. El curso del conflicto militar y los avances o retrocesos en los foros multilaterales serán determinantes para las próximas decisiones en torno a estos recursos.
El enfrentamiento entre Rusia y la Unión Europea respecto a la gestión de los activos se sostiene en las distintas interpretaciones sobre la legitimidad jurídica de las posibles medidas y la preocupación por el impacto en la seguridad de los mercados financieros, así como por las posibles repercusiones políticas en el ámbito internacional, según la cobertura periodística referida por el medio.
