El descubrimiento de que un residente extranjero sin ciudadanía australiana poseía seis armas de fuego de forma legal ha llevado a una revisión profunda de las leyes de armas en Australia, enfocando el debate en la necesidad de restringir la tenencia para quienes no son ciudadanos. Según informó la cadena pública ABC, este hallazgo tras el ataque en la playa de Bondi, en Sídney, evidenció vacíos regulatorios y desencadenó la formulación de nuevas medidas gubernamentales para endurecer los controles sobre la posesión y registro de armamento.
La propuesta presentada por el gobierno federal australiano incluye la creación de un registro nacional obligatorio de armas, con la finalidad de unificar la información relativa a propietarios y a la cantidad de armamento en poder de particulares. El medio ABC detalló que esta herramienta permitirá regular de forma más eficiente los casos sospechosos de acumulación o tenencia irregular y facilitará la identificación de situaciones de riesgo potencial. La medida central responde a fallas detectadas en la supervisión de licencias, que han permitido a no ciudadanos acceder a un número considerable de armas, panorama que el Ejecutivo ahora pretende restringir.
De acuerdo con ABC, el primer ministro Anthony Albanese manifestó en la red social X que los no ciudadanos “no necesitan tener un arma”, enfatizando que la acumulación como la detectada en Bondi resulta injustificable. “Alguien en los suburbios de Sídney no necesita tener seis”, afirmó, en alusión directa al incidente que precipitó la reacción oficial. La postura del gobierno, según consignó ABC, prioriza una reforma que limite drásticamente la cantidad de armas en manos de residentes extranjeros.
El plan de reformas contemplado por las autoridades federales abarca también la introducción de límites estrictos sobre el número total de armas que cada persona puede poseer en el país, además de revisar y excluir futuras categorías de armamento hoy permitido que se consideren riesgosas para la seguridad pública. Otro eje del paquete de medidas es el endurecimiento de los procesos de otorgamiento y renovación de licencias, afectando especialmente a residentes extranjeros y a puntos periféricos de las áreas urbanas, donde, según los registros oficiales citados por ABC, se ha identificado un aumento sustancial en la acumulación de armamento.
Dentro de los instrumentos previstos para fomentar la reducción de armas en circulación, el gobierno ha anunciado un programa de recompra que ofrecerá incentivos económicos a quienes entreguen voluntariamente armas ilegales o excedentes. Según publicó ABC, este mecanismo apunta a disminuir de manera efectiva el arsenal privado, allanando el terreno para la introducción de controles adicionales en el futuro y asegurando el cumplimiento de los límites legales en el acceso y cantidad de armamento permitido.
En declaraciones recogidas por ABC, el ministro del Interior, Tony Burke, explicó que el objetivo de las reformas reside en robustecer la legislación vigente y en proporcionar mecanismos más exhaustivos de regulación. Burke puntualizó que la introducción de restricciones más estrictas depende de una disminución real del número de armas circulantes, priorizando medidas que reduzcan en primer término el volumen del arsenal privado antes de aplicar regulaciones aún más severas.
La política migratoria se incorpora también como complemento a la estrategia general. El Ejecutivo analiza, según ABC, modificar las disposiciones migratorias para fortalecer la capacidad de suspender o rechazar visados a extranjeros investigados por radicalización. El fin de esta medida es minimizar la posibilidad de que individuos identificados como riesgosos accedan legalmente a armas, cerrando vacíos normativos que podrían facilitar tales adquisiciones.
El desarrollo y puesta en marcha del registro nacional obligatorio constituye un pilar estratégico de la reforma, ya que permitirá que los diferentes sistemas gestionados por estados y territorios australinos se integren bajo una administración común. ABC explicó que este mecanismo hará posible la comparación y compatibilidad de datos, optimizando la detección y prevención de incidentes graves asociados a irregularidades o a la acumulación excesiva de armamento.
Tras el ataque en Bondi y los episodios violentos ocurridos en Sídney durante la festividad de Janucá, creció la presión social y política hacia la actualización constante de la normativa sobre armas en el país. El primer ministro Albanese expresó ante ABC que la aplicación de incentivos para la entrega voluntaria, combinada con el establecimiento de límites claros y más severos, responde al propósito de evitar la proliferación de armas en manos privadas y el riesgo de que se desvíen hacia el crimen organizado o grupos con potencial de radicalización.
La colaboración entre el gobierno federal y las administraciones estatales y territoriales figura en el núcleo de la estrategia, con el objetivo de garantizar que la implementación de los nuevos controles sea uniforme. Según detalló ABC, la coordinación facilitará la detección y corrección de irregularidades, así como la vigilancia efectiva sobre acumulaciones particulares que representen amenazas identificadas para la seguridad comunitaria.
Respecto a los antecedentes, ABC recordó que Australia tiene una historia de reformas en la materia, marcadas frecuentemente por episodios de violencia masiva que han derivado en ajustes sustanciales a la legislación sobre armas. La actual propuesta del Ejecutivo se caracteriza por la diferenciación en los controles entre ciudadanos y no ciudadanos, la imposición de límites estrictos sobre el arsenal de cada individuo y la eliminación progresiva de categorías de armamento que las autoridades consideran incompatibles con la seguridad pública actual. El ministro Burke reiteró la posición del gobierno en ABC: una reducción tangible en la cantidad de armas constituye la condición fundamental para la configuración de un marco regulatorio más restrictivo en el futuro, sustentado en la cooperación continua entre el nivel federal y las jurisdicciones subnacionales para garantizar coherencia y vigilancia.
