Funcionarios latinoamericanos y organismos internacionales reclaman establecer mecanismos de control y transparencia tras el último operativo militar estadounidense en el Pacífico oriental, donde cuatro personas fallecieron durante un ataque contra una embarcación señalada como narcolancha. Según reportó el medio que divulgó la información, este incidente ha elevado a noventa y nueve los muertos en operaciones antidrogas de Estados Unidos en la región, cifra que amplía la controversia y el escrutinio internacional hacia la estrategia promovida por Washington.
De acuerdo con lo publicado, el bombardeo, ejecutado en el marco de la operación militar “Lanza del Sur”, fue realizado sobre aguas internacionales y autorizado personalmente por Pete Hegseth, actual secretario de Defensa. El Mando Sur del Ejército estadounidense, entidad responsable de coordinar las acciones en el Pacífico y el Caribe, confirmó que la intervención se dirigió contra una embarcación transitando rutas identificadas con el tráfico de drogas. El comunicado oficial consignó que todos los tripulantes de la lancha, catalogados como “narcoterroristas” por el Mando Sur y supuestos integrantes de una organización considerada terrorista por Estados Unidos, fallecieron, y que ningún militar estadounidense resultó herido.
La operación “Lanza del Sur” se consolidó en los últimos años como el principal brazo de la política marítima antidrogas del gobierno federal, con una estructura que combina recursos militares sofisticados y unidades especializadas en inteligencia, vigilancia y operaciones en alta mar. El objetivo oficial de estas acciones, según describió el Ejército norteamericano en declaraciones reproducidas por el medio, radica en frenar los flujos ilegales de estupefacientes hacia Norteamérica atacando células criminales asociadas al tráfico transnacional.
El mismo reporte enfatizó que el ritmo de los operativos y el aumento de las víctimas elevan la tensión en foros internacionales, donde representantes de la comunidad internacional y gobiernos vecinos advierten sobre hechos como el reciente bombardeo. Las principales inquietudes, expuestas por el medio, incluyen el posible impacto humanitario, la falta de supervisión externa y la limitada información sobre cómo se identifican los objetivos y se determina la proporcionalidad del uso de la fuerza.
Según fuentes citadas por el medio, el ejecutivo estadounidense ha respondido a las críticas argumentando que los ataques se desarrollan siempre en aguas internacionales, siguiendo los protocolos de la lucha antidrogas y excluyendo cualquier intervención fuera de estos lineamientos. Los documentos oficiales insisten en que las operaciones militares se dirigen exclusivamente a personas vinculadas a organizaciones delictivas y no afectan a civiles o embarcaciones sin relación evidente con actividades criminales.
No obstante, reportó el medio, persiste una demanda internacional por mayor claridad en los criterios que justifican el uso de la fuerza letal. Entidades de defensa de derechos humanos y gobiernos latinoamericanos solicitan informes sobre la evidencia utilizada para seleccionar los blancos de los ataques y una revisión de los protocolos que determinan la legalidad y proporcionalidad de las acciones militares. Varios analistas insisten, según la publicación, en la necesidad de investigar minuciosamente cada evento letal para esclarecer responsabilidades y evitar víctimas sin nexos comprobados con el crimen organizado.
El bombardeo reciente también coincide con el calendario político estadounidense, ya que el medio mencionó que las Fuerzas Armadas anunciaron el ataque poco antes de un mensaje presidencial de Donald Trump. El mandatario planea destacar la estrategia nacional de control del narcotráfico y fortalecer la imagen de mano dura de su Gobierno, alineando este discurso con la ejecución de operativos en zonas sensibles del Pacífico.
El debate crece tanto en el ámbito diplomático como regional, y según publicó el medio, agrupaciones latinoamericanas, así como colectivos y defensores de derechos humanos, promueven abrir canales de cooperación y diálogo que reduzcan la dependencia exclusiva de respuestas armadas. Entre las alternativas, figuran propuestas para aumentar la transparencia de los operativos, establecer protocolos de control internacional y apostar por iniciativas preventivas orientadas a la vigilancia y gestión del tráfico ilícito sin recurrir sistemáticamente a la fuerza letal en áreas marítimas con tráfico pesquero y comercial.
El reporte señala que la continuidad de la operación “Lanza del Sur” profundiza la presión internacional sobre Washington, generando llamados reiterados para revisar los métodos de intervención y adaptar la política antidrogas a estándares de respeto a los derechos humanos. El medio indica que la discusión se enfoca cada vez más en la legalidad, eficacia y consecuencias humanas asociadas a la política militar estadounidense en la región, dado que las muertes producto de los operativos alcanzan cifras sostenidas y el escrutinio sobre los procedimientos se amplifica.
Solicitan la adopción de mecanismos de fiscalización externa y mayor flujo de información sobre la naturaleza de las amenazas y la selección de objetivos. Exigen también que cualquier intervención armada esté respaldada por procedimientos claros, pruebas verificables y una supervisión internacional que evite daños colaterales en el marco de una problemática que impacta directamente la estabilidad y seguridad de los países del área del Pacífico y el Caribe, según detalla el medio.
