Aunque España logró una cuota estable de merluza sur para el próximo año que, según el ministro de Agricultura y Pesca, Luis Planas, se cifró en 17.445 toneladas, los recortes impuestos a otras especies como la caballa y la bacaladilla desataron preocupación en Galicia por su repercusión en el sector pesquero. La conselleira do Mar, Marta Villaverde, abordó este escenario tras participar en Bruselas en las negociaciones entre los Estados miembros y la Comisión Europea, y expresó que el acuerdo alcanzado para las cuotas y los totales admisibles de capturas (TAC) de la Unión Europea para 2026 dista de satisfacer las necesidades de la comunidad gallega, según informó Europa Press.
Villaverde describió como "nada satisfactorios" los datos derivados del consenso europeo, en especial por la confirmación de un descenso del 70% en la cuota provisional de caballa, una de las principales especies extraídas por la flota gallega. Este recorte se adoptó siguiendo directrices científicas, aunque la conselleira remarcó que los criterios aplicados no contemplaron aspectos socioeconómicos ni los factores vinculados a la sostenibilidad de la actividad pesquera en la región. El medio Europa Press detalló que la conselleira señaló que España, dentro del acuerdo, podrá distribuir el 90% del total asignado de caballa durante el primer semestre, aunque precisó que la cuota misma representa solo el 30% del reparto global para este país.
La responsable autonómica lamentó además la reducción de la cuota de bacaladilla, otra especie fundamental para la flota gallega, a la vez que señaló que las cifras concretas sobre esa rebaja todavía se encontraban pendientes de la publicación del documento oficial al cierre de las negociaciones. Según consignó Europa Press, Villaverde puso énfasis en que, respecto a la bacaladilla, se repite la tendencia de fijar "mínimos" que perjudican de manera significativa al sector marítimo y pesquero en Galicia.
En torno a la caballa, la conselleira contextualizó la dureza de este recorte al recordar que todavía restan alcanzar acuerdos de reparto con otros estados costeros, como Noruega. Estas negociaciones pendientes añaden un nivel de incertidumbre sobre la viabilidad y rentabilidad de las campañas de pesca previstas, explicó la titular de Mar en declaraciones reflejadas por Europa Press.
Frente a las restricciones impuestas sobre caballa y bacaladilla, Villaverde dejó claro que el gobierno gallego permanece atento a la aparición de posibles mecanismos que permitan incrementar las oportunidades de captura para el sector. Según declaraciones recogidas por Europa Press, la conselleira subrayó la determinación de la Xunta de Galicia por identificar vías que puedan ayudar a mitigar el impacto negativo de los recortes y, con ello, preservar el tejido productivo y el empleo asociados a la actividad pesquera.
En cuanto a la merluza sur, la especie más cotizada de los caladeros ibéricos, la situación tomó otro cariz. España mantendrá la cuota de 17.445 toneladas durante el próximo ejercicio, lo que marca una continuidad respecto al curso anterior, según reportó Europa Press. El titular de Agricultura y Pesca, Luis Planas, se refirió a dicha cifra como "magnífica" y la consideró un logro relevante antes incluso del inicio oficial de la reunión con los socios europeos.
Este equilibrio entre avances en determinados recursos pesqueros y retrocesos en otros motivó reacciones encontradas entre las autoridades gallegas y el Gobierno central. Mientras desde la Xunta se advirtió sobre el perjuicio económico y social que conllevan las nuevas restricciones, el Ministerio de Agricultura y Pesca celebró la estabilidad lograda en la cuota de merluza.
A raíz de los resultados de las negociaciones, la conselleira do Mar recalcó la importancia de mantener una interlocución continua con las instituciones europeas para trasladar la realidad socioeconómica del sector gallego y defender sus intereses ante futuras revisiones de los límites de captura. Para Villaverde, la aplicación de criterios estrictamente biológicos sin medir el efecto sobre las comunidades marítimas pone en riesgo la viabilidad de una actividad económica que sostiene numerosas familias y representa un componente clave del tejido productivo regional, tal como recogió Europa Press.
