La declaración de Ignacio Valero Garcés, responsable del Sistema Automático de Información Hidrológica de la Confederación Hidrográfica del Júcar, y Ricardo Domínguez Lillo, jefe de Servicio de la Policía de Aguas y Cauces Públicos de la misma entidad, marcó el cierre de la primera fase de la comisión del Senado sobre la catástrofe de la dana en Valencia, en la que hasta ahora solo habían comparecido técnicos. Al mismo tiempo, el Senado programa una reactivación de los trabajos de la comisión impulsada por el Partido Popular (PP), que tiene previsto citar antes de que concluya el año a figuras políticas clave, incluyendo el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el president de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón. Según Europa Press, este giro coincide con la exigencia social de esclarecer responsabilidades y de aumentar el control sobre la gestión institucional seguida tras una emergencia que dejó más de 225 fallecidos en la provincia.
De acuerdo con Europa Press, la próxima semana también contempla la comparecencia de Salomé Pradas, exconsellera de Justicia e Interior, ante la comisión del Congreso, un hecho que ocurre en paralelo a la citación de altos cargos en la Cámara Alta, concentrando aún más la atención política y mediática sobre las investigaciones parlamentarias en curso sobre la gestión de la tragedia de la dana. Tal como informó el medio, la convocatoria de la mesa del órgano del Senado prevista para este jueves servirá para redefinir el calendario y formalizar la lista de comparecientes, que incluirá a varios ministros actuales y pasados, en un procedimiento acelerado que busca dar respuesta a la presión de la opinión pública y de colectivos sociales.
Según reporta Europa Press, la puesta en marcha de la comisión del Senado en enero se centró inicialmente en el análisis técnico y dejó fuera la intervención directa de responsables políticos, una estrategia que el PP justificó como priorización del examen de la gestión estatal sobre la crisis. Este enfoque perseguía compensar la falta de mayoría del Partido Popular en el Congreso, trasladando el epicentro del control político al Senado, cámara en la que los populares sí dirigen el calendario y la elección de comparecientes. Durante los más de once meses de funcionamiento, los trabajos se limitaron a escuchar a expertos y técnicos, decisión que suscitó críticas, tanto de la oposición como de sectores internos del propio PP, preocupados, según recoge Europa Press, por la posibilidad de que el proceso termine dirigiendo el foco hacia la gestión autonómica.
Las dudas sobre el futuro de la comisión crecieron ante la apertura de investigaciones judiciales sobre responsabilidades de la Generalitat Valenciana en la gestión de la emergencia, asunto que, conforme explicó Europa Press, añade nuevas capas de complejidad y transversalidad a las pesquisas parlamentarias. El medio subraya que la constitución de la comisión respondía al interés del PP de limitar el análisis detallado de los ámbitos autonómicos y de otras instancias, enfatizando el escrutinio sobre el Gobierno central.
En distintas etapas, los debates en la comisión giraron en torno a los criterios administrativos que gobernaron la actuación institucional durante la dana, mientras PSOE y otros grupos políticos reclamaban mayor presencia de máximos responsables en las sesiones. Como detalló Europa Press, estos partidos argumentaron que solo con la intervención de quienes tomaron decisiones políticas se puede aclarar la cadena de mandos y el reparto de responsabilidades, elemento esencial para obtener un verdadero control parlamentario y para la transparencia solicitada por la sociedad.
Dentro del PP, según consignó Europa Press, han surgido inquietudes respecto al riesgo de mantener abierta la comisión sin avanzar hacia la comparecencia de altos cargos, pues la prolongación del proceso aumenta el escrutinio hacia la actuación de la administración autonómica, situación que podría impactar la imagen del propio partido. Mientras tanto, la bancada socialista ha insistido en denunciar la ausencia sistemática de personalidades políticas, acusando al Grupo Popular de condicionar la investigación para priorizar la perspectiva técnica y evitar el testimonio directo de quienes estuvieron al mando durante la emergencia.
En este contexto, la reunión de la mesa de la comisión del Senado adquiere un carácter determinante, ya que permitirá señalar el calendario y designar oficialmente a los responsables institucionales cuya comparecencia se espera para las próximas semanas. Europa Press ha destacado que la previsión de convocar a Pedro Sánchez, Carlos Mazón y varios ministros podría alterar la dinámica parlamentaria y orientar tanto el desarrollo del proceso como las futuras conclusiones acerca de la gestión de la catástrofe en Valencia.
La expectación entorno a la inclusión de testimonios de líderes nacionales y autonómicos se suma al clima político generado por los procedimientos judiciales abiertos contra la Generalitat Valenciana, ambos factores contribuyen a aumentar la presión sobre los protagonistas de la gestión de la emergencia y a colocar el foco público sobre el esclarecimiento de decisiones institucionales tomadas durante la crisis. Europa Press señala que este paso hacia la apertura a cargos políticos responde tanto a la insistencia de representantes ciudadanos como a la de formaciones políticas que han supeditado el sentido de la comisión a la posibilidad de conocer en detalle las razones detrás de las medidas adoptadas y de depurar posibles fallos que hayan amplificado las consecuencias de la tragedia.
La narrativa desarrollada en las coberturas de Europa Press presenta la evolución de la comisión como una respuesta a la exigencia ciudadana de transparencia y de revisión rigurosa del manejo institucional de la emergencia. A lo largo del proceso, tanto distintas organizaciones sociales como voces del arco parlamentario han argumentado la necesidad de delimitar de manera precisa las competencias y las responsabilidades de las distintas instancias administrativas, ya sean estatales, autonómicas o locales.
Este relanzamiento se produce tras una etapa próxima al año en la que solo se escucharon testimonios técnicos, y coincide, además, con la programación de comparecencias relevantes en la Cámara Baja, entre ellas la intervención de Salomé Pradas. El objetivo de la actual estrategia parlamentaria es responder a la creciente presión social y política para esclarecer tanto las decisiones como la actuación de las principales autoridades ante una tragedia que, según los datos publicados por Europa Press, causó más de 225 víctimas en la provincia de Valencia.
El nuevo impulso en el Senado configurará una fase de mayor visibilidad pública para el proceso, abriendo la puerta a una etapa de mayor confrontación entre los partidos, en la que la presencia de líderes de primer nivel permitirá abordar en profundidad las cuestiones relativas a la gestión de la emergencia y las eventuales responsabilidades derivadas. Los avances en los trabajos parlamentarios, junto con la existencia de procedimientos judiciales en paralelo, mantienen alto el interés mediático y ciudadano por el desarrollo y las posibles conclusiones de la comisión.
