La ministra de Sanidad, Mónica García, señaló que durante el año pasado los virus respiratorios causaron la muerte de 3.300 personas en España, de las cuales 1.800 fallecieron a consecuencia de la gripe, cifra que, según explicó, debe tomarse como un serio recordatorio de la gravedad de este tipo de epidemias. Según consignó Europa Press, García transmitió desde Bruselas la urgencia de poner en marcha estrategias coordinadas y homogéneas en todo el país para frenar el avance de la gripe y otras infecciones respiratorias, subrayando que la protección de la población exige una respuesta común e integrada entre las diferentes comunidades autónomas.
Europa Press detalló que la ministra subrayó la dificultad para alcanzar estos acuerdos, al afirmar ante periodistas en el Parlamento Europeo que el Ministerio de Sanidad tuvo que intervenir y ejercer presión para lograr que los gobiernos regionales liderados por el Partido Popular aprobasen el nuevo Protocolo Común frente a la gripe. García expresó que “se ha tenido que forzar este año a las comunidades del PP para que adopten un protocolo común de algo que es básico y mínimo”, poniendo de relieve la resistencia a pactar normas mínimas frente a riesgos epidemiológicos compartidos.
Tal como publicó Europa Press, este Protocolo Común establece que todas las comunidades autónomas deben adoptar las mismas acciones sanitarias frente a situaciones similares y adaptar esas respuestas según los datos de transmisibilidad del virus, la evaluación de indicadores sanitarios y el impacto registrado tanto en los recursos asistenciales como en los colectivos vulnerables.
La implementación del protocolo implica una categorización escalonada en cuatro niveles de riesgo, que van desde situaciones de incidencia baja, donde solo se tomarán medidas preventivas mínimas, hasta escenarios de transmisión muy elevada, en los que se promueve el teletrabajo y la adopción de medidas excepcionales. Europa Press precisó que en el escenario basal o interepidémico la situación se considera de bajo riesgo y se proponen únicamente actuaciones preventivas elementales; el segundo nivel alude a un riesgo bajo o medio, el tercero corresponde a epidemias de impacto alto y el cuarto se reserva para crisis sanitarias de magnitud máxima.
Cada comunidad autónoma define el ámbito de aplicación del protocolo y determina el nivel de riesgo en función de los datos epidemiológicos de su territorio, informó Europa Press. Esta autonomía en la evaluación de riesgos se combina con la exigencia de un marco básico común, de modo que no existan disparidades de criterio entre regiones. García puntualizó que el objetivo principal consiste en fortalecer la capacidad de reacción de las autoridades sanitarias y de la sociedad en general ante amenazas como la gripe o el COVID.
Durante su comparecencia, la titular de Sanidad insistió, según relató Europa Press, en la importancia de evitar situaciones en la que unas regiones queden expuestas a mayores riesgos por falta de acciones conjuntas. Señaló que la experiencia de la última temporada epidémica pone de manifiesto la necesidad de no bajar la guardia y de avanzar desde la prevención para impedir pérdidas humanas similares en el futuro.
Europa Press indicó que el protocolo exige a las comunidades autónomas incorporar progresivamente las distintas medidas recomendadas en función del avance de la situación, de manera que cada nivel de riesgo incluya también las indicaciones de los escenarios de menor peligro. Este mecanismo proporciona una herramienta adaptable, capaz de aunar flexibilidad y eficacia, y ajustarse a los cambios en la evolución de los brotes en cada zona.
La ministra, al dirigirse a los responsables autonómicos, solicitó compromiso para aplicar con rigor las directrices acordadas, recordando que las discrepancias en la aplicación de protocolos comunes pueden debilitar el conjunto de la respuesta sanitaria y poner en peligro la salud pública. García argumentó, según mencionó Europa Press, que la urgencia de la situación y la experiencia de olas previas de contagio justificaron la decisión de forzar un acuerdo, dado que solo desde la coordinación es posible reducir el impacto de epidemias como la gripe, el COVID y otros virus respiratorios.
La intervención de García en Bruselas se enmarca en los esfuerzos del Gobierno para consolidar mecanismos de cooperación tanto a nivel nacional como europeo en materia de respuesta frente a riesgos epidémicos, recalcó Europa Press. Estos hechos reflejan el peso estratégico atribuido por el Ministerio de Sanidad a la homogeneidad en las respuestas y refuerzan la importancia de las políticas colaborativas para mitigar los efectos adversos de futuras crisis sanitarias.
