La reprogramación de tareas y las revisiones de inversiones tecnológicas surgen como consecuencias inmediatas para la mayoría de las empresas tras el aplazamiento de la entrada en vigor del sistema Verifactu, según reportó el Consejo General de Economistas de España (CGE) y el Registro de Economistas Asesores Fiscales (REAF-CGE). Este retraso obliga a muchas compañías a redistribuir recursos y asumir costes imprevistos para adaptar sus sistemas internos, situación que, de acuerdo con el sector, complica la gestión organizativa y cuestiona la previsibilidad regulatoria. La noticia principal es la advertencia de los expertos sobre la inseguridad jurídica que acompaña este cambio de plazos en la implantación obligatoria del sistema de verificación de facturas electrónicas impulsado por la Agencia Tributaria, decisión que el Ejecutivo postergó por un año.
La información, de acuerdo con lo publicado por el medio, detalla declaraciones de Miguel Ángel Vázquez Taín, presidente del CGE, y de Agustín Fernández, presidente del REAF-CGE. Ambos directivos expresaron que la postergación del calendario para la adopción del sistema de control digital Verifactu afecta particularmente a las empresas que ya habían realizado ajustes y planificado recursos según el plazo originalmente fijado. Según detalló la fuente, estos actores empresariales confiaban en la estabilidad de los horarios establecidos por la normativa, por lo que el cambio a última hora genera complicaciones en su estructura interna y provoca incertidumbre sobre la permanencia del marco normativo.
Tanto Vázquez Taín como Fernández consideran que la extensión del plazo puede representar una oportunidad para que las empresas que no habían completado la transición tecnológica logren ajustarse definitivamente. Sin embargo, mencionaron que la ampliación de tiempos implica que la mayoría del tejido empresarial debe modificar sus cronogramas, repensar inversiones previstas en tecnología y enfrentar costes extras surgidos de ajustes forzados y repentinos, informó el medio. Este escenario incide con mayor severidad en los negocios que cuentan con menos recursos administrativos y limitadas capacidades para absorber situaciones inesperadas.
Los representantes de las organizaciones profesionales han subrayado, según consignó la publicación, que estas alteraciones recientes evidencian la importancia de que las normas relacionadas con la implementación de sistemas regulatorios cuenten con fechas de aplicación que no se alteren de forma repentina. Para los especialistas, la previsibilidad en la aplicación de nuevas normativas resulta clave para que las compañías puedan planificar sus procesos y conseguir una adaptación ordenada sin enfrentar incertidumbres legales o operativas.
Las advertencias de los expertos del CGE y del REAF-CGE se suman a un contexto donde la digitalización y el control administrativo son retos recurrentes para las pequeñas y medianas empresas. El informe del medio muestra cómo los cambios de última hora en el calendario regulatorio imponen tensiones adicionales sobre un sector que demanda estabilidad y claridad en el entorno normativo para organizar inversiones y recursos humanos en función del cumplimiento tributario.
Las organizaciones económicas consultadas enfatizan que la seguridad jurídica depende en gran medida de la fiabilidad y consistencia en los plazos regulatorios. Insisten en que la confianza empresarial se ve afectada cada vez que se modifica el marco temporal de las normativas de manera imprevista, lo que obliga a las empresas a modificar sus procesos internos, revisar sus estructuras de costes y asumir riesgos adicionales, especialmente en escenarios de transformación digital.
De acuerdo con lo reportado por el citado medio, la prórroga del sistema Verifactu renueva el debate sobre la necesidad de un entorno regulatorio estable donde los cambios acompañen los ritmos de planificación empresarial y no generen incertidumbres que pongan en riesgo la seguridad jurídica ni la competitividad del tejido empresarial español.
