El Ejecutivo defendió en la Cámara Alta que algunos avances legislativos y fiscales impulsados durante la legislatura, como la ley de amnistía o la flexibilización de la financiación municipal, forman parte de una agenda orientada a responder a demandas específicas de Cataluña, pero precisó que persisten acuerdos aún por concretar. Según publicó Europa Press, este posicionamiento fue expresado por el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, durante la sesión de control al Gobierno celebrada este martes en el Senado. El intercambio se produjo en un contexto marcado por las críticas de Junts hacia la monarquía y el Tribunal Supremo, situando el debate sobre la solidez de las instituciones españolas y los límites de la crítica parlamentaria en el centro de la discusión.
De acuerdo con la información de Europa Press, Bolaños reconoció que la democracia española es "mejorable", aunque sostuvo que España figura como una “democracia plena” conforme a los criterios de organismos internacionales. Respondió así a la intervención de Eduard Pujol, portavoz de Junts en el Senado, quien preguntó si el Gobierno del presidente Pedro Sánchez mantiene su apoyo a la monarquía y a lo que definió como “poderes insurrectos del Estado, como el Supremo”, en el contexto de la aplicación de la ley de amnistía.
La reacción de Bolaños ante las declaraciones de Pujol fue solicitar al presidente del Senado, Pedro Rollán, la retirada del diario de sesiones de las afirmaciones que, a su juicio, desprestigiaban a la monarquía y al Tribunal Supremo. El ministro argumentó que admitir fallas no justifica poner en cuestión la legitimidad de los órganos fundamentales del Estado, señalando: “Pero que sea mejorable no quiere decir que se pueda cuestionar la legitimidad de las instituciones en nuestro país, y por eso le pido expresamente al presidente que retire del acta de la sesión sus palabras criticando y desprestigiando tanto a la monarquía como al Tribunal Supremo”, según consignó Europa Press.
Pedro Rollán, presidente del Senado y miembro del Partido Popular, accedió a la petición de Bolaños, confirmando la eliminación de esos comentarios de las actas parlamentarias. Esta decisión provocó el rechazo de Eduard Pujol, quien expresó su desacuerdo con el criterio adoptado por la presidencia de la Cámara Alta, consigna Europa Press.
A la par que respondía a Junts, Bolaños reiteró el compromiso del Gobierno central con la vía del diálogo político. El medio Europa Press destacó que el ministro resaltó la preparación de un decreto sobre la flexibilización de las finanzas municipales, anunciado como respuesta a las reivindicaciones de la formación independentista y como parte de la estrategia de entendimiento con Cataluña.
En el balance de los avances de la legislatura, Bolaños recordó iniciativas como la ley de amnistía y la ampliación del uso de lenguas cooficiales en el ámbito institucional, valorándolas como pasos significativos en la agenda catalana promovida por el Gobierno, aunque reconoció que no todos los compromisos suscritos en acuerdos políticos han llegado a implementarse. Según relató Europa Press, el ministro explicó que algunos aspectos dependen solo en parte de la actuación gubernamental, pero garantizó que las competencias exclusivamente estatales están siendo atendidas.
Durante la sesión plenaria, Bolaños enfatizó la voluntad de seguir avanzando en el diálogo con Junts, con expectativas de alcanzar nuevos pactos. De acuerdo con Europa Press, definió como prioridades reforzar el Estado del bienestar, fomentar el crecimiento económico, ampliar derechos y consolidar la convivencia social en Cataluña.
La sesión se vio caracterizada por la tensión entre los representantes del Ejecutivo y Junts, con la ley de amnistía como telón de fondo de las disputas políticas. Según detalló Europa Press, la negativa del Gobierno a validar los cuestionamientos al Tribunal Supremo y a la monarquía representó uno de los momentos clave de la jornada, reflejando la línea divisoria establecida por el Ejecutivo en sus relaciones con las fuerzas independentistas y la defensa de la fortaleza institucional del Estado.
El desarrollo de estos sucesos en la Cámara Alta mostró nuevamente los desacuerdos persistentes entre el Gobierno central y los actores políticos independentistas sobre el alcance y los límites del debate en las instituciones. Las acciones y declaraciones relacionadas, reportadas por Europa Press, alimentaron el debate sobre la legitimidad del cuestionamiento institucional y la respuesta política a las demandas de mayor autogobierno y cambios legislativos vinculados a Cataluña.
En este escenario, la presidencia del Senado optó por sostener la petición gubernamental y retirar las expresiones consideradas como deslegitimadoras. Según Europa Press, esta medida no resultó ajena a la controversia y fue interpretada por Junts como una restricción indebida del debate democrático, en tanto que el Gobierno la justificó en la necesidad de mantener el respeto hacia los órganos constitucionales básicos.
Mientras tanto, el Gobierno reiteró, conforme informó Europa Press, su disposición al diálogo y a nuevas reformas para abordar tanto las demandas catalanas como los desafíos generales del modelo institucional y social español, sin renunciar a la defensa del funcionamiento de los órganos del Estado frente a críticas que, a su entender, traspasan los marcos aceptables de confrontación política.
