La Junta de Andalucía defendió desde el inicio que los problemas de acceso a los exámenes médicos digitales a través de ClicSalud+ respondieron únicamente a un pico de demanda en octubre pasado, tesis que quedó constatada tras la revisión exhaustiva de los sistemas de almacenamiento y de los protocolos de seguridad, descartando cualquier desaparición o modificación de archivos. Según informó la Fiscalía Provincial de Sevilla, la investigación sobre la supuesta “desaparición” de pruebas diagnósticas, como mamografías y ecografías, concluyó que el incidente relacionado con la plataforma no afectó en ningún momento la integridad de los historiales médicos, ni permitió accesos indebidos, alteraciones o manipulación de los datos almacenados por el Servicio Andaluz de Salud (SAS).
Tal como publicó la Fiscalía y reportaron diferentes medios, el análisis técnico realizado tanto por el SAS como por la Unidad de Policía Judicial permitió constatar que la situación experimentada en octubre de 2025 derivó de una “sobrecarga de demanda” que saturó los servidores del sistema, limitándose a afectar el módulo de visualización utilizado por los ciudadanos para consultar sus resultados médicos en ClicSalud+. Esta saturación, puntual y de corta duración, no impactó en los archivos clínicos ni en los procedimientos de almacenamiento y seguridad que protegen los expedientes de los pacientes. Según detalló la Fiscalía, la autenticidad y trazabilidad de los registros médicos permanecieron aseguradas durante todo el incidente.
De acuerdo con lo publicado por la Fiscalía Provincial de Sevilla, la investigación se inició a raíz de denuncias presentadas por la Asociación Amama Sevilla de Mujeres con Cáncer de Mama y la Asociación El Defensor del Paciente. Estas organizaciones solicitaron esclarecer si las dificultades de acceso reportadas por varias pacientes podrían deberse a la eliminación deliberada o acceso ilegal a las bases de datos sanitarias, tras detectarse impedimentos para consultar determinadas pruebas en la plataforma digital del SAS. El examen de estos hechos implicó la revisión de auditorías sobre los historiales clínicos de las personas denunciantes, así como una pesquisa sobre los registros de seguridad informática.
El medio ABC adelantó que la Fiscalía emitió un Decreto el 26 de noviembre de 2025, a partir de los informes técnicos, donde se estableció que no existían evidencias de manipulación interna ni sabotaje, tampoco alteraciones del sistema ni intervenciones externas. El órgano judicial expuso que los expedientes médicos de las pacientes afectadas no sufrieron eliminación, modificación ni acceso no autorizado, y que los archivos digitales respetaron los protocolos asistenciales vigentes en todo momento. Las auditorías, efectuadas para responder a las alegaciones específicas de afectación a informaciones como mamografías, certificaron que no se produjo ningún cambio o desaparición de registros médicos en los servidores centrales del SAS.
Según consignó el medio ABC, la denuncia concreta presentada por una paciente sobre la “eliminación” de un informe de mamografía y la anulación de una ecografía fue objeto de un análisis técnico específico, que concluyó que estos cambios obedecieron estrictamente a criterios de gestión clínica y no a la acción de terceros. La Fiscalía, tras recabar toda la información aportada por el SAS y por la Unidad de Policía Judicial, descartó cualquier tipo de infracción sobre los delitos de descubrimiento y revelación de secretos, regulados por los artículos 197 y 198 del Código Penal, así como la posible comisión de daños informáticos como prevé el artículo 264 del mismo texto legal.
El archivo de las diligencias, según reportó la propia Fiscalía Provincial de Sevilla, afecta exclusivamente a los hechos denunciados en este caso y no impide que las personas interesadas puedan recurrir a la vía legal o administrativa para canalizar demandas sobre retrasos, reprogramaciones de citas médicas o desacuerdos relativos a los criterios médicos en la gestión de pruebas. La Fiscalía, en su nota de prensa, recordó a las personas usuarias del sistema sanitario público andaluz la vigencia de los cauces administrativos y judiciales para impugnar actuaciones relacionadas con la atención clínica que no quedaran cubiertas por el objeto del proceso archivado.
Durante la investigación y en coordinación con la Sección de Criminalidad Informática, el SAS proporcionó todos los informes y documentos técnicos requeridos por el órgano judicial, incluyendo auditorías sobre los protocolos de seguridad digital y copias de los registros de acceso a los historiales médicos. Estos documentos respaldaron la conclusión de que el incidente se limitó al sistema de visualización para el usuario final y que el almacenamiento central de datos médicos en la red sanitaria andaluza funcionó en todo momento según los procedimientos establecidos.
La Sección de Criminalidad Informática constató expresamente que los hechos investigados no generaron responsabilidad penal y que los fallos detectados, ligados a una saturación puntual por exceso de solicitudes, no comprometieron la fiabilidad, confidencialidad o disponibilidad de la información clínica de los pacientes, según consignó la Fiscalía Provincial de Sevilla.
De acuerdo con la información difundida por la Fiscalía, el incidente técnico en ClicSalud+, aunque provocó que algunas pacientes no pudiesen acceder a sus resultados diagnósticos durante el pico de demanda, no supuso ninguna alteración en la integridad de los historiales ni pérdida de pruebas diagnósticas, como inicialmente temieron las asociaciones denunciantes. El análisis del historial de accesos y la revisión de los sistemas informáticos durante el proceso de investigación permitieron ratificar la ausencia de indicios delictivos o de compromisos en la seguridad del sistema, lo que motivó el archivo de todas las diligencias asociadas.
