La ausencia de infraestructuras accesibles en los edificios residenciales ha contribuido al aislamiento de unas 100.000 personas con discapacidad en España, muchas de ellas mayores, que no pueden salir de sus viviendas a causa de barreras arquitectónicas. Según publicó Europa Press, este escenario se ha convertido en uno de los motores para la tramitación de una reforma integral de la ley de dependencia y discapacidad, que actualmente estudia el Congreso y que impulsa el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030.
De acuerdo con Europa Press, la reforma normativa contempla, entre sus principales propuestas, obligar a las comunidades de propietarios a realizar adaptaciones en sus edificios, incluyendo la instalación de ascensores y otras infraestructuras, para garantizar que todas las personas, con o sin discapacidad, puedan acceder y participar plenamente en la vida social. Esta medida busca materializar los derechos reconocidos en la Constitución y avanzar hacia la accesibilidad universal en ámbitos como la vivienda, la educación, los servicios públicos, la salud y la vida familiar.
El director general de Derechos de las Personas con Discapacidad, Jesús Martín Blanco, declaró a Europa Press que la iniciativa toma en cuenta las aportaciones directas de las entidades representativas del colectivo, con el propósito de responder a las necesidades y experiencias acumuladas, y de priorizar la protección de los grupos más expuestos, como mujeres y menores víctimas de violencia y otros sectores poco visibilizados entre los que se encuentran personas migrantes y LGTBI con discapacidad.
La reforma, según detalló Martín Blanco en declaraciones recogidas por Europa Press, persigue alcanzar un amplio consenso parlamentario, similar al que logró la modificación del artículo 49 de la Constitución, y recuerda que la normativa impactará directamente a cerca de 12 millones de familias en España que conviven con la discapacidad.
Entre los mecanismos previstos, destaca el reconocimiento automático de la discapacidad a quienes ya son considerados dependientes, lo que permitirá reducir la carga burocrática y agilizar el acceso a recursos y servicios específicos. Según reportó Europa Press, el proyecto también plantea la creación de un fondo estatal destinado a financiar las obras de adaptación necesarias tanto en edificios residenciales como en espacios y equipamientos públicos, tales como hospitales, escuelas y museos.
La modificación sugerida de la Ley de Propiedad Horizontal obligará legalmente a las comunidades de vecinos a acometer las reformas precisas —como ascensores y rampas— para eliminar obstáculos e impulsar la autonomía de quienes hoy encuentran limitaciones en sus desplazamientos y participación, según detalló Europa Press. Este cambio legal responderá, entre otros motivos, al hecho de que en España, según la última Encuesta de Discapacidad, Autonomía Personal y Situaciones de Dependencia realizada por el Instituto Nacional de Estadística (INE) en 2020, se contabilizaban 4.380.000 personas con algún tipo de discapacidad, lo que representa 530.000 más que en 2008.
El perfil demográfico recogido por el INE y citado por Europa Press, da cuenta de que de ese total, 2,57 millones son mujeres y 1,81 millones hombres. Además, la incidencia de discapacidad aumenta entre las mujeres de más de 70 años, superando el 40% respecto a los varones de esas edades. Por comunidades autónomas, Cataluña figura como la región con más personas registradas con discapacidad (644.138), seguida de Andalucía (571.715) y Madrid (388.930), según datos del Imserso. Melilla, por su parte, lidera en términos proporcionales con 135 casos por cada 1.000 habitantes, seguida por Cantabria y Asturias, aunque el Imserso aclara que en estos casos los datos corresponden a cierre de 2022 por motivos técnicos.
El análisis también se detiene en la gravedad del grado de discapacidad. La Base Estatal de Datos del Imserso registró a finales de 2023 un total de 4.618.261 personas valoradas oficialmente. El 43% tiene un grado reconocido entre el 33% y el 44%, el 18,3% entre el 45% y el 63%, el 23,5% en el intervalo del 64% al 74%, y un 15,2% iguala o supera el 75%. Según el Observatorio Estatal de la Discapacidad, en 2023 hubo 30.511 personas menos reconocidas que el año anterior, según señaló Europa Press.
En cuanto a la distribución por edades, el Imserso especifica que el 40,9% de las personas con reconocimiento administrativo de discapacidad se encuentra en el tramo de 35 a 64 años, el 28,2% entre 65 y 79 años, el 17,8% tiene 80 años o más y el 13% es menor de 34 años. La proporción entre sexos es casi equitativa, aunque las mujeres presentan más prevalencia en los grados altos: el 54,3% de quienes tienen un grado del 75% o superior son mujeres.
Por tipos de discapacidad, los datos del INE, mencionados por Europa Press, indican una prevalencia de 19,51 casos por cada mil habitantes para afecciones neuromusculoesqueléticas o relacionadas con el movimiento, 16,53 por cada mil para afectaciones al sistema nervioso o funciones mentales, y 8,42 por mil para discapacidades sensoriales, visuales, auditivas, sordoceguera o asociadas al dolor.
Respecto al entorno residencial, la encuesta del INE de 2020 identificó a 357.894 personas con discapacidad viviendo en residencias. El 65,1% eran mujeres y el 65% tenía más de 80 años. Las limitaciones más habituales en este contexto se refieren al autocuidado (88,6%), tareas domésticas (86,9%) y movilidad (86,2%).
En el apartado de prestaciones, la reforma legal propuesta por el Ministerio de Derechos Sociales plantea la supresión de incompatibilidades entre ayudas y servicios vinculados a la dependencia, junto con la eliminación del periodo de espera de dos años para acceder a algunas prestaciones económicas, según detalló Europa Press. El texto también incorpora un procedimiento de urgencia para personas con especial vulnerabilidad, en especial para mujeres que han sido víctimas de violencia de género y permanecen en situación de dependencia.
La futura ley incluirá de forma oficial la asistencia personal dentro del catálogo de servicios reconocidos, con el objetivo de fomentar la autonomía y la independencia de las personas con discapacidad. No obstante, según Europa Press, en la práctica el acceso a este derecho ha resultado difícil debido a la complejidad de los trámites administrativos, lo que ha hecho que potenciales beneficiarios desistan de solicitarlos.
El reconocimiento y la mejora de las condiciones de las personas cuidadoras también ocupa un lugar destacado en la reforma. Además, el texto promueve modelos de atención libres de sujeciones físicas o químicas en centros residenciales y otros espacios asistenciales.
Actualmente, el Congreso discute las enmiendas presentadas al proyecto de ley, entre ellas las de Junts y el Partido Nacionalista Vasco, cuya defensa está prevista para el 11 de diciembre. Según expresó Jesús Martín Blanco y recogió Europa Press, quienes abogan por las enmiendas deberán argumentar si las competencias autonómicas deben prevalecer por encima del deber de garantizar la protección de los derechos fundamentales de las personas con discapacidad.
