Eduardo Abad, presidente de la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA), expresó su descontento por el reciente aplazamiento de la entrada en vigor del sistema Verifactu, calificando esta decisión como una repetición de situaciones previas donde el Gobierno ha alterado planes importantes para el sector autónomo. Según explicó Abad, la medida supone que la implementación de Verifactu se posponga un año, reactivando la preocupación dentro del colectivo sobre la falta de seguridad jurídica y la fiabilidad de las políticas públicas dirigidas a quienes trabajan por cuenta propia.
De acuerdo con informaciones publicadas por diversos medios, Abad manifestó que la decisión de retrasar Verifactu genera desconfianza entre los autónomos, un sector que, según el dirigente, “está harto de esta situación”. La Agencia Tributaria había previsto que el sistema comenzara a funcionar con la intención de mejorar la verificación de facturas electrónicas y así luchar contra el fraude fiscal, pero el retraso en su aplicación produce incertidumbre sobre la capacidad del Gobierno para llevar a término reformas estructurales.
Tal como detalló el medio consultado, Abad subrayó que Verifactu fue concebido presuntamente con el fin de combatir el fraude fiscal, aunque en su opinión el sistema no logrará ese objetivo de manera efectiva en determinados sectores profesionales. Explicó que existen actividades de alta cualificación –como las que atienden pacientes o clientes en despachos– donde, si no se emite factura, el sistema pierde su utilidad. Abad puntualizó: “Cuando no se emite la factura, el Verifactu no tiene sentido ninguno”, según recogió la publicación.
En su análisis, el presidente de UPTA enlazó esta postergación con situaciones anteriores, como la decisión oficial de modificar el calendario para las cotizaciones de la Seguridad Social, otro proceso que, según sus palabras, se ha caracterizado por la falta de consistencia y claridad. Según recogió el medio, Abad insistió en que este tipo de vaivenes en la toma de decisiones muestran que “parece que nadie está al volante de la situación”.
A juicio de la UPTA, estos retrasos reiterados no solo complican la planificación financiera de los autónomos, sino que también afectan su percepción sobre la estabilidad normativa en el entorno fiscal y laboral español. El aplazamiento de Verifactu se añade a una serie de cambios y rectificaciones que, según Abad, minan la confianza del colectivo en la acción del Ejecutivo y contribuyen a un clima de incertidumbre recurrente.
Según remarcó el dirigente y reportó el medio, Verifactu representa una herramienta diseñada para dotar de mayor transparencia a las transacciones económicas y facilitar la lucha contra el fraude en la facturación electrónica. Sin embargo, las dudas sobre la capacidad real de la herramienta persisten, especialmente cuando se consideran aquellos entornos en donde la obligación de emitir factura no se materializa. En este contexto, para la UPTA, la suspensión de la entrada en vigor no solo frena la modernización del sistema fiscal, sino que también deja en el aire cuestiones fundamentales sobre cómo y cuándo podrán aplicarse soluciones eficaces a los desafíos del sector.
Frente a este panorama, la demanda principal de los autónomos, según transmitió Abad en sus declaraciones y recogió el medio, se centra en la necesidad de políticas estables, decisiones firmes y continuidad en la aplicación de reformas, evitando experimentos o rectificaciones de última hora. Para la agrupación sindical, la seguridad jurídica constituye un elemento esencial para el desarrollo de la actividad profesional y cualquier factor que la menoscabe genera un impacto negativo sobre la confianza general de los trabajadores por cuenta propia.
El medio señaló además que el malestar expresado por Abad no solo refleja una preocupación puntual por Verifactu, sino que resume el clima de desconcierto y cansancio que atraviesa el colectivo, ante una sucesión de aplazamientos y cambios que afectan su día a día y su capacidad para adaptarse a cambios normativos que, en muchos casos, quedan sin efecto o se modifican sobre la marcha.
La percepción de la UPTA respecto al anuncio oficial es que retrasar un año más la entrada en vigor de Verifactu desvanece las expectativas de progreso en la lucha contra el fraude fiscal y pone en entredicho la hoja de ruta del Gobierno en materia de regulación para los autónomos. Según la organización, se requiere una mayor determinación por parte de las autoridades para garantizar que el avance en digitalización y fiscalización no quede sujeto a vaivenes políticos o decisiones repentinas que comprometan la credibilidad institucional.
