El abogado Dan Kovalik ha asumido la representación judicial de la familia Carranza tras la muerte de Alejandro Carranza, un pescador de Santa Marta que falleció debido a un ataque con misil dirigido a su embarcación en el Caribe. Según consignó el medio, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, vinculó este caso a una serie de operaciones realizadas por fuerzas militares estadounidenses en aguas caribeñas y denunció la falta de solidaridad internacional ante estos hechos, reclamando que las víctimas de violencia sean una prioridad para la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.
De acuerdo con la información publicada por el medio, Petro declaró públicamente a través de su cuenta en la red social X que los ataques liderados por fuerzas militares estadounidenses en el Caribe constituyen un “asesinato sistemático” y los calificó como delitos de lesa humanidad. El mandatario convocó a una movilización regional, instando a que los pueblos del Caribe se reúnan en asambleas para coordinar una respuesta frente a estas acciones. Petro expresó: “Creo que así sea desplazándose en canoa como antaño, los pueblos del Caribe deben reunirse por zonas en asamblea para unirse y actuar”.
El medio detalló que el presidente colombiano, en sus declaraciones, aseguró que abogados estadounidenses de ambos partidos comparten la apreciación sobre la necesidad de revisar las actuaciones militares y las órdenes impartidas por el secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth. Según informó Petro, estas órdenes han resultado en muertes de civiles caribeños. Además, sugirió que la justicia colombiana debería constituir una comisión compuesta por abogados nacionales para investigar los crímenes ocurridos en el mar Caribe.
En el mismo comunicado, el presidente de Colombia subrayó la responsabilidad de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado en la protección de las víctimas de violencia dentro del país. Señaló que la prioridad debe centrarse en la defensa de los afectados y la investigación de los hechos señalados en el ámbito marítimo.
El medio reportó que las operaciones de las fuerzas armadas estadounidenses en cuestión recibieron autorización directa del entonces presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien dio instrucciones a la CIA para intervenir en Venezuela. Estas acciones incluyeron un total de veintiún operativos lanzados sobre presuntas narcolanchas en aguas del Caribe y el Pacífico, que han dejado un saldo de al menos ochenta y tres fallecidos, según la información proporcionada. Ante el impacto de estos operativos, tanto el Congreso de Estados Unidos como la Asamblea Nacional de Venezuela anunciaron el inicio de investigaciones para esclarecer las circunstancias y responsabilidades ligadas a los ataques.
En su respuesta y en consonancia con lo publicado, Petro remarcó la importancia de coordinar esfuerzos en el Caribe como una vía para exponer y hacer frente a lo que denominó “asesinato sistemático” derivado de políticas extranjeras que afectan a la población local. Además, señaló la ausencia de respaldo internacional que, de acuerdo con sus palabras, ha rodeado el caso de Carranza y de otras víctimas civiles.
Por otro lado, el medio especificó que, en el intercambio público, Petro reiteró que existe acuerdo entre diferentes sectores legales en Estados Unidos respecto a la gravedad de las muertes causadas en estos operativos y la necesidad de una revisión tanto de las acciones como de las cadenas de mando implicadas en la toma de decisiones, en particular las órdenes provenientes del secretario de Defensa estadounidense.
El llamamiento de Petro incluye tanto la movilización de carácter social como la activación de mecanismos legales e institucionales. El presidente recalcó el papel de la justicia colombiana y de los organismos estatales de defensa jurídica en la protección de los derechos de las víctimas y en la investigación de los incidentes en aguas cercanas que involucran a fuerzas militares internacionales.
La publicación detalló que la muerte de Alejandro Carranza representa un símbolo de la situación que, en palabras de Petro, evidencia “poca solidaridad” frente a las víctimas de acciones militares estadounidenses en la región. El caso ha puesto de manifiesto las tensiones existentes entre Colombia y Estados Unidos respecto al abordaje de la lucha contra el narcotráfico desde una perspectiva armada, así como la preocupación del gobierno colombiano por las consecuencias civiles de estas operaciones.
El debate abierto por la postura de Petro se inscribe en un contexto más amplio de preocupación por la actuación de actores internacionales en el Caribe y la necesidad de articular una respuesta latinoamericana que permita tanto documentar como enfrentar los impactos sobre la población local. Según publicó el medio, el gobierno colombiano sostiene que el esclarecimiento judicial y la movilización regional son herramientas clave frente a los delitos de lesa humanidad denunciados en el presente caso y otros similares asociados a operaciones antinarcóticos.
