La falta de ejecución de órdenes de arresto emitidas por el Tribunal Penal Internacional (TPI) y la aparente despriorización política y financiera de su labor por parte de varios Estados plantea un desafío serio para la eficacia de la justicia penal internacional y la confianza depositada por las víctimas en sistemas internacionales de protección. Según una cobertura de Europa Press, Human Rights Watch (HRW) advirtió que estos patrones y omisiones aumentan la probabilidad de que personas acusadas por delitos como genocidio, crímenes de guerra y violaciones graves a los derechos humanos queden sin sanción, especialmente en contextos donde los sistemas judiciales nacionales presentan deficiencias de competencia o de independencia. Esta preocupación se expresó durante la vigésima cuarta asamblea anual del TPI, espacio en el que HRW exhortó a los gobiernos miembros a defender con mayor decisión la integridad del tribunal frente a recortes financieros, presiones de gobiernos extranjeros y falta de voluntad política.
De acuerdo con lo reportado por Europa Press, la organización destacó que los actuales desafíos presupuestarios atraviesan la capacidad operativa del tribunal. El informe de HRW señala que la reducción en la disponibilidad de fondos repercute directamente tanto en la plantilla encargada de investigaciones y procesos judiciales, como en la sostenibilidad de infraestructuras esenciales y el acceso a tecnologías necesarias para la labor investigadora. Esta insuficiencia presupuestaria afecta el funcionamiento básico de la corte en momentos clave y obstaculiza la atención a un volumen complejo de expedientes.
HRW, según consignó Europa Press, ilustró el impacto de la falta de cooperación con la referencia a episodios como la visita del primer ministro israelí Benjamin Netanyahu a Hungría, ocasión en la que el gobierno local no ejecutó la orden de arresto cursada por el TPI. El medio añadió que situaciones similares han ocurrido en Italia y Tayikistán. Estos hechos, según HRW, evidencian una disposición limitada por parte de algunos Estados a colaborar plenamente con las obligaciones judiciales derivadas del Estatuto de Roma, lo que en la práctica bloquea esfuerzos internacionales para juzgar y detener delitos de magnitud internacional.
La cobertura de Europa Press agrega que HRW alertó sobre un contexto internacional marcado por presiones y ataques a la jurisdicción del TPI de parte de potencias como Estados Unidos y Rusia. Durante la administración de Donald Trump, el gobierno estadounidense impuso sanciones directas contra jueces y funcionarios del tribunal, medida que afectó su independencia y funcionabilidad. Por su parte, el gobierno ruso recurrió a acciones legales y amenazas de arresto dirigidas al personal del TPI, estrategias que, según HRW, buscan impedir la actuación de la corte en investigaciones de alto interés internacional y proteger a figuras implicadas en potenciales responsabilidades penales.
Según publicó Europa Press, HRW interpretó estas intervenciones como etapas de una estrategia internacional para acotar las competencias del TPI, recurriendo tanto a la presión diplomática como al impulso de reformas legislativas en los Estados miembros y en torno al marco legal internacional. Este tipo de obstáculos, indicó HRW, agrava la situación de las víctimas de delitos internacionales, quienes pueden quedarse sin vías alternativas de acceso a la justicia cuando los sistemas nacionales resultan insuficientes o presentan graves déficits de imparcialidad y capacidad.
Durante la asamblea, Liz Evenson, directora de Justicia Internacional de HRW, expuso que solamente a través de la dotación de recursos económicos estables y el acceso a herramientas técnicas adecuadas se logrará que el TPI mantenga su eficacia y pertinencia como órgano de justicia. Europa Press recogió sus declaraciones, en las que insistió en que el apoyo debe ir más allá de compromisos retóricos y traducirse en acciones concretas, respaldo logístico y financiero, para preservar la relevancia y capacidad de acción del tribunal frente a crímenes de escala internacional.
Europa Press también recogió que HRW subrayó la necesidad de que los compromisos contraídos por los Estados al suscribir tratados internacionales como el Estatuto de Roma se reflejen en hechos verificables, incluida la provisión efectiva de recursos y la cooperación en la ejecución de decisiones del TPI. La organización destacó que solo una continuidad de la colaboración intergubernamental y una voluntad política sostenida permitirán que el tribunal actúe donde los órganos nacionales presentan carencias estructurales o dependen de factores políticos en lugar de criterios jurídicos claros.
Por último, el análisis de HRW, según detalló Europa Press, planteó la urgencia de que los Estados partes del TPI asuman la tarea de garantizar el soporte financiero y técnico que el tribunal necesita para cumplir su mandato en el largo plazo. HRW sostuvo que estas medidas resultan fundamentales para que la justicia penal internacional conserve su capacidad de ofrecer reparación y acceso a la verdad para comunidades afectadas por violaciones de derechos humanos, y aseguré que tales delitos no queden sin respuesta cuando la jurisdicción nacional no ofrece alternativas idóneas.
