La transmisión segura de los registros electorales y el refuerzo de la cadena de custodia sobre la documentación oficial marcaron una de las prioridades para las autoridades hondureñas durante el recuento electoral, motivadas por una atmósfera de desconfianza social hacia el proceso y la validez de los datos. Según publicó El Heraldo, los dispositivos para proteger físicamente las actas y garantizar que los datos no sufran interferencias resultaron especialmente rigurosos debido a la persistencia de denuncias ciudadanas sobre irregularidades y temores de fraude.
El Heraldo detalló que la fase de conteo de votos en las elecciones de Honduras fue objeto de una vigilancia sin precedentes, tanto nacional como internacional. Bajo una estrategia orientada a fortalecer la transparencia, el acceso fue excepcionalmente abierto a observadores ajenos al círculo formal, sumándose tanto misiones extranjeras como voluntarios nacionales sin acreditación previa. Esta flexibilización obedeció, de acuerdo con el mismo medio, a reclamos ciudadanos acumulados y a las presiones ejercidas por organismos internacionales, en busca de ampliar los estándares de vigilancia durante el escrutinio.
La orden para extender la jornada, permitiendo que todas las personas presentes en las filas pudieran ejercer su derecho al voto incluso después del horario oficial, se originó en una instrucción de Ana Paola Hall, presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE). Esta directiva, conforme recoge El Heraldo, implicó la aplicabilidad de la Ley Electoral en escenarios de afluencia elevada, extendiendo así el tiempo de apertura de urnas. Como resultado, el inicio formal del recuento se pospuso para después de las 18:00 horas en los centros habilitados, lo que generó la atención inmediata de sectores sociales, actores comunitarios y organismos internacionales sobre la forma en que el personal electoral desarrollaría sus funciones y sobre la fiabilidad del procedimiento.
El contexto de estas elecciones estuvo condicionado por el estado de excepción vigente en Honduras desde diciembre de 2022, el cual restringió manifestaciones públicas y limitó actividades políticas, factores que impactaron en la campaña electoral y acentuaron el clima de polarización social. Más de seis millones de hondureños fueron convocados a las urnas para definir, mediante mayoría simple, cargos tanto del ámbito nacional como local, incluyendo la presidencia, vicepresidencia, totalidad del Congreso Nacional, los representantes en el Parlamento Centroamericano, y autoridades ejecutivas y legislativas en los 298 municipios del país.
La legislación vigente estipula que todos los cargos municipales —alcaldías, vicealcaldías y regidurías, sumando aproximadamente 2.170 designaciones, según El Heraldo— se resuelven en una sola vuelta electoral; el sistema hondureño no contempla balotaje. Esta estructura deja todo el resultado en manos de una instancia única de escrutinio, reforzando el carácter decisivo de cada sufragio, aumentando las tensiones y exigiendo, al mismo tiempo, garantías extraordinarias de limpieza y transparencia.
Durante la jornada electoral, los dispositivos de seguridad incluyeron la movilización conjunta de las Fuerzas Armadas y el área de informática del CNE, responsables de proteger los documentos oficiales y los sistemas de transmisión de información asociados al proceso. La vigilancia extrema, según destacó El Heraldo, respondió tanto al ambiente de sospecha sobre eventuales manipulaciones como al temor evidente a actividades e infiltraciones delictivas. La percepción pública sobre la posibilidad de una intervención de grupos criminales o la corrupción dentro del proceso figuraron entre las principales preocupaciones presentes en el espacio público y mediático.
Frente a este entorno, la inclusión de observadores adicionales buscó fortalecer la legitimidad del resultado final y limitar el margen de manipulación. El Heraldo consignó cómo diversas candidaturas y sus partidos expusieron con regularidad denuncias relacionadas con nexos del narcotráfico y el miedo a la injerencia de redes ilícitas dentro de la contienda. Este tipo de acusaciones, comunes tanto durante la campaña como en la jornada de votación, contribuyó a elevar el nivel de escrutinio y la presión sobre los organismos encargados.
Separadamente, El Heraldo informó que el respaldo explícito del expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, al candidato conservador Nasry Asfura, junto a referencias sobre la situación judicial de Juan Orlando Hernández —condenado en Estados Unidos por vínculos con el narcotráfico—, añadieron un matiz internacional a la campaña. En la disputa presidencial acompañaron a Asfura la oficialista Rixi Moncada y Salvador Nasralla, identificado con posturas centristas, en una contienda en la que la falta de segunda vuelta reforzó la importancia de lograr la mayoría simple en el acto principal de votación.
El desarrollo del recuento trasladó el foco de atención hacia el Consejo Nacional Electoral y su presidenta, Ana Paola Hall, sobre quienes recayó la responsabilidad de asegurar apertura y transparencia, respondiendo tanto a la sociedad hondureña como a los organismos internacionales. El Heraldo enfatizó que el monitoreo constante añadía una carga inédita para los actores políticos y las autoridades electorales, ya que el sistema hondureño no prevé mecanismos de revisión posterior: todo quedaría definido en una única sesión de escrutinio.
De acuerdo con el seguimiento del medio hondureño, la expectativa social y el interés internacional permanecieron centrados en la comunicación del veredicto, elemento clave para valorar la solidez institucional y la credibilidad de las autoridades electas.
