La Confederación Estatal de Personas Sordas (CNSE) ha celebrado el webinario 'La privación lingüística como forma de violencia en la infancia sorda', un encuentro en el que se han analizado las consecuencias de la falta de acceso temprano a la lengua de signos por parte de los menores sordos y su consideración como una forma de violencia estructural.
En la presentación, Natalia Mejías, referente para Infancia y Familias del Consejo de la CNSE, ha expuesto que abordar la privación lingüística "implica mirar de frente una realidad que afecta al desarrollo emocional, cognitivo y social de miles de niñas, niños y adolescentes sordos".
Mejías ha recordado que asegurar "el acceso adecuado y temprano" a una lengua natural durante el periodo crítico de adquisición del lenguaje, comprendido entre los cero y los cinco años, representa una obligación ética: "Cuando ese acceso falla, fallan los derechos que sostienen la dignidad y el bienestar de la infancia".
Desde este enfoque, ha indicado que la privación lingüística es "una condición estructural que puede sostenerse de forma crónica hasta la adolescencia cuando los entornos familiares, educativos o sociales no garantizan modelos lingüísticos competentes ni una comunicación accesible". "La lengua de signos no debe entenderse únicamente como un recurso comunicativo, sino como un espacio de vínculo, de identidad y de desarrollo integral", argumentó.
En el análisis legal, Patricia Mora, asesora jurídica de la CNSE, ha hecho hincapié en los efectos de la privación lingüística (retrasos en el desarrollo lingüístico, déficits cognitivos, aislamiento social, dificultades en funciones ejecutivas, fragilidad identitaria, brechas educativas y problemas de salud mental) para argumentar que no puede seguir tratándose como un problema individual.
"Es una forma de violencia por omisión que se ha mantenido invisibilizada durante años y que está claramente vinculada con formas de violencia institucional y simbólica recogidas por la Estrategia de Erradicación de la Violencia contra la Infancia y la Adolescencia (EEVIA)", ha denunciado.
Además, Mora ha remarcado que puede manifestarse a través de la inacción institucional, la falta de recursos accesibles, el audismo o la desvalorización cultural y simbólica de la lengua de signos y ha insistido en que, reconocerla como tal, "resulta imprescindible para avanzar hacia políticas públicas que garanticen el ejercicio de derechos fundamentales como la comunicación, la educación inclusiva o la participación social".
La jurista ha destacado a su vez que niñas, niños y adolescentes sordos se enfrentan situaciones de mayor vulnerabilidad debido a desigualdades de género, edad y discapacidad, y ha señalado que la ausencia de accesibilidad lingüística limita su autonomía, incrementa la dependencia y perpetua la desigualdad. "El aprendizaje y uso de la lengua de signos debe concebirse como un derecho universal, público y gratuito, y no como un recurso opcional o complementario", indicó.
DEMANDAS
Entre las medidas expuestas en el webinario, se planteó la necesidad de garantizar el acceso temprano a la lengua de signos desde los primeros meses de vida; consolidar modelos educativos bilingües en lengua de signos y lengua oral; establecer canales de denuncia accesibles; y crear indicadores de seguimiento que permitan detectar contextos donde no se esté garantizando el acceso lingüístico.
Asimismo, se reivindicó el papel del movimiento asociativo de personas sordas como agente experto y necesario para el diseño, la implementación y la evaluación de las políticas públicas relacionadas con la infancia sorda, y se avanzó la publicación del informe 'Privación lingüística y violencia en la infancia sorda: una aproximación desde los derechos fundamentales'.
La sesión concluyó con un mensaje compartido por ambas ponentes: la erradicación de la privación lingüística debe entenderse como "un compromiso colectivo y una obligación institucional". Este webinario ha contado con el apoyo del Ministerio de Infancia y Juventud y Fundación ONC
