Las autoridades hongkonesas confirmaron que entre los arrestados por el incendio de los apartamentos Wang Fuk figuran tres personas directamente vinculadas a las obras de renovación del complejo, mientras la investigación oficial examina si los materiales utilizados durante los trabajos facilitaron el avance de las llamas y obstaculizaron la evacuación. Según informó South China Morning Post, este incendio ha provocado la muerte de 146 residentes y ha dejado un centenar de personas sin localizar, lo que ha desencadenado una respuesta policial y judicial enfocada tanto en la seguridad del edificio como en el mantenimiento del orden público en la ciudad.
El balance oficial, difundido el domingo por la policía, detalla que la tragedia en los apartamentos Wang Fuk deja el mayor número de fallecidos por un incendio en Hong Kong desde 1948, año en que la explosión e incendio de un almacén en Shek Tong Tsui causó 176 muertes, según registros históricos recopilados por South China Morning Post. Además de las víctimas fatales y desaparecidas, al menos 79 personas sufrieron heridas por la deflagración, aunque no se ha proporcionado información sobre la gravedad o el estado de los pacientes, reportó el mismo medio.
Las pesquisas preliminares atribuyen la rápida expansión del fuego tanto a los materiales empleados en el andamiaje como a la espuma instalada en las ventanas durante las recientes obras. Los investigadores apuntan a que estos elementos inflamables permitieron que las llamas avanzaran con mucha velocidad, impidiendo a muchos residentes encontrar salidas seguras y complicando la intervención de los equipos de rescate, de acuerdo con la información publicada por South China Morning Post.
El número de arrestados por la tragedia asciende a ocho personas, conforme a datos recogidos por Bloomberg y confirmados por South China Morning Post. Entre ellos figuran contratistas y trabajadores implicados en la remodelación del complejo. Las autoridades mantienen bajo investigación los métodos constructivos y evalúan posibles incumplimientos de las normativas de seguridad, además de analizar el grado de responsabilidad de quienes participaron en las obras.
La resonancia social del suceso ha sido relevante. El gobierno de Hong Kong decidió implementar medidas direccionadas a controlar tanto la posible explosión del malestar social como la reacción pública ante la catástrofe. De acuerdo con lo reportado por South China Morning Post, uno de los detenidos promovía una petición digital en la que instaba al gobierno a mejorar el seguimiento y prevención de emergencias tras el incendio. La Oficina para la Salvaguardia de la Seguridad Nacional ha advertido sobre sanciones legales a quienes, en el contexto del incendio, inciten disturbios o pongan en peligro la estabilidad nacional.
La posición del gobierno local y las fuerzas policiales corresponde a una actitud vigilante que busca evitar manifestaciones masivas como las ocurridas en 2019, cuando numerosas protestas llevaron a Pekín a promulgar en 2020 la ley de seguridad nacional, acotando las expresiones de disidencia política y social en el territorio. La policía de Hong Kong comunicó a Bloomberg que todas las acciones se ejecutarán según las circunstancias y dentro de los límites de la legislación vigente en la región administrativa especial.
El contexto político imprime un matiz especial a la gestión de la emergencia, justo cuando la ciudad se prepara para las elecciones legislativas programadas para el 7 de diciembre. Bloomberg señala que la anterior cita electoral, celebrada bajo un sistema redactado por Pekín en 2021 que restringe la participación a "solo patriotas", se vio marcada por una baja afluencia como consecuencia de boicots promovidos entre la ciudadanía. South China Morning Post añadió que la reanudación de la campaña electoral está prevista para este jueves.
La crisis derivada del incendio ocurre en un escenario donde la administración hongkonesa intensifica esfuerzos por reparar la imagen pública internacional de la ciudad, deteriorada tanto por la dura represión de protestas como por las críticas recibidas en el marco de las medidas para contener la pandemia de COVID-19. La catástrofe y su gestión han llevado a las autoridades a poner especial atención en el discurso oficial sobre la capacidad de respuesta, la supervisión de la seguridad y la evolución de las tareas de rescate y reconstrucción.
La magnitud del desastre ha hecho que las operaciones de búsqueda de sobrevivientes sigan activas en la zona, mientras familiares y allegados de los desaparecidos esperan información sobre el paradero de sus seres queridos, reportó South China Morning Post. Paralelamente, los procedimientos policiales y la vigilancia sobre manifestaciones continúan como parte de la estrategia de control institucional.
La investigación en curso analiza todos los aspectos relacionados con la construcción, los procesos de renovación y los protocolos de emergencia aplicados en el complejo Wang Fuk. Las autoridades anticipan que los resultados de estas indagaciones podrán esclarecer las causas directas e indirectas de la tragedia, así como definir posibles negligencias y responsabilidades legales de los implicados en la remodelación del edificio. Según las fuentes consultadas por Bloomberg y South China Morning Post, se mantendrá la investigación simultáneamente con la vigilancia de cualquier movilización social y las labores de respuesta humanitaria sobre el terreno.
El incendio en Wang Fuk no solo ha expuesto los retos pendientes en la seguridad edilicia de la ciudad, sino que se inserta en una coyuntura marcada por el control político y el próximo proceso electoral, donde las acciones de gobierno buscan responder a la tragedia y, al mismo tiempo, dar un mensaje de estabilidad y capacidad de gestión frente a la comunidad local y la opinión internacional.
