El rector de la Universidad de Granada, Pedro Mercado, se pronunció el pasado 24 de septiembre sobre la suspensión de colaboraciones académicas y científicas con instituciones israelíes, detallando que el equipo jurídico de la universidad revisaba la reciente sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) para fundamentar un recurso ante el Tribunal Supremo. Según información obtenida por Europa Press, la universidad defiende ante el máximo órgano judicial su autonomía institucional para adoptar decisiones en materias de cooperación internacional y asegura que la medida impulsada contra entidades israelíes no representa discriminación ni infringe garantías fundamentales.
De acuerdo con Europa Press, la Universidad de Granada formalizó el 4 de noviembre un recurso en casación ante el Tribunal Supremo, tras la resolución del TSJA que anulaba la suspensión de las colaboraciones académicas y científicas con universidades y centros israelíes. El recurso de la universidad alude directamente al derecho fundamental de autonomía universitaria, argumentando que dicha suspensión fue aprobada por el Consejo de Gobierno en el marco de sus competencias y niega haber incurrido en vulneraciones de los derechos a la igualdad y a la integridad moral.
La decisión de la UGR, adoptada en mayo de 2024, implicó detener la movilidad de estudiantes, docentes, investigadores y personal técnico, de gestión, administración y servicios con instituciones de Israel. Se canceló también la cooperación científico-técnica y diversos convenios que vinculaban a la universidad granadina con entidades académicas israelíes. Esta medida resultó de movilizaciones encabezadas por estudiantes, miembros de la comunidad universitaria y colectivos de la sociedad civil, según reportó Europa Press.
La reacción judicial se originó tras la impugnación de la Asociación Acción y Comunicación sobre Oriente Medio (ACOM), cuya demanda prosperó en el TSJA. Este tribunal consideró que la suspensión de cooperaciones, bajo el argumento de la autonomía universitaria, generó un resultado discriminatorio y comprometió la dignidad y la integridad moral de las personas potencialmente afectadas. El fallo estableció que el acuerdo de la UGR presentaba un carácter estigmatizante, al atribuir una responsabilidad colectiva sobre el conflicto en Oriente Medio a individuos vinculados a las instituciones académicas israelíes y excluirlos de la vida universitaria, sin valorar sus opiniones personales sobre la coyuntura internacional.
La sentencia indica, conforme a Europa Press, que la resolución del Consejo de Gobierno de la UGR transmitió una imagen negativa hacia personas y colectivos israelíes, exponiéndolos a una diferenciación y “generándoles un peligro”. El tribunal destaca la gravedad de la situación por tratarse de una universidad pública, y remarca que la autonomía universitaria, aunque es un derecho fundamental, no está por encima de otros derechos fundamentales cuando sus decisiones afectan fuera de sus competencias y, como en este caso, contienen medidas que podrían vulnerar derechos.
Europa Press detalla que la controversia judicial no comenzó en el TSJA. En marzo de 2025, el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 3 de Granada había ratificado la legalidad de la suspensión, argumentando que la UGR actuó en el marco de su autonomía, y que la medida respondía proporcionalmente a los principios internacionales humanitarios, sin constituir discriminación. Esta interpretación fue revocada en septiembre por el TSJA, dando lugar a la actual apelación ante el Tribunal Supremo.
Las fuentes universitarias citadas por Europa Press insisten en que la interpretación judicial previa no acertó al valorar la afectación de derechos fundamentales y subrayan que el acuerdo universitario no estableció discriminación ni vulneró garantías de igualdad o integridad. El Consejo de Gobierno de la UGR señala que el objetivo de la medida fue responder a la petición de amplios sectores estudiantiles y sociales, alineándose, según su argumentación, con los valores y principios de la institución.
El caso se encuentra en el Tribunal Supremo, que ahora deberá dirimir sobre los límites de la autonomía universitaria frente a posibles impactos en derechos fundamentales y sobre la competencia de las universidades públicas en temas de política internacional a través de la firma o suspensión de acuerdos institucionales, tal como informó Europa Press.
