Las comunidades autónomas se enfrentarán a una reducción en su margen de gasto tras la decisión del Congreso sobre los objetivos de estabilidad presupuestaria y deuda pública para el periodo 2026-2028. Según publicó el medio, el rechazo de estos límites complica la tramitación de los Presupuestos Generales del Estado y plantea dificultades para la gestión de recursos regionales.
El Pleno del Congreso registró 176 votos en contra ─provenientes del Partido Popular (PP), Vox y Junts─ a la senda de déficit presentada por el Gobierno, lo que imposibilita la aprobación institucional de los propósitos fiscales para las distintas administraciones públicas entre 2026 y 2028, según detalló la fuente. Esta decisión bloquea el paso previo necesario para la preparación y el debate de los nuevos presupuestos estatales. Pese a esta negativa, la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, aseguró durante el debate parlamentario que continuará el proceso de presentación presupuestaria, aunque advirtió que el contexto resultante limitará la capacidad de gasto de las autonomías.
La principal crítica formulada desde el PP fue la acusación de que la subida del techo de gasto para 2026, que experimenta un incremento del 8,5 % y que por primera vez sobrepasa los 200.000 millones de euros, supera el ritmo esperado de crecimiento del Producto Interior Bruto (PIB). De acuerdo con el vicesecretario de Hacienda del PP, Juan Bravo, esa diferencia no refleja prudencia fiscal, sino una dinámica de gasto que tildó de “descontrolada”, financiada en mayor medida con incremento de impuestos y emisión de deuda. Bravo añadió que el descenso del déficit público español se apoyó en el rigor de comunidades autónomas y ayuntamientos, y denunció que la Administración Central elevó su déficit del 2,58 % al 3,1 % entre 2023 y 2024. Aseguró además que “no puede presentar unos objetivos de estabilidad un Gobierno que no es estable”, según recogió el medio.
Vox mantuvo un discurso similar en el Pleno, sumando críticas al uso de fondos europeos y a la política de gasto del Consejo de Ministros. El secretario general del grupo parlamentario, José María Figaredo, cuestionó el destino de recursos hacia empresas públicas y programas de ayuda internacional y medioambiental. Figaredo declaró: “Cada martes ustedes reparten el dinero de los españoles en infinitas mierdas que no redundan en el beneficio de los españoles, y esto se tiene que acabar”, según reportó el medio.
Desde Junts, Josep Maria Cruset planteó dudas sobre la gestión de la ministra de Hacienda. Subrayó que en los ocho años de Montero como ministra solo se presentaron tres proyectos presupuestarios, una cifra que, en palabras de Cruset, habría supuesto la dimisión de cualquier otro ministro por “manifiesta incapacidad”. El diputado también señaló que la propuesta de déficit para las autonomías se mantiene en el 0,1 %, el mismo umbral que fue rechazado en el Congreso en julio del año anterior, lo que le llevó a prever que se repetirán los resultados. Cruset concluyó que el Gobierno no busca en realidad aprobar nuevos presupuestos, sino only presentar una iniciativa sabiendo que será rechazada por el PP, para utilizar ese rechazo en la próxima campaña electoral en Andalucía, donde Montero será candidata, según publicó el medio.
Otras formaciones que votaron en contra, como UPN, también expresaron su desacuerdo con la estrategia del Gobierno. Su portavoz, Alberto Catalán, solicitó al Ejecutivo que convoque elecciones en lugar de prolongar lo que consideró una situación insostenible.
Por otro lado, Sumar y sus socios en el bloque de izquierda respaldaron los objetivos fiscales presentados por el Ministerio de Hacienda. Carlos Martín, portavoz económico de Sumar, instó al PP a abandonar “intereses partidistas” para no poner en peligro la estabilidad de la economía española. Explicó ante el Congreso que la ausencia de una senda fiscal definida, junto con la falta de presupuestos y fondos europeos, agudizará el riesgo de desaceleración provocada por la guerra comercial. “Sin senda de objetivos de estabilidad, sin presupuestos y sin fondos europeos, nuestra economía se desacelerará. Y cuando la economía se enfría sufren las familias, sufren los autónomos y sufren las pymes”, afirmó Martín según reportó el medio.
En el bloque de investidura, Esquerra Republicana (ERC), EH Bildu, PNV y BNG manifestaron su apoyo a la propuesta del Gobierno, según consignó la fuente. El respaldo de estas formaciones marca una diferencia en el escenario parlamentario respecto a otros grupos minoritarios críticos, como Podemos y Compromís.
La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, interpretó la falta de acuerdo como una maniobra encaminada a abrir la precampaña electoral del PSOE, no como un esfuerzo real por lograr unos nuevos presupuestos. Dentro del Grupo Mixto, la diputada Águeda Micó (Compromís) sostuvo la posición de que el objetivo de déficit debería ajustar su cuantía para cada territorio según sus necesidades específicas y el grado de financiación de cada comunidad autónoma.
A partir de la votación, la tramitación de los Presupuestos Generales del Estado para el año 2026 queda condicionada a una complicada configuración política, sin consenso mayoritario en torno a las metas fiscales establecidas por el Ejecutivo. Los debates abiertos han puesto de relieve el desacuerdo sobre el modelo de gestión del gasto público, las fuentes de financiación y la flexibilidad que requieren las administraciones autonómicas. Según detalló el medio, las posiciones en el Congreso continúan polarizadas, mientras la incertidumbre sobre la aprobación de los nuevos presupuestos y la distribución de fondos públicos mantiene en vilo a las distintas administraciones del Estado.
