El MIRPS, un acuerdo regional que agrupa a Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, México y Panamá, ha impulsado la puesta en marcha de los primeros proyectos financiados con fondos provenientes de España, beneficiando a más de 24.000 personas desplazadas en Centroamérica y México. Esta acción, implementada en 2025, forma parte del compromiso por atender una crisis que afecta a más de 1,7 millones de personas forzadas a dejar sus hogares en la región. Según informó la Organización de Estados Americanos (OEA), los gobiernos de estos países adoptaron la Declaración de Heredia en una reunión celebrada bajo la presidencia temporal de Costa Rica, fijando nuevas estrategias para garantizar derechos, integración y asistencia humanitaria a los desplazados.
Durante el encuentro regional, las autoridades reafirmaron la prioridad de responder de manera coordinada al incremento del desplazamiento forzado, una problemática agudizada por la violencia y factores socioeconómicos. El comunicado de la OEA detalló que la Declaración de Heredia establece el fortalecimiento de los sistemas de protección, el acceso a servicios básicos y el desarrollo de opciones para la integración local de la población afectada. Los firmantes señalaron la necesidad de sumar esfuerzos no solo a nivel gubernamental, sino también articulando acciones con gobiernos locales, instituciones financieras internacionales y organismos multilaterales.
La OEA destacó el papel de la cooperación internacional y la asistencia técnica de socios externos en la respuesta regional. El documento firmado resalta el impacto positivo de proyectos concretos y medidas articuladas regionalmente para transformar vidas y hacer efectivo el apoyo a las personas desplazadas. El secretario general de la OEA, Albert Ramdin, sostuvo que “el Fondo MIRPS ya está transformando vidas”, y remarcó la importancia de iniciativas financiadas, como la última impulsada con respaldo de España.
El Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados, Filippo Grandi, subrayó el valor de la colaboración y la responsabilidad compartida en el contexto del MIRPS. Citado por el medio, Grandi afirmó que este mecanismo “demuestra que el diálogo, la cooperación y la responsabilidad compartida no solo son posibles, sino indispensables". Añadió que "el derecho a solicitar asilo es una obligación moral y jurídica que fortalece la soberanía de los Estados”.
De acuerdo con la OEA, la Declaración de Heredia enfatiza la atención a las causas estructurales del desplazamiento, y promueve soluciones duraderas en beneficio de las poblaciones en tránsito o destino. Los países firmantes asumieron el reto de mantener una cooperación internacional constante para abordar los episodios de violencia, las crisis socioeconómicas y los desafíos relacionados con los derechos humanos que inciden en la movilidad forzada.
El traspaso de la presidencia temporal del MIRPS de Costa Rica a El Salvador para el ciclo 2026 garantiza la continuidad de los compromisos asumidos en el marco del acuerdo, reportó la OEA. La organización explicó que el MIRPS se presenta como una herramienta clave, alineada con los principios del Pacto Mundial sobre los Refugiados, y suma a la cooperación entre países de origen, tránsito y destino.
Las propuestas incluidas en la Declaración apuntan a fortalecer la prevención del desplazamiento y asegurar tanto la protección como la integración de quienes se han visto obligados a migrar dentro o fuera de sus países. Según la OEA, los proyectos financiados, especialmente a través del apoyo internacional, representan una vía para atender de forma integral tanto las necesidades inmediatas como la promoción de reintegración a largo plazo.
El contexto regional se caracteriza por persistentes conflictos, desigualdades socioeconómicas y amenazas a la seguridad y los derechos fundamentales, factores que la OEA identifica como impulsores de la migración forzada. Los gobiernos y actores participantes coincidieron en que la atención a estas causas profundas constituye un elemento esencial de la estrategia conjunta.
En relación con la cooperación técnica y financiera, la OEA resaltó la importancia de contar con el apoyo de instituciones multilaterales y bancos internacionales para asegurar la implementación de los proyectos previstos. Asimismo, el rol de países cooperantes, como España, ha sido destacado por su contribución al avance de medidas concretas.
El acuerdo alcanzado en Heredia representa, según consignó la OEA, un avance sustancial para la región en la búsqueda de respuestas integradas frente al crecimiento de los flujos migratorios. El compromiso asumido por los gobiernos busca consolidar entornos seguros y facilitar el acceso de los desplazados a servicios y derechos básicos, abriendo paso a soluciones sostenidas y coordinadas a nivel intergubernamental.
El informe oficial también contextualizó la cooperación lograda a través del MIRPS como un ejemplo regional alineado con los esfuerzos globales de protección humanitaria y acogida de personas refugiadas y desplazadas. Los representantes gubernamentales hicieron hincapié en la urgencia de seguir profundizando la cooperación y la implementación de mecanismos que permitan enfrentar los efectos sociales, políticos y económicos de la crisis migratoria actual.
Las autoridades participantes acordaron poner el foco en el desarrollo de políticas efectivas, sostenibles y adaptadas a las realidades locales, lo que implica reforzar capacidades estatales y promover la corresponsabilidad de todos los países involucrados, incluyendo naciones de tránsito y destino, según puntualizó la OEA. El respaldo político al MIRPS, confirmado en la Declaración de Heredia, establece la colaboración multinacional como respuesta a un desafío que afecta de manera transversal a Centroamérica y México.
