En las últimas jornadas, el debate político en Estados Unidos ha escalado tras la difusión de un video donde varios legisladores demócratas, entre ellos el senador Mark Kelly y los representantes Chris DeLuzio, Maggie Goodlander, Chrissy Houlahan y Jason Crow, analizan la legalidad de ciertas órdenes presidenciales dadas a los militares. Según publicó el medio de comunicación citado, estos funcionarios recordaron públicamente que la legislación estadounidense contempla la posibilidad de rechazar órdenes consideradas ilegales, en especial en medio de la tensión por despliegues de la Guardia Nacional ordenados por el presidente Donald Trump y las críticas al proceder de las fuerzas del Departamento de Seguridad Nacional en operaciones calificadas como detenciones irregulares.
A raíz de la circulación de este video, compartido originalmente por la senadora por Michigan Elissa Slotkin, el presidente Donald Trump intensificó sus señalamientos en su red social Truth Social, al expresar que los legisladores demócratas que instaron al Ejército a rechazar órdenes presidenciales deberían estar en prisión, acusándolos de sedición. Así lo informó el medio, que además recordó que días antes el mandatario había llegado a solicitar la pena de muerte en la horca para los implicados, aunque en su más reciente mensaje puso el énfasis en la cárcel como castigo para lo que considera traición.
Mark Kelly, quien cuenta con experiencia como oficial de la Marina y exastronauta, aseveró en el video, según reportó el medio, que la administración Trump está enfrentando a los militares y a los profesionales de inteligencia del país contra la propia ciudadanía. Kelly subrayó, según consignó la fuente, que la normativa nacional permite rechazar las órdenes ilegales, haciendo hincapié en la obligación de las fuerzas armadas de actuar conforme a la ley.
El origen de esta polémica reside en los despliegues de la Guardia Nacional, ordenados por Trump para controlar el crimen en distintas urbes, despliegues que fueron objeto de recursos judiciales por presuntas irregularidades. Además, la intervención del servicio antiinmigración del Departamento de Seguridad Nacional generó controversia por lo que detractores de la medida describen como privaciones arbitrarias de la libertad, según dio cuenta el medio original.
Ante la posición de los legisladores demócratas, Trump respondió públicamente al calificar a los protagonistas del video como "traidores que indicaron a los militares que desobedecieran mis órdenes". En su mensaje, sostuvo que "deberían estar en la cárcel ahora mismo, no paseándose por las plataformas de noticias falsas", apelativo que utilizó para referirse a varios medios de comunicación, y añadió que los legisladores tratan de "explicar que lo que dijeron estaba bien". El mandatario refutó esta visión y afirmó: "No lo estaba y nunca lo estará: fue una sedición al más alto nivel y la sedición es un crimen mayor".
En su publicación, Trump precisó: "Lo que han dicho no se puede interpretar de otra manera", y reiteró que "muchos expertos legales" respaldan su percepción de que los congresistas cometieron un delito de gran magnitud al sugerir que los militares desobedecieran órdenes presidenciales. Según el mandatario, "estos traidores demócratas que indicaron a los militares que desobedecieran mis órdenes como presidente cometieron un crimen de graves proporciones".
Estas nuevas declaraciones surgen tras días de tensión, según detalló el medio, en el contexto de intensas disputas políticas sobre los límites de la autoridad ejecutiva y la independencia de las fuerzas armadas. Las controversias sobre las acciones del gobierno federal, tanto en las calles como en la gestión migratoria, han motivado a diversos líderes legislativos a manifestar públicamente sus reparos sobre las órdenes impartidas por la Casa Blanca.
La controversia también ha puesto nuevamente en primer plano el debate sobre el papel del Congreso en la supervisión de las actuaciones militares y sobre las facultades de obediencia o rechazo de los miembros del Ejército ante instrucciones que puedan considerarse contrarias a la legislación vigente. Según remarcó el medio citado, las declaraciones de los legisladores vuelven a poner sobre la mesa la discusión sobre los mecanismos de control al poder presidencial y la protección legal de quienes se nieguen a cumplir directivas calificadas de ilegales.
El medio también informó que esta situación agrava el clima de polarización política en el país, debido al cruce de acusaciones entre el presidente y opositores demócratas sobre la integridad de las instituciones y los procedimientos de control civil sobre los cuerpos armados y de seguridad. Los impulsos para que los militares ignoren órdenes cuestionadas, junto a la respuesta vehemente del mandatario, han generado reacciones en redes, debates en los principales espacios informativos y llamados de distintas figuras públicas a respetar los canales institucionales para la resolución de este tipo de conflictos políticos y legales.
Las discusiones en torno a la obediencia debida, el cumplimiento de la ley y el castigo a la sedición se han convertido en ejes centrales de la actualidad estadounidense, alimentando un debate que involucra tanto a responsables legislativos como a las máximas figuras del Ejecutivo, según lo relatado por el medio.
