El documento oficial de la Policía Federal de Brasil afirmó que la organización responsable de proteger a Jair Bolsonaro desarrolló un plan basado en tácticas militares para facilitar su huida, aprovechando el tumulto generado por manifestantes en los alrededores de su residencia. Esta circunstancia derivó en la intervención de las autoridades durante la madrugada en Brasilia, cuando las fuerzas de seguridad ejecutaron una orden de arresto preventivo contra el expresidente. El arresto de Bolsonaro ocurre tras determinarse la manipulación y posterior retiro de la tobillera electrónica que llevaba impuesta, hecho que generó temores entre las autoridades sobre una posible fuga del país. Según consignó el medio, la operación contó con la autorización explícita del Supremo Tribunal Federal, encargando la ejecución al juez Alexandre de Moraes.
La policía informó, según reportó el medio, que el operativo se efectuó cerca de las 6:00 de la mañana en la vivienda de Bolsonaro en Brasilia. Posterior a su detención, el expresidente fue trasladado a la Superintendencia de la Policía Federal en la misma ciudad. El cuerpo policial precisó mediante un comunicado oficial que la acción obedeció al incumplimiento en el uso del dispositivo de localización electrónica, que se detectó a las 0:08 del 22 de noviembre de 2025.
De acuerdo con la información publicada por el medio, la intervención se llevó a cabo como medida cautelar y no implica aún el cumplimiento de la condena impuesta por los hechos relacionados con el golpe de Estado. La decisión judicial buscó evitar disturbios y supuestos intentos de evadir la acción de la justicia aprovechando la confusión provocada por una vigilia convocada por Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente. Según relató la fuente, Flávio Bolsonaro difundió una convocatoria a través de sus redes sociales para una concentración de oración programada esa noche en el Jardín Botánico de Brasilia. La policía consideró que la manifestación incrementaba el riesgo de alteración del orden público y la posibilidad de fuga del exmandatario.
El documento policial al que tuvo acceso el medio destacó la proximidad de la vivienda de Bolsonaro a la sede de la Embajada de Estados Unidos, ubicada a aproximadamente trece kilómetros, lo que según las autoridades podría facilitar una eventual huida en automóvil en pocos minutos antes de la ejecución de la orden judicial. Los encargados de la investigación argumentaron que el panorama creado por la movilización de simpatizantes y la cercanía de instalaciones diplomáticas generaba condiciones propicias para eludir el ingreso a prisión.
Según publicó el medio, los abogados del exjefe de Estado solicitaron al Supremo Tribunal Federal el cumplimiento de la condena en arresto domiciliario bajo alegatos humanitarios. Sin embargo, el juez Alexandre de Moraes resolvió negar el pedido y autorizar la detención preventiva en el marco de la investigación y el proceso judicial en curso. De acuerdo con los registros judiciales, Bolsonaro había comenzado su régimen de prisión domiciliaria el 4 de agosto y permanecía bajo condiciones de seguimiento electrónico hasta la madrugada del operativo.
Según detalló el medio, la condena impuesta a Jair Bolsonaro asciende a 27 años y tres meses de cárcel, tras considerarse acreditada su responsabilidad en la organización de un golpe destinado a perpetuarse en el poder mediante delitos como la abolición del Estado de derecho, constitución de organización criminal armada, daños agravados a la propiedad pública y deterioro de patrimonio histórico. El proceso judicial además contempla su inhabilitación para ejercer funciones públicas por al menos ocho años adicionales al cumplimiento íntegro de la condena, lo que, de no haber reducciones de pena, proyecta su inhabilitación hasta el año 2060.
En el análisis del fallo judicial y las circunstancias descritas en los informes policiales, el medio remarca que las autoridades justificaron la medida preventiva asegurando que la alteración del equipo electrónico y el contexto de movilización social aumentaban el riesgo de fuga y dificultaban la aplicación efectiva de las sanciones penales establecidas. Las autoridades consideran que la situación reviste características excepcionales y demanda una respuesta inmediata para salvaguardar el orden público y el correcto desarrollo del proceso penal.
Según la información publicada, los oficiales llevaron a cabo la aprehensión en cumplimiento de una orden dictada como medida excepcional ante el potencial incumplimiento del régimen de localización implantado sobre Bolsonaro. El operativo no modifica el cálculo del tiempo de cumplimiento de la sentencia principal, por tratarse, según los documentos oficiales, de una medida preventiva y no del inicio efectivo del cómputo de los 27 años y tres meses de reclusión.
El medio también recoge que la convocatoria impulsada por el entorno familiar de Bolsonaro se presentó como una “vigilia por la salud y la libertad”, y planteó una narrativa de persecución política en el contexto del proceso penal. La policía hizo hincapié en que este tipo de acciones públicas constituían un factor determinante a la hora de evaluar el riesgo de perturbaciones al procedimiento judicial y la posibilidad de que los involucrados en la condena intentaran evitar el cumplimiento de la misma por vías irregulares.
La secuencia de los hechos, según ha documentado el medio, muestra que la captura del exmandatario brasileño sobrevino después de la detección formal de la violación a las condiciones de su arresto domiciliario. Las autoridades judiciales y policiales actuaron de manera coordinada para ejecutar la medida este sábado, reforzando la vigilancia sobre Bolsonaro y realizando los trámites necesarios para trasladarlo a dependencias policiales en tanto avanza el proceso contra él.
En cuanto a las derivaciones legales, la condena impuesta al exmandatario por el Tribunal Supremo Federal incluye, además de la privación de libertad y la inhabilitación, la responsabilidad penal por delitos vinculados con la integridad de las instituciones democráticas del país y la protección del patrimonio público e histórico. La cronología de lo sucedido, según reconstruye el medio, abarca tanto la vigilancia a través de dispositivos electrónicos como la actividad pública de los sectores afines al exmandatario movilizados durante el periodo reciente.
De acuerdo con la cobertura realizada, la reacción de las autoridades ante el intento de modificar los parámetros de localización fue inmediata y se fundamentó en los riesgos identificados para la prosecución normal del proceso penal. Las decisiones judiciales posteriores confirmaron la validez y la necesidad de adoptar medidas extraordinarias para garantizar que no se dañara el derecho penal ni se pusiera en entredicho la autoridad institucional.
