Manuel Barbero, fundador de la asociación Mans Petites y padre de una de las víctimas que denunció el caso Maristas, señaló que el Plan Priva, impulsado por la Conferencia Episcopal Española y la Conferencia Española de Religiosos, no cuenta con el respaldo de las asociaciones de víctimas, calificándolo de insuficiente y denunciando presiones ejercidas por la Iglesia para que las víctimas acepten indemnizaciones “irrisorias” sin reconocimiento público. De acuerdo con Europa Press, tras una reunión entre representantes de los colectivos afectados y el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, las asociaciones urgieron tanto al Ejecutivo como a la jerarquía eclesiástica a concretar antes de fin de año un pacto formal sobre reparación que incluya la creación de un organismo de trabajo conjunto.
Según publicó Europa Press, este martes acudieron 22 asociaciones de víctimas de abusos sexuales cometidos en el seno de la Iglesia a un encuentro con el ministro Bolaños. Tras la cita, los colectivos reiteraron que no pueden “esperar más” y destacaron que, a juicio del Gobierno, el acuerdo con la Iglesia para constituir una comisión mixta de reparación y reconocimiento se percibe como inminente. Barbero transmitió que el Ejecutivo confía en que este órgano pueda estar listo antes de que finalice el año, aunque reconoció que las negociaciones se vieron ralentizadas por el fallecimiento del Papa Francisco, lo que obligó a retomar el diálogo tanto con el Vaticano como con la estructura de la Iglesia en España.
El líder de Mans Petites criticó que, en contraste con países como Francia o Irlanda, en España “sea imposible que la Iglesia se siente a reconocer y reparar a las víctimas” a través de una comisión formal. A pesar de considerarla la vía prioritaria, Barbero advirtió que el Gobierno cuenta con una alternativa propia si no llega a pacto con la Iglesia, aunque defendió que la solución debe integrar a ambas partes. Argumentó que el reconocimiento a las víctimas corresponde a la propia Iglesia y no al Gobierno, por lo que reclamó que la comisión sea verdaderamente mixta.
Juan Cuatrecasas, portavoz de la Asociación Nacional de Infancia Robada (ANIR), consideró que el resultado de la reunión con Bolaños resultó “razonablemente satisfactorio”, según consignó Europa Press. Cuatrecasas mostró disposición de ANIR a colaborar en la creación de un órgano mixto de atención a víctimas y subrayó la urgencia de que el proceso no se retrase más, dado que “hay víctimas que ya no pueden esperar”. En caso de que la comisión no se concrete con participación eclesiástica, reclamó que el Estado impulse un mecanismo propio de reconocimiento y reparación.
Durante su intervención, Cuatrecasas valoró positivamente la actitud del Ministerio de Presidencia y criticó la gestión de la Iglesia, reafirmando que tanto el Ministerio como los colectivos víctimas consideran al Plan Priva un fracaso, con una atención insuficiente y compensaciones que calificó como “ridículas”. Europa Press citó el balance crítico de asociaciones de víctimas en relación a las iniciativas institucionales desarrolladas hasta ahora por la Iglesia.
Miguel Hurtado, primer denunciante del caso de la Abadía de Montserrat, comunicó a Europa Press que no fue invitado a la mencionada reunión. Hurtado sostuvo que el conjunto de los gastos de un futuro mecanismo estatal extrajudicial de compensación deben ser financiados por los obispos y órdenes religiosas, y no por el erario público. Además, reclamó que la reparación no sea una medida aislada, sino que se acompañe de una reforma legal para eliminar la prescripción penal y civil, impidiendo así la reiteración de estos delitos.
Según detalló Europa Press, la demanda de los colectivos se concentra en la rápida creación de una comisión mixta y en lograr un reconocimiento integral de los daños sufridos que supere las compensaciones económicas y avance hacia la reparación y la memoria. El papel de la Iglesia, tanto en el reconocimiento como en la financiación de futuros mecanismos de compensación, emerge como centro de la controversia entre las partes, mientras que las víctimas insisten en que la respuesta institucional sea conjunta y efectiva antes de que concluya el año.
