Un tribunal del estado estadounidense de Oregón ha bloqueado este viernes de forma permanente la orden del presidente Donald Trump para enviar a la Guardia Nacional a Portland con el fin de contener las protestas contra sus políticas migratorias, en lo que supone una importante derrota judicial para el mandatario republicano y un punto de inflexión en el debate sobre los límites del poder presidencial en contextos de protestas sociales.
La jueza Karin Immergut, a cargo de la decisión, ha considerado que la medida vulneró la Décima Enmienda y que las manifestaciones no justificaban una intervención militar, ha informado la agencia de noticias Bloomberg. Así, este fallo ha puesto fin al intento de Trump de federalizar a 200 efectivos de la Guardia Nacional de Oregón para sofocar las protestas frente a una oficina del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), al sur del centro de Portland.
Tanto la ciudad como el estado de Oregón demandaron al gobierno federal a mediados de septiembre, argumentando que el despliegue se basaba en una "crisis fabricada" y que la intervención de tropas sólo habría agravado las tensiones. Ahora, en su sentencia, la magistrada ha señalado que la administración federal no demostró que las protestas constituyeran una rebelión ni que obstaculizaran de manera significativa la aplicación de las leyes migratorias.
"Las interferencias ocasionales a los funcionarios federales han sido mínimas y no han impedido el cumplimiento de las leyes", ha determinado Immergut en su dictamen, destacando asimismo que --tras algunos disturbios ocurridos en junio-- las concentraciones se mantuvieron pacíficas gracias a la actuación de las fuerzas del orden locales.
En esta línea, la letrada ha apuntado que, no solo Finalmente, las protestas habían sido en su mayoría pacíficas --con incidentes violentos aislados y de baja intensidad entre manifestantes y contramanifestantes--, sino que además la Décima Enmienda protege la soberanía estatal, por lo que el presidente no podía imponer el control federal sobre la Guardia Nacional sin el consentimiento de las autoridades locales.
UNA GRAN VICTORIA
El caso Estado de Oregón contra Donald Trump se convierte así en la primera resolución judicial que analiza directamente si el presidente puede invocar una ley federal poco utilizada para federalizar tropas estatales y enviarlas a ciudades gobernadas por demócratas.
Demandas similares contra despliegues en Los Ángeles, Chicago y Washington D.C. siguen en curso, pero el veredicto de Oregón ha marcado un precedente relevante en la disputa sobre los límites del poder presidencial en situaciones de protesta civil.
El fiscal general de Oregón, Dan Rayfield, ha calificado la resolución --y así lo ha recogido Bloomberg-- como una "gran victoria" para el estado, subrayando que "la aplicación de la ley debe basarse en los hechos y no en caprichos políticos".
Por su parte, el alcalde de Portland, Keith Wilson, ha asegurado que la ciudad continuará defendiendo en los tribunales la seguridad pública y los derechos civiles de su comunidad.
Por el momento, la Casa Blanca no se ha pronunciado respecto a esta sentencia, que ha representado un duro golpe a la estrategia de Trump de utilizar fuerzas militares como respuesta a la protesta civil en ciudades opositoras.
Este dictamen llega después de que la propia Karin Immergut prorrogase a comienzos de esta semana el bloqueo dictado para impedir que efectivos de la Guardia Nacional patrullasen la ciudad de Portland, dejando de nuevo en el aire la orden emitida por Donald Trump entre dudas sobre competencias y pulsos políticos.
