El secretario de Transporte de Estados Unidos, Sean P. Duffy, presentó una propuesta adicional a la medida de cancelar rutas, que busca impedir que las aerolíneas mexicanas realicen transporte de carga en las bodegas de sus aviones en los vuelos entre ambos países. Esta iniciativa apunta a ampliar las restricciones más allá del tráfico de pasajeros y representa un nuevo punto de tensión en la relación bilateral en materia de aviación. De acuerdo con el Departamento de Transporte estadounidense, las acciones responden a lo que denominan como un "continuo abuso" por parte de México de lo estipulado en el acuerdo bilateral de aviación firmado entre ambas naciones.
Según reportó el Departamento de Transporte de Estados Unidos en un comunicado, la nueva normativa eliminará 13 rutas correspondientes a vuelos actuales o planeados de empresas mexicanas con destino a este país. La decisión afecta la totalidad de los llamados "vuelos combinados" —que mezclan carga y pasajeros— desde o hacia el aeropuerto internacional Felipe Ángeles, así como cualquier incremento en los vuelos combinados conectados con el aeropuerto internacional Benito Juárez. El medio precisó que esta medida impacta directamente a tres empresas principales del sector: Aeroméxico, Volaris y Viva Aerobus.
El anuncio detalla que la decisión entrará en vigor 108 días hábiles luego de obtener la aprobación definitiva. El Departamento de Transporte argumentó que desde 2022 México ha persistido en incumplimientos del acuerdo bilateral de aviación, señalando en particular la cancelación de "slots" —espacios de despegue y aterrizaje— asignados a aerolíneas estadounidenses de pasajeros. Además, denunció que las autoridades mexicanas obligaron a las empresas de carga norteamericanas a trasladar sus operaciones, lo que provocó pérdidas económicas a estas compañías debido al incremento de los costos logísticos y operativos. Según lo difundido por el Departamento de Transporte, estos cambios resultaron en "pérdidas millonarias" para entidades estadounidenses afectadas.
La postura oficial estadounidense, expresada por el titular de Transporte, requiere una modificación en la conducta de las autoridades mexicanas para restablecer la normalidad en las relaciones aéreas. “Hasta que México deje de jugar sucio y cumpla sus compromisos, seguiremos exigiéndole responsabilidades. Ningún país debería poder aprovecharse de nuestras aerolíneas, nuestro mercado y nuestros pasajeros sin sufrir las consecuencias”, declaró Duffy, citado por el propio Departamento de Transporte.
En respuesta a estos anuncios, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, rechazó durante su conferencia de prensa diaria la medida gubernamental estadounidense. De acuerdo con la información publicada por el Departamento de Transporte de Estados Unidos, Sheinbaum pidió "respeto" al gobierno liderado por Donald Trump y anunció la intención de solicitar una reunión entre el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, y su homólogo mexicano, Juan Ramón de la Fuente, con el objetivo de revisar en detalle los fundamentos de estas disposiciones, que fueron calificadas como "acciones unilaterales".
El trasfondo de la controversia, según informó el Departamento de Transporte estadounidense, se remonta a disputas surgidas en 2022, cuando el gobierno mexicano tomó decisiones que involucraron cambios unilaterales en la asignación de slots y el traslado de operaciones de carga. Desde entonces, las negociaciones entre las autoridades aeronáuticas de ambos países no han logrado resolver las diferencias, lo cual derivó en la implementación de las medidas ahora anunciadas.
El alcance de esta disposición implica que ninguna aerolínea mexicana podrá inaugurar nuevos trayectos o ampliar sus rutas combinadas tanto desde el aeropuerto Felipe Ángeles como desde el Benito Juárez, dos de las principales terminales de la Ciudad de México. Esto representa una modificación considerable respecto a la situación operativa anterior, en la que compañías como Aeroméxico, Volaris y Viva Aerobus mantenían o planificaban rutas transfronterizas con Estados Unidos y realizaban operaciones mixtas de carga y pasajeros. El impacto potencial incluye la reducción de la conectividad aérea entre ambos países, así como una posible reestructuración en los mercados de carga.
El Departamento de Transporte estadounidense continuará monitoreando la situación, a la espera de cambios en la política mexicana en materia de aviación civil. De acuerdo con lo reportado, cualquier modificación en las restricciones depende de la respuesta y rectificación por parte del gobierno mexicano. Mientras tanto, desde México se buscará abrir un canal diplomático de diálogo con la contraparte estadounidense en un intento por revertir la norma o, al menos, revisar sus fundamentos en procesos de discusión bilateral. La determinación de Estados Unidos añade presión para encontrar una solución que involucre a los organismos regulatorios de ambos países y a los actores empresariales directamente afectados.
