El líder del Partido Socialista (PS) ha calificado como una cesión del Partido Socialdemócrata (PSD) a Chega la cláusula que determina que toda persona condenada a la pérdida de la nacionalidad portuguesa como pena accesoria solo podrá solicitar su recuperación diez años después de la expiración de los antecedentes penales asociados a la condena. Esta medida, aprobada tras un debate parlamentario el martes, modifica el Código Penal y faculta a los jueces para aplicar la pérdida de nacionalidad portuguesa en casos de condenas a prisión efectiva de al menos cuatro años, según detalló la agencia Lusa y replicó el medio.
De acuerdo con la información recopilada por Lusa, la propuesta obtuvo el respaldo de 157 diputados, frente a 64 votos en contra, garantizando una mayoría de más de dos tercios en la Asamblea. El texto encontró apoyo en una amplia coalición que incluyó al Partido Socialdemócrata (PSD), el CDS-Partido Popular, la formación ultraderechista Chega y Iniciativa Liberal. Esta normativa permite que quienes hayan cometido delitos considerados graves, y que hayan recibido condena de prisión efectiva de duración igual o superior a cuatro años, puedan perder la nacionalidad, siempre bajo la autorización de un juez y sujeto a las condiciones que establece la reforma.
De acuerdo con lo que informó Lusa, la aplicación de esta sanción solo procederá si el delito se cometió dentro de los diez años siguientes a la obtención de la nacionalidad portuguesa y si la persona posee otra ciudadanía. Esta restricción se introdujo con el fin de impedir que alguien quede en situación de apátrida. Así, la pérdida de la nacionalidad portuguesa se dirige solo a quienes conservan otra nacionalidad y cuyo comportamiento delictivo reviste gravedad según los términos fijados en la ley.
Tal como precisa la nueva disposición, la facultad de recuperar la nacionalidad no podrá ejercerse hasta que hayan transcurrido diez años desde que se eliminan del registro penal los antecedentes por la condena original. Según publicó la agencia Lusa, esta cláusula fue interpretada por el Partido Socialista como una concesión, ya que Chega había planteado una postura aún más dura: buscaba que la pérdida de la nacionalidad fuera automática, en lugar de depender de un tribunal, y que su duración alcanzara los veinte años en lugar de diez.
El primer ministro, Luís Montenegro, fue consultado por periodistas poco después de la votación parlamentaria acerca de la posibilidad de que el presidente Marcelo Rebelo de Sousa o el Tribunal Constitucional obstaculicen la entrada en vigor de esta reforma. Montenegro respondió que su Ejecutivo respeta cualquier decisión que emane de los órganos de soberanía, aunque a su juicio “hay todas las razones para proceder a la promulgación del decreto”, porque la medida fue avalada por una mayoría que reprensenta cerca del 70 por ciento de los diputados, “la voluntad política del pueblo portugués”.
Interrogado sobre la importancia de que el apoyo parlamentario provino también de la ultraderecha, el primer ministro puntualizó, según consignó Lusa, que su Gobierno actúa conforme a “los problemas concretos de los ciudadanos que viven y trabajan en Portugal, independientemente de algunos carteles que cualquier partido político pueda tener en la calle”.
Esta modificación del marco jurídico en materia de nacionalidad significa la adición de una excepción en el Código Penal portugués, que hasta ahora no contemplaba retirar la ciudadanía a personas nacidas en el extranjero y posteriormente nacionalizadas. Entre los criterios adoptados están las garantías procesales, ya que la pena solo podrá ser impuesta por un tribunal, descartando automatismos, y la necesidad de una condena efectiva a prisión de al menos cuatro años.
La medida fue presentada como una respuesta a la preocupación de los sectores conservadores y liberales sobre la seguridad y el control migratorio, aunque durante los debates parlamentarios se remarcaron salvaguardias para evitar dejar a cualquier persona en condición de apátrida. La disposición sobre la recuperación de la nacionalidad después de la expiración de los antecedentes penales también buscó equilibrar las demandas de los partidos más endurecidos con los principios garantistas del sistema judicial luso.
El voto registrado en la Asamblea evidenció una fractura entre los bloques político-ideológicos. Mientras la propuesta contó con el apoyo de los partidos conservadores, Chega y los liberales, la mayoría de los diputados socialistas y otras fuerzas progresistas se opusieron a la iniciativa, por considerar que representa un instrumento excesivo y que podría tener derivaciones problemáticas en materia de derechos fundamentales.
Tras la aprobación en instancia parlamentaria, el texto queda ahora a la espera de la revisión o posible promulgación por parte del presidente Marcelo Rebelo de Sousa, y no se descarta que el Tribunal Constitucional pueda revisar su conformidad con la Carta Magna lusa, según detalló la agencia Lusa.
