Antiviolencia propone multas a 22 ultras que protagonizaron incidentes antes de la final de Copa del Rey

Al menos 22 seguidores de grupos radicales serán penalizados por su implicación en disturbios violentos antes de un partido decisivo en Sevilla, según informaron este miércoles responsables estatales, quienes señalan reincidencia en sus antecedentes

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Entre los elementos destacados por fuentes estatales figura la reincidencia observada en la trayectoria de la mayoría de los 22 sancionados, quienes ya habían acumulado propuestas de multas debido a su participación en altercados previos. De acuerdo con una nota de prensa emitida por el Ministerio del Interior y recogida por medios nacionales, la Comisión Estatal contra la Violencia, el Racismo, la Xenofobia y la Intolerancia en el Deporte ha determinado la propuesta de sanción económica y la prohibición de acceso a espectáculos deportivos durante un año para 22 integrantes de los grupos ultras ‘Boixos Nois’ y ‘United Family’, involucrados en los disturbios registrados antes de la final de la Copa del Rey, disputada el 26 de abril en Sevilla entre el FC Barcelona y el Real Madrid.

Según informó el Ministerio del Interior, la intervención de estos grupos ultras, seguidores del FC Barcelona y del Real Betis, desencadenó incidentes violentos en la Plaza de San Francisco, donde aproximadamente 80 manifestantes agredieron a efectivos de la Policía Nacional que se encontraban en el centro de la ciudad. Los participantes lanzaron objetos como mesas, sillas y otros elementos del mobiliario urbano contra los agentes, además de provocar daños materiales en los comercios próximos a la zona de los hechos. Esta situación llevó a la apertura de la denominada ‘Operación Cañabolo’, impulsada por el Grupo de Información, y cuyas diligencias continúan en el Juzgado de Instrucción número 16 de Sevilla.

El medio detalló que, a la espera de posibles decisiones judiciales, la Comisión Estatal presentó propuestas de sanción que contemplan multas de 5.000 euros para cada uno de los 22 hinchas identificados, junto a la exclusión temporal de actividades deportivas como castigo por “infracciones graves”. El informe subraya que las acusaciones de reincidencia han sido decisivas para la elección y cuantía de las sanciones administrativas.

Tal como publicó el Ministerio del Interior, en la misma sesión la Comisión Estatal propuso una multa de 60.001 euros dirigida al Rayo Vallecano por venta presencial de entradas el día de un partido de la Conference League el pasado 2 de octubre frente al KF Shkëndija Tetovo de Macedonia del Norte. La normativa española establece la prohibición de esta práctica en encuentros considerados de alto riesgo, como ocurrió en esa fecha, ateniéndose a las medidas de prevención impulsadas para limitar posibles incidentes con aficionados visitantes. La Oficina Nacional de Deportes de la Policía Nacional detectó la vulneración de estas disposiciones y remitió su informe a la Comisión contra la Violencia, que catalogó la infracción como “muy grave”. Desde la campaña 2014-2015, el Rayo Vallecano ha recibido 71 propuestas de sanción por presuntas transgresiones similares.

La nota del Ministerio también incluyó la propuesta de sanción con una multa económica de 4.000 euros para un aficionado del Real Oviedo después de que este dirigiera un insulto racista al futbolista del FC Barcelona Marcus Rashford durante el encuentro que tuvo lugar el 25 de septiembre. La actuación fue detectada tras el seguimiento realizado por LaLiga a través de redes sociales, organismo que posteriormente interpuso la denuncia ante la Policía Nacional. Las grabaciones obtenidas por la Unidad de Control Organizativo (UCO) del estadio facilitaron la identificación del presunto autor del comentario despectivo. El Ministerio del Interior advirtió que la implementación de esta sanción quedará supeditada al desenlace de los procedimientos penales correspondientes.

De acuerdo con lo difundido en la misma comunicación, las fuerzas de seguridad evitaron el pasado 29 de septiembre un enfrentamiento planificado entre simpatizantes radicales del Atlético de Madrid y del Eintracht Frankfurt. Ambas facciones habían acordado a través de redes sociales reunirse en víspera del partido que ambos equipos disputarían el 30 de septiembre en la Liga de Campeones. El trabajo coordinado de vigilancia e inteligencia por parte de la Policía Nacional resultó en la identificación de 17 individuos y, como especifica el Ministerio del Interior, consiguió impedir que la confrontación se materializara.

A lo largo del comunicado, las autoridades reiteraron la gravedad de los hechos registrados en la capital andaluza y en otros puntos relacionados con eventos deportivos. El informe resaltó la conexión de algunos de los sancionados con episodios anteriores, lo que refuerza su consideración como reincidentes ante el marco sancionador. En cuanto al club madrileño, la recurrente presencia en listados de infracciones desde hace casi una década refuerza el análisis sobre las prácticas de venta en los días de partido y sus posibles consecuencias en términos de seguridad y sanciones administrativas. Por su parte, la tramitación de los actos de racismo cuenta ahora con material visual y reportes de organismos independientes, lo que posibilita acciones legales y administrativas directas.

Finalmente, tanto la propuesta de multas individuales como las sanciones colectivas remitidas por la Comisión Estatal contra la Violencia, el Racismo, la Xenofobia y la Intolerancia en el Deporte buscan responder a incidentes ocurridos en torno a eventos deportivos recientes, con el objetivo de desalentar la reiteración de conductas sancionadas y establecer un precedente que refuerce el cumplimiento de la normativa vigente en materia de seguridad y convivencia en estos escenarios.