Miicianos hutíes asaltan la sede de ACNUR en Saná

Varios hombres armados irrumpieron en las oficinas de la agencia para los refugiados en la capital yemení, revisaron instalaciones, detuvieron brevemente a empleados y sustrajeron datos sensibles, según fuentes consultadas por DPA bajo anonimato

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Fuentes citadas por DPA detallaron que los agresores, tras ingresar en la sede de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) en Saná, se apoderaron de dispositivos electrónicos y una base de datos de beneficiarios, además de revisar exhaustivamente las instalaciones durante varias horas. Esta acción formó parte de una serie de incidentes recurrentes contra organizaciones internacionales en territorio controlado por los hutíes. El suceso más reciente ocurrió el domingo, cuando varios hombres armados irrumpieron en las oficinas de ACNUR en la capital yemení, detuvieron a empleados locales y se llevaron equipos y documentos sensibles, según informaron fuentes locales a DPA bajo anonimato.

Según publicó DPA, los trabajadores capturados permanecieron retenidos durante varias horas y fueron liberados tras ser interrogados por los asaltantes. Los atacantes, descritos como milicianos prohutíes, iniciaron el registro de la sede y confiscaron diversos bienes y dispositivos pertenecientes a la agencia internacional, en particular información clasificada y herramientas de trabajo del personal. Las fuentes consultadas insistieron en que la base de datos sustraída incluye nombres y detalles de los beneficiarios de ACNUR en Yemen, lo que plantea preocupaciones adicionales para la protección de las personas que reciben asistencia del organismo.

DPA reportó que el ataque contra ACNUR no ocurrió en aislamiento. El día anterior, las fuerzas hutíes también asaltaron otras oficinas y propiedades vinculadas a la ONU en Saná, incluida la del enviado especial para Yemen y la sede de la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO). Además, viviendas de empleados del Programa Mundial de Alimentos (PMA) sufrieron allanamientos y al menos dos trabajadores detenidos durante esos operativos del sábado seguían en custodia sin que se hubiese producido su liberación.

Desde agosto, la capital yemení, bajo control hutí, ha sido escenario de múltiples ataques similares dirigidos contra distintas agencias de Naciones Unidas. De acuerdo con registros de DPA, estas acciones incluyen la detención arbitraria de personal local, el saqueo de oficinas y la confiscación de material y documentación sensible. DPA añadió que la semana pasada las propias Naciones Unidas informaron sobre una cifra total de 53 trabajadores de agencias internacionales que seguían detenidos por los hutíes en Saná y que estas privaciones de libertad se consideran arbitrarias y contrarias a la normativa internacional sobre protección de personal humanitario.

El líder hutí Abdelmalek al Huti ha justificado públicamente estas acciones, afirmando que los organismos de la ONU participan en “espionaje” y desarrollan actividades “agresivas” contra su administración, tal como consignó el medio DPA. Estas acusaciones formulan parte del discurso de los líderes hutíes, que mantienen una postura de recelo frente a la presencia y las intervenciones de entidades internacionales en los territorios bajo su dominio.

Yemen permanece políticamente fracturado con dos bloques principales: las zonas controladas por el gobierno reconocido por la comunidad internacional con el respaldo de la coalición encabezada por Arabia Saudí, y las áreas bajo control de los hutíes, quienes cuentan con el apoyo de Irán. Los hutíes mantienen el dominio sobre Saná y extensas regiones del norte y oeste del país. Esta división geográfica y política ha propiciado, según consigna DPA, un contexto de inseguridad y vulnerabilidad para los trabajadores humanitarios y para la propia población que depende de la ayuda internacional.

La serie de asaltos a instalaciones de la ONU en Saná agrava el entorno operativo para las agencias internacionales, dificulta la labor humanitaria y plantea riesgos a la seguridad de personas beneficiarias. La retención de datos sensibles, según remarcaron fuentes a DPA, podría tener consecuencias para la integridad y la protección de quienes buscan y reciben amparo por parte de ACNUR y otros organismos multilaterales.