El Gobierno de Estados Unidos incluyó este viernes al presidente colombiano Gustavo Petro, a su esposa Verónica Alcocer, a su hijo Nicolás Petro y al ministro del Interior Armando Benedetti en su ‘lista negra’ antinarcóticos, con la consiguiente congelación de activos y prohibición de transacciones con ciudadanos estadounidenses, según detalló el medio. La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro hizo oficial la medida, que afecta a bienes localizados en territorio de Estados Unidos y frena toda operación financiera entre los sancionados y cualquier persona o empresa estadounidense. Las sanciones se enfocan en responsabilidades individuales y no buscan alterar la vida de la población colombiana ni las históricas relaciones bilaterales entre ambos países.
El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, explicó en rueda de prensa, según publicó el medio, que la administración descarta imponer aranceles comerciales a Colombia. Subrayó que estas restricciones están dirigidas exclusivamente contra Gustavo Petro y su entorno inmediato, no contra el conjunto de la nación. Rubio afirmó: “la política de Colombia no se refleja en el actual presidente. Nuestro problema con él, además de su comportamiento errático y contraproducente, es que, de hecho, no está cooperando con (nuestra) lucha antidrogas, y consideramos que es mejor abordarlo a nivel individual”. Además, insistió en que la respuesta estadounidense se concentra en la actuación de un líder extranjero considerado hostil y no en una confrontación con todo el Estado colombiano.
De acuerdo con el medio, la administración Trump había dejado abierta la posibilidad de establecer medidas arancelarias, aunque Rubio remarcó que esa decisión competía exclusivamente al presidente Trump, quien amenazó días atrás con dicha opción, pero finalmente la política optó por medidas dirigidas contra funcionarios específicos. Rubio enfatizó la importancia de aislar estas sanciones del resto de las relaciones con Colombia y declaró: “el pueblo colombiano no debe sufrir las consecuencias de las acciones de su presidente”. Señaló que en Colombia, Estados Unidos mantiene vínculos relevantes con algunos de sus principales aliados y subrayó la solidez de las instituciones colombianas, especialmente el Ejército.
En su intervención, Rubio evocó la presencia de Petro en Nueva York durante este año, con motivo de la Asamblea General de Naciones Unidas. Según publicó el medio, Petro participó en manifestaciones, alentando a través de un megáfono a militares estadounidenses a no obedecer órdenes, hecho que motivó la retirada de su visado por parte de las autoridades estadounidenses. Rubio especificó que este incidente se diferencia de las relaciones con el pueblo colombiano y reiteró que el papel de Petro como mandatario es temporal: “Petro, quien irá y vendrá como presidente”.
El Departamento de Estado, señaló el medio, también revocó la certificación de Colombia por sus acciones en la lucha contra el narcotráfico. Las autoridades estadounidenses justificaron esta medida como un reflejo de los “fracasos e incompetencia” de Petro en materia antinarcóticos, postura oficial comunicada por el propio Departamento. Esta decisión, junto a la inclusión de los funcionarios en la lista de sancionados, marca un endurecimiento de la política estadounidense frente a la actual administración colombiana.
Con vistas a las elecciones presidenciales de 2026 en Colombia, Rubio expresó que no le inquieta el posible impacto electoral de estas tensiones en favor de Petro. Según informó el medio, Rubio puntualizó: “Esto no es un conflicto entre Estados Unidos y Colombia. Es nuestra reacción a las acciones de un líder extranjero que se ha convertido en hostil”.
El medio indicó que el paquete de sanciones actual constituye una respuesta directa a la falta de cooperación de la administración Petro en estrategias conjuntas de lucha contra el narcotráfico, una de las áreas de mayor importancia en la relación bilateral. La medida pretende, según el gobierno estadounidense, responsabilizar a individuos clave del círculo del presidente y evitar que ese conflicto trascienda hacia el ámbito comercial o institucional entre ambos países.
Tal como reportó el medio, la administración estadounidense busca mantener intactos los canales de cooperación estratégica con instituciones y sectores colombianos ajenos al gobierno de Petro, en particular con el Ejército, considerado por Rubio como pilar fundamental de la estabilidad interna del país sudamericano. La decisión de aplicar sanciones financieras, que afectan la capacidad de movimiento económico de los sancionados en Estados Unidos, se acompaña de la demanda de que el Estado colombiano retome compromisos efectivos en el combate al narcotráfico, principal área de fricción entre ambos gobiernos.
Más allá de los nombres incluidos en la lista, la medida adquirió un cariz simbólico por el alcance de la revocatoria de la certificación antidrogas de Colombia, suceso que, según consignó el medio, responde a cuestionamientos persistentes sobre las políticas aplicadas por el actual gobierno. La administración estadounidense, detalló el medio, reiteró su interés en preservar los lazos históricos con Colombia mientras dirige sus reclamos hacia figuras específicas del poder ejecutivo.
En medio del desarrollo de esta política, Rubio resaltó que “la política de Colombia no se refleja en el actual presidente” y distinguió las sanciones individuales del espectro más amplio de la relación bilateral. Explicó que la determinación de mantener la presión sobre Petro no implica abandonar el diálogo y la colaboración en otros campos, especialmente con actores institucionales colombianos que Estados Unidos sigue valorando como aliados primordiales.
