El piloto Mauro Caputti Mattosinho afirmó ante la Policía Federal que el presidente de Unión Brasil, Antônio de Rueda, fue señalado como líder de un grupo con cuantiosos recursos para adquirir aeronaves, y que su nombre aparece como responsable de al menos cuatro aviones operados por una compañía vinculada a investigados por lavado de dinero para el Primer Comando de la Capital (PCC). Sobre esta base, la cúpula de Unión Brasil exigió que sus representantes en el Ejecutivo del presidente Luiz Inácio Lula da Silva presenten su dimisión en un plazo de veinticuatro horas, decisión relacionada directamente con estas denuncias y recogida, según informó el medio UOL.
De acuerdo con UOL y el Instituto Conhecimento Liberta (ICL), la disposición de la dirección del partido, publicada en su página web, establece que todos sus miembros con cargos de libre designación en la Administración Pública Federal, tanto directa como indirecta, deben abandonar sus puestos si no quieren incurrir en un acto considerado desleal por la formación. La medida influye en posiciones destacadas dentro del Gobierno, entre ellas el Ministerio de Turismo, encabezado por Celso Sabino, agregó la publicación.
La orden responde a los resultados de un reportaje realizado por cinco periodistas, entre ellos Leonardo Demori, presentador de la cadena estatal brasileña, detalló el medio ICL y replicó UOL. La investigación incluye acusaciones directas contra De Rueda, a quien se vincula con la propiedad de aviones utilizados por el PCC, el mayor grupo criminal brasileño. Según se consigna en el reporte periodístico, el testimonio de Mattosinho ante la Policía Federal sostiene que las aeronaves operadas por la empresa TAP (Taxi Aéreo Piracicaba) eran adquiridas con fondos procedentes de un grupo liderado por De Rueda. El piloto también declaró haber realizado vuelos frecuentes junto a los investigados, incluso a Brasilia, y describió una época de expansión financiera dentro de la compañía, atribuida a las inversiones de dicho grupo.
El comunicado del partido, citado por UOL, argumentó que las informaciones difundidas contra su presidente son "infundadas, prematuras y superficiales" y constituyen un intento de perjudicar el honor y la imagen del dirigente. La nota añade que existe "total solidaridad" hacia De Rueda y que el objetivo de las filtraciones sería dañar la posición del partido, que en fechas recientes adoptó una actitud opositora respecto a la administración actual. Unión Brasil denunció en su comunicado que la estructura estatal se emplea "con fines políticos" para debilitar al partido y a su dirección.
Al referirse a la cronología de los hechos, el partido consideró "profundamente sorprendente" la publicación del reportaje tan solo unos días después de que, en conjunto con la formación Progresistas, aconsejara a su militancia abandonar los cargos dentro del Gobierno de Lula. Esta coincidencia ha sido resaltada por la cúpula de la organización como una prueba del uso político de las denuncias, puntualizó UOL.
El reportaje, firmado por un equipo de cinco periodistas, reunió testimonios y documentos relacionados con la supuesta relación entre De Rueda y TAP, la empresa vinculada a 'Beto Louco' y 'Primo', ambos indagados por su participación en operaciones de lavado de dinero para el PCC. Además de las declaraciones de Mattosinho, se incluye en las investigaciones referencias al entorno empresarial en el que se movía la compra de aeronaves valoradas en millones de dólares.
En lo referente a la reacción del partido, UOL destacó la insistencia de Unión Brasil en considerar la denuncia como parte de una estrategia para menoscabar a su máximo dirigente y restar fuerza política a la organización ante su distanciamiento del Ejecutivo. La formación no solo enfatizó la defensa de De Rueda, sino que reiteró el carácter político que, a su entender, reviste la difusión de las acusaciones, especialmente ante el contexto de decisión interna de separar a sus efectivos de los cargos institucionales en el gobierno federal.
El impacto de la medida abarca a figuras claves de la administración y deja en evidencia la tensión entre sectores del Gobierno y partidos que anteriormente respaldaron al Ejecutivo de Lula, reportó UOL. El medio remarcó la relación directa entre la difusión mediática de las denuncias y el paso adoptado por la formación política, cuya directiva ordenó el abandono de los cargos bajo la amenaza de ser considerados desleales al partido.
