Durante un debate parlamentario, el Ministerio del Interior dio a conocer que la labor del SEPRONA durante los incendios del pasado agosto incluyó la investigación de 140 personas y la detención de 60 sospechosos, según consignó la agencia Europa Press. Este dato se presentó en la comparecencia del ministro Fernando Grande-Marlaska, quien enfrentó la controversia abierta entre los principales partidos por la gestión de los incendios forestales en ese mes y defendió la propuesta del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de crear una nueva Agencia Estatal de Protección Civil y Emergencias.
El medio Europa Press detalló cómo la sesión estuvo marcada no solo por la confrontación entre el ministro y representantes del Partido Popular (PP), quienes se culparon mutuamente de la respuesta a la ola de incendios, sino también por el escepticismo mostrado por formaciones independentistas respecto al nuevo organismo nacional propuesto. Marlaska destacó la “excepcionalidad” de los fuegos de agosto y argumentó que tanto el Estado como los gobiernos regionales y locales emplearon “contundencia” para responder con eficacia. Además, agradeció explícitamente el trabajo de los empleados públicos que participaron en las tareas de extinción, poniendo en valor el papel del SEPRONA.
En relación al Pacto de Estado frente a la emergencia climática, Marlaska remarcó que la Agencia Estatal de Protección Civil se propone con el objetivo de mejorar la coordinación y la toma de decisiones de todas las administraciones, según consignó Europa Press. El ministro sostuvo que la creación de este organismo respetaría el marco competencial vigente y subrayó la colaboración institucional alcanzada, pese a intentos de “utilización partidista” de la crisis de incendios, afirmó.
Representantes de partidos independentistas, como Esquerra Republicana (ERC), Junts per Catalunya (JxCat) y EH Bildu, plantearon dudas sobre una posible “invasión competencial” de la agencia propuesta. La diputada de ERC, Teresa Jordà i Roura, subrayó que no aceptarán “bajo ningún concepto” que la nueva estructura nacional interfiera en las competencias ya reguladas en los distintos territorios. Desde JxCat, Marta Madrenas i Mir declaró que su partido vigilará que la agencia no persiga un “afán centralizador”, al tiempo que solicitó a Marlaska un aumento inmediato de fondos para Cataluña a fin de reforzar la prevención de incendios.
EH Bildu, por su parte, sostuvo que el Gobierno solo crearía una agencia estatal si considera ineficaz la respuesta desde las comunidades autónomas o si enfrenta problemas internos de coordinación o de recursos propios. El portavoz del Bloque Nacionalista Galego (BNG), Néstor Rego Candamil, exigió la dimisión del presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, responsabilizándolo de la situación a partir de las políticas regionales sobre agricultura, ganadería y organización territorial.
Desde la oposición conservadora, la diputada del PP Ana Belén Vázquez Blanco acusó a Marlaska de falsear los tiempos de reacción del Estado y de haber protegido a la directora general de Protección Civil, Virginia Barcones, en lugar de apartarla de su cargo. Criticó lo que considera una incorporación tardía del Ejecutivo central a las tareas de extinción y reprochó a Sánchez que, tras su llegada de La Mareta, solo aportó una “propuesta en papel” sin otras medidas, de acuerdo con lo publicado por Europa Press. Además, denunció que el Gobierno no ha anunciado ayudas para la reconstrucción de las zonas afectadas y habló del supuesto abandono de las áreas rurales antes, durante y después de los incendios.
Ignacio Gil Lázaro, diputado de Vox, responsabilizó tanto al Gobierno como al PP por lo ocurrido y les reclamó un pedido de perdón. Lamentó que Marlaska atribuya en exclusiva los incendios al cambio climático y defendió que, a lo largo del siglo XX, España experimentó olas de calor con temperaturas de hasta 50℃ (122℉), pero no incendios de igual magnitud debido a la gestión tradicional del monte a través de ganadería y agricultura. Añadió que la prolijidad en el cuidado del campo evitó que los fuegos alcanzaran tales niveles de destrucción en otras épocas. Criticó además el reparto competencial actual, señalando que no ve justificada la existencia de 17 planes autonómicos para combatir el fuego y recriminó la ausencia de asunción de responsabilidades políticas ni dimisiones.
Por parte de Sumar, el diputado Manuel Lago Peñas propuso que la política tras los incendios de agosto debe centrarse principalmente en la prevención. Explicó que el trabajo debe enfocar la gestión del entorno rural, el estado de los montes, el control de la biomasa y la organización de franjas de seguridad que impidan la llegada del fuego a zonas habitadas, según detalló Europa Press.
Los argumentos de la bancada socialista fueron expuestos por David Serrada Pariente, quien indicó que el Ejecutivo orienta su acción a impulsar medidas que eviten la repetición de errores. Insistió en la voluntad de aplicar autocrítica pero defendió la actuación gubernamental, afirmando que esta descansa sobre “datos, transparencia y soluciones”.
A lo largo de la comparecencia parlamentaria, las intervenciones reflejaron tensiones en torno al uso partidista de la crisis, el debate sobre la suficiencia de la respuesta institucional y las discrepancias sobre el modelo más eficiente para la coordinación de emergencias forestales. El proyecto de nueva agencia estatal, ideado bajo el paraguas del Pacto de Estado contra la Emergencia Climática, fue eje de las argumentaciones tanto de los representantes del Gobierno como de la oposición y de los partidos que reclaman mayor autonomía territorial.
