En medio de una fuerte polémica, se dio por terminada la creación en Chile del Parque Nacional Cabo Froward que impulsaban los Tompkins

En marzo de 2024, la Fundación Rewilding anunció que donaría al Estado de Chile 90 mil hectáreas en la zona de Cabo Froward (Magallanes) con el propósito de que fuera creado un Parque Nacional en el sur del país. El propio presidente Gabriel Boric, originario de la región, se fotografió en el Palacio de la Moneda junto a Kristine Tompkins, viuda del millonario ya fallecido y ex dueño de North Face, Douglas Tompkins, para dar la noticia.

Sin embargo, la novedad fue recibida con escepticismo por las comunidades aborígenes de Magallanes y por las industrias que desarrollan actividades productivas en la región.

El Grupo Económico Internacional Tompkins Conservation (GEI), que sustenta a la Fundación Rewilding y lidera la viuda de Douglas, pretendía imponer condiciones específicas para concretar esta llamativa donación desde el sector privado al público. Un recurso administrativo que ya ha sido utilizado por los Tompkins en otras oportunidades en Chile y Argentina, donde también maneja grandes extensiones conservadas y tienen injerencia en 9 parques nacionales que representan más de 700 mil hectáreas.

Las familias magallánicas y los empresarios de la región advirtieron que si todo el área se transformaba en un Parque Nacional limitaría a cero sus posibilidades como recurso natural chileno.

No obstante, la constitución del Parque Nacional Cabo Froward dependía de un proceso de Consulta Indígena, de acuerdo al Convenio 169 de la OIT, que establece una normativa para proteger los derechos de los pueblos indígenas, y de la legislación nacional.

El proceso, en definitiva, busca asegurar la participación de los pueblos aborígenes. En este caso, especialmente del kawésqar, originario de Magallanes y cuya historia en los fiordos se remonta a 8000 años.

Durante la Consulta Indígena, comenzada tiempo después del anuncio, los descendientes plantearon en las reuniones sus serias dudas sobre cómo iba a ser administrado el parque y acerca de las severas limitaciones de uso que significaría para los propios pueblos aborígenes y habitantes de la región.

En su visión, el parque quedaría en manos de un grupo extranjero, indicaron representantes de la comunidad kawésqar a Infobae.

“El parque iba a convertirse en un lugar estratégico para los Tompkins porque podía conectarse con los otros parques que administran. Eso no nos parecía adecuado”, dijo Juan González Álvarez, representante legal de la Comunidad Indígena Kawésqar Ancón, a este medio.

Frente a esta oposición, el 14 de julio la ministra de Medio Ambiente, Maisa Rojas, resolvió revocar, a través de la Resolución 04763 del Ministerio que preside, la Consulta Indígena, que en este caso es condicionante. Sin consulta, no puede concretarse el parque.

Los Tompkins pretendían crear un área protegida para su preservación de unas 90.000 hectáreas, en la Península de Brunswick, al sur de Punta Arenas, ubicada sobre terrenos fiscales y privados donados por el grupo económico internacional GEI. Pero esto solo bajo la condición de que se convierta en Parque Nacional. Una herramienta de doble filo, puesto que sella la chance de habitar o de utilizar, incluso de manera sostenible, cualquier iniciativa de desarrollo.

Desde la Fundación Rewilding no se han emitido declaraciones al respecto, pero en Magallanes aseguran que la creación del parque quedará en el aire, al menos por ahora.

El Cabo Froward es el punto más austral del continente. Se encuentra cubierto en un 48% por bosques subantárticos de coihue de Magallanes, canelo y ciprés de las Guaitecas, y en un 11% por turberas milenarias. También alberga una población de huemules y cauquén colorado, especies en peligro de extinción, ha explicado la propia Fundación Rewilding.

Magallanes es una región extrema, conocida por su geografía y clima intenso, y en los últimos 20 años logró un sorprendente salto económico. Su índice de pobreza se ubica en el 3,4% (unas 6000 personas), y a pesar de que su población es de apenas de unos 180.000 habitantes, exporta por USD 1200 millones (principalmente salmones, trucha, metanol, pesca, carne y lana) y recibe otros USD 400 millones por el turismo internacional.

Los sureños se han habituado a un estilo de vida confortable, en líneas generales, que se sostiene con una fuerte impronta de la industria, los servicios y el turismo, muy al estilo de los países nórdicos. Más del 60% de su territorio está protegido, lo cual limita numerosas actividades de desarrollo, se quejan en el sur diversos emprendedores. Existen proyectos para alcanzar el 90%, una idea que viene siendo enfrentada por organizaciones, empresas y legisladores.

En el último año, la convocatoria del gobierno a la Consulta Indígena por la administración de Cabo Froward sufrió diversos tropiezos. En este marco también fueron convocados representantes del pueblo Mapuche Huilliche, más propio de la zona de la isla Chiloé, que queda a 1400 kilómetros.

Esto fue rechazado por los representantes Kawésqar mediante una carta enviada a la autoridad correspondiente. A su vez, las comunidades Kawésqar se negaron de plano a la propuesta de crear un Parque Nacional, y cuestionaron la figura legal fijada para su conservación por los Tompkins.

Los pueblos locales argumentaron que la declaración de Parque Nacional impide las actividades productivas y hasta afectaría las oportunidades que brinda el turismo.

En cambio, propusieron la creación de un área de Conservación Indígena, de acuerdo a la nueva ley 21.600 SBAP. Un área de estas características deja la administración o al menos la coordinación de ciertos aspectos del sector a las familias descendientes de kawésqar. La autoridad ambiental no aceptó la nueva figura, argumentando que se trataba de una donación condicionada a que se haga un Parque.

“Aquí lo que sucedió es que la Fundación Rewilding no acepta que los kawésqar tengan el control del área, lo quieren tener ellos a través del Parque Froward”, dice una voz en Magallanes que conoce el tema en profundidad. La polémica está desatada.

Así las cosas, la ministra Rojas optó por cerrar el proceso de Consulta Indígena, con lo que deja en vilo el futuro el cuestionado proyecto.

En marzo de 2024, la ambientalista estadounidense Kristine Tompkin y el presidente Gabriel Boric habían anunciado a coro la donación de 93.492 hectáreas para la creación de un Parque Nacional en la región de Magallanes.

El avance de los Tompkins en el sur de Chile y Argentina ha provocado numerosos reclamos entre las comunidades indígenas, grupos empresarios y vecinos. Es bien conocido que el empresario fue promotor de un ambientalismo extremo hasta su muerte.

Según denunció, el diputado Miguel Angel Calisto por Aysén, algunos grupos campesinos debieron abandonar el campo en esa región y mudarse a la ciudad después que Tompkins adquirió sus tierras. El millonario, cuentan empresarios chilenos, nunca alentó la producción de animales ni la intervención humana en sus campos.

“Nuestro equipo, junto a Tompkins Conservation, se ha dedicado a impulsar el Rewilding como estrategia de conservación integral en la Ruta de los Parques de la Patagonia, a través de la creación de parques nacionales, la restauración de los ecosistemas y el manejo activo con especies amenazadas”, indica el grupo en su página oficial.

Los Tompkins, junto al dueño de Patagonia INC., Yvon Chouinard; la familia Rockefeller, a través de sus ONG Oceana; y Greenpeace, entre otros grupos de poder, han influido fuertemente en la política nacional chilena en materia de conservacionismo (desde Sebastián Piñera a Gabriel Boric, pasando por Michelle Bachelet) para convertir todo el sur del país en un parque.

Hasta el momento, los Tompkins crearon en Chile 7 parques nacionales, 3 parques nacionales expandidos, lo que se traduce en 4,5 millones de hectáreas protegidas.